El gobierno del Presidente Iván Duque se está estrenando en medio de una muy especial coyuntura económica y social, que toca al país en general y al sector agropecuario en particular.
Empezando por este último, la caía de los precios internacionales del café (por debajo de un dólar), tiene en ascuas a 25 millones de familias productoras que viven del grano en el mundo, de las cuales más de 500 mil son colombianas. Frente a tan delicada situación, atribuida a la intervención especulativa de algunos fondos de inversión, resultan más que explicables los llamados que la Federación Nacional de Cafeteros les hace Gobierno Nacional y a la industria mundial en el sentido de que se tomen las providencias necesarias y vuelva así la calma a los mercados.
El segundo sector que ocupa la atención en estos momentos es el arrocero, amenazado por una superproducción, un mercado a la baja y una insuficiente infraestructura de almacenamiento, a lo cual se suma la imposibilidad de exportar a sus dos mercados más cercanos, Ecuador y Perú, cerrados más por razones proteccionistas. Esta compleja realidad constituye un desafío para el nuevo titular de la cartera de Agricultura, Doctor Andrés Valencia, quien ha dicho que Colombia debe buscar la manera de colocar el grano en mercados internacionales, entre los cuales figuran, por supuesto, los dos países mencionados, y ha manifestado que el gobierno se encuentra estudiando la posibilidad de entregarles a los arroceros un subsidio para almacenamiento por valor de $30.000 millones en lo que resta del año. El Señor Ministro ha hablado también de la urgencia de buscarle una solución estructural al sector para ordenar la producción, lo cual comprende la construcción de distritos de riego.
La reforma tributaria, de la que aún no se conocen mayores detalles, tiene expectantes a los sectores productivos y a los colombianos en general. En cuanto hace al sector agropecuario, resulta de la mayor importancia que se preserve el régimen de exentos para algunos productos de la canasta familiar, el cual ha sido factor decisivo en el desarrollo de las más importantes industrias pecuarias del país, y ha probado ser un efectivo instrumento para favorecer especialmente a las clases de menores recursos, en la medida en que actúa a manera de dique de contención al encarecimiento del costo de vida. La devolución del IVA a los costos de ciertos insumos necesarios para la producción de carne bovina, pollo, huevos, leche, queso, pescado y cerdo, es pues, un insustituible instrumento en la lucha contra la inflación.
Otro asunto que ha comenzado a ganar peso dentro de la agitada coyuntura nacional es el proyecto de ley por medio del cual se busca incrementar el salario mínimo, iniciativa que ha sido recibida por varios sectores como una oportunidad para abrir el debate sobre el poder adquisitivo de este, justo cuando a los colombianos se nos está preparando para una nueva reforma tributaria. El presidente Duque, de quien constitucionalmente depende que la idea prospere, tiene la palabra.
En el ámbito legislativo igualmente preocupa que dos proyectos de ley de incuestionable calado social para el país, continúen esperando la atención de Congreso de la República, que ya superó el primer mes de la presente legislatura. Nos referimos la Ley de Tierras y a la ley que busca la formalización y dignificación del trabajo rural.
Por supuesto que la lista de hechos que están saludando el comienzo de la administración Duque es más larga, pero estos cinco son una muestra de la complejidad de una coyuntura que pone a prueba al gobierno en las primeras de cambio.
