Editorial: El Gobierno viola el derecho a la libertad de asociación que protege la Constitución

En esta edición de la Revista Nacional de Agricultura, hemos decidido dedicar nuestro editorial a la Resolución 052 de 2025, dada su relevancia para el sector agropecuario y el debate que ha suscitado en torno a la autonomía e independencia de las asociaciones y gremios: 

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) manifiesta su profunda preocupación y rechazo a la expedición de la Resolución 052 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que reglamenta las funciones de inspección, vigilancia y control sobre asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales.

Con la expedición de esta resolución el Ministerio va más allá de lo que le permite hacer la Constitución y la ley, al incluir sanciones y medidas que solo pueden ser definidas por el Congreso. Esta extralimitación administrativa abre la puerta a decisiones arbitrarias que le permitirán al Ministerio ordenar la modificación de estatutos, suspender la personería jurídica e, incluso, llegar a cancelarla, remover representantes legales o designar administradores temporales.

Esta medida vulnera el derecho fundamental a la libertad de asociación, al permitir una intervención indebida en la autonomía de las asociaciones, en contravía de los artículos 38 y 39 de la Constitución y de tratados internacionales. La resolución además de desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es contraria a la Ley 2219 de 2022, que en su artículo 7 prohíbe al Ministerio intervenir en asuntos autónomos e internos de las asociaciones.

La SAC considera que las facultades otorgadas al Ministerio con esta resolución vulneran el ejercicio de la libertad de asociación de los productores, situación que podría replicarse en otros sectores, afectando el equilibrio institucional en Colombia.

Exigimos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que modifique la resolución 052 de 2025 y que ejerza sus funciones en el marco de la Ley y de la Constitución y que en cumplimiento de esta última respete, proteja y garantice los derechos fundamentales de quienes libremente deciden asociarse.

Desde la SAC rechazamos esta medida que afecta el funcionamiento de asociaciones que han trabajado durante décadas para fortalecer el sector agropecuario colombiano. Por ello, acudiremos a las instancias judiciales para salvaguardar la institucionalidad gremial, las garantías constitucionales y la estabilidad del sector agropecuario.