[Editorial] Vuelve y juega

Hace exactamente cuatro años, en marzo de 2022, alertábamos desde esta misma editorial sobre la enorme incertidumbre mundial desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y su inminente impacto en el mercado internacional de fertilizantes e insumos. Hoy, cuatro años después enfrentamos una situación similar como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, el cierre del estrecho de Ormuz, y el impacto que luego de más de un mes, ya se siente en el mercado de fertilizantes a nivel mundial. Sin duda alguna Colombia no está exenta de sentir el impacto de esta desafortunada situación.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 30% del total de fertilizantes que necesita el planeta y aproximadamente el 45% de la urea que se consume globalmente. Cifras que son lo suficientemente relevantes para entender que lo que ocurra en esa región tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria de todo el planeta. Al momento de escribir estas líneas y desde que Irán decidió cerrar el estrecho, el precio de la urea a nivel internacional ha crecido cerca de un 50% llevando su cotización a niveles que no se veían desde que Rusia decidió invadir a Ucrania hace ya cuatro años.

Tal y como ocurrió en su momento, este incremento en el precio internacional de la urea vuelve a prender las alarmas en nuestro país. Colombia importa al año más de 2.4 millones de toneladas de fertilizantes, de las cuales cerca del 28% corresponden a la urea. Y si bien más del 56% de las importaciones de este producto provienen de Rusia, China y Trinidad y Tobago, y solo el 5% viene desde Omán, el incremento en el precio internacional no respeta origen y por eso ya empieza a sentirse en Colombia la presión que la situación con Irán tiene en el mercado nacional de insumos agrícolas.

Soluciones a la vista en materia diplomática no hay; recursos para apoyar a los productores a través del FAIA son poco probables y siempre escasos, así que la situación hacia adelante bien compleja puede llegar a ser. Y si a esto le sumamos el dato de una reducción de la población ocupada en el campo de más de 363 mil personas entre febrero de 2025 y febrero de 2026, y la reducción de ingresos de los productores de sectores tan relevantes como el arroz, la papa y la mayoría de las proteínas de origen animal, la situación para lo que queda del año resulta bastante preocupante. 

Qué pensarán quienes les encanta salir a decir que el crecimiento del sector agropecuario es una maravilla,  cuando no ven el tamaño del problema que hoy enfrentan algunos sectores que son cruciales para la seguridad alimentaria del país, que tuvieron tasas de crecimiento importantes, y que hoy atraviesan por un momento complejo. Y en cierre de gobierno y con la olla raspada, ¿dónde van a estar los apoyos que necesitará el agro para hacerle frente a esta nueva coyuntura?

Para terminar, imposible no hacer alguna mención sobre el proceso electoral. Las consultas del pasado 8 de marzo marcan el camino para la primera vuelta presidencial que se desarrollará en un escenario de alta polarización, una desafortunada abstención y tres formulas presidenciales, de pronto cuatro, que según las encuestas definirán el futuro de Colombia por los próximos cuatro años.

El nuevo Congreso, con cambios significativos para algunas colectividades, enfrentará a partir del 20 de julio un enorme desafío independiente de quien gane la Presidencia. Claro, igual hasta el 20 de junio legislará el Congreso actual y tendrá la enorme responsabilidad de decidir sobre el futuro de las garantías judiciales que tenemos los colombianos y particularmente aquellos que tienen relación con la ruralidad colombiana a propósito de la posible discusión y votación de la Jurisdicción Agraria. 

El Gobierno continuará intentando que los ciudadanos pierdan las garantías judiciales relacionadas con procesos agrarios, mientras dice defender el Acuerdo de Paz y el Decreto Ley 902 de 2017 por medio del cual se ordena que son los jueces los únicos competentes para decidir sobre este tipo de procesos. Esperamos que el Congreso actual proteja estas garantías que hoy tienen los ciudadanos y no permita que el atropello que pretende materializar el Gobierno se convierta en una terrible realidad.

Para el periodo 2026-2030 los desafíos que le esperan a este nuevo Congreso son mayúsculos y la Sociedad de Agricultores de Colombia y sus afiliados hemos construido una hoja de ruta clara, consignada en el documento «43 caminos para cumplirle al campo» en el que establecemos los mínimos esenciales que deben tramitarse como políticas de Estado: la garantía de la seguridad física y jurídica, una inversión real y robusta en bienes públicos como las vías terciarias, el impulso a la producción sostenible, el diseño e implementación de buenas políticas económicas de acceso a crédito y aseguramiento, y el empoderamiento definitivo de las mujeres en la ruralidad, solo por mencionar algunas de ellas.

Si logramos consolidar, de una vez por todas, una verdadera Bancada Agropecuaria en el Senado y la Cámara de Representantes, seguramente muchas de estas propuestas serán una realidad. El desarrollo de nuestra ruralidad y la seguridad alimentaria de más de 50 millones de colombianos pasan ineludiblemente por las leyes y los debates de control político que se den en el legislativo.

Y si a la Presidencia de la República llega alguien que tenga un verdadero compromiso con estos 43 caminos, sin duda alguna el futuro será alentador.

Por esto y muchas razones más ¡Vota campo, cosecha futuro!

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente SAC
@jebedoya