Revista Nacional de Agricultura
Edición 1050 – Agosto 2024
Por: María Camila Murcia, asesora económica SAC
El pasado 29 de julio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) radicó en el Congreso de la República su propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025 que será de $523 billones de los cuales $324 billones se destinarán para funcionamiento, $112,6 billones para el servicio de la deuda y $82,5 billones son para inversión (un 4,6% del PIB).
Si bien el presupuesto total se incrementa en un 3,9%, la inversión tiene un recorte del 17,4% frente a la apropiación vigente de 2024 [1] (que incluye el decreto de aplazamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
Para la cartera de agricultura y desarrollo rural la asignación asciende a $5 billones. Esto implica una reducción presupuestal de $4,2 billones respecto de la apropiación inicial de la vigencia y de $3,5 billones frente a la apropiación vigente (incluyendo el decreto de aplazamiento). En ambos casos la variación negativa es de más del 45%. El recorte se da principalmente vía inversión, con un 46% menos de recursos frente a las apropiaciones vigentes ($3,4 billones menos).
Para el 2025 se asignan $4,1 billones para la inversión del sector agricultura y desarrollo rural, esto representa tan sólo el 5% de la inversión total para el país. Según el proyecto de ley, este monto será capaz de cubrir temas tan gruesos como:
- Los programas de democratización de la tierra fértil y el agua, relacionados con la formalización, adjudicación y regularización de la propiedad rural;
- El presupuesto para la ACFC, el aumento de la productividad sostenible para la consolidación de la soberanía alimentaria y la materialización del potencial productivo;
- La política de catastro multipropósito y la adaptación a la variabilidad climática.
Aunque en menor medida, el funcionamiento del sector también se contrae en $45.851 millones si se compara con la apropiación después del aplazamiento y en casi $240 mil millones frente al presupuesto inicialmente asignado a la vigencia, esto implica variaciones del -5% y del -25%, respectivamente. Para el otro año se tendría poco más de un billón para el funcionamiento de las entidades del sector.
Recortes por entidades
De lejos, la disminución más representativa es para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyos recursos de inversión se reducen en $3,21 billones, es decir, se reduce un 67% frente a la asignación vigente (de casi $4,8 billones) [2]. El recorte de la ANT equivale a casi el 70% del total del presupuesto que tendría el sector el próximo año. A pesar de esto, la entidad recibiría casi diez mil millones más para los gastos de funcionamiento de la entidad.
Le siguen en magnitud: la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con un recorte de $187 mil millones para la inversión, un 22% menos frente a presupuesto vigente de la entidad; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con casi $109 mil millones menos para los programas de inversión de la entidad y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), con una disminución de casi $65mil millones para este rubro.
Propuesta PGN 2025 sector agropecuario (cifras en millones de pesos COP):
Recortes para inversión:
- Para la ANT, el recorte más importante tiene que ver con el programa de inversión de ordenamiento social y uso productivo del territorio, con una reducción de más de tres billones para el próximo año. Esto genera dudas sobre los avances requeridos para la Reforma Rural Integral.
- Para la ADR, la reducción principal se da para el programa de inclusión productiva de los pequeños productores con $165 mil millones menos frente a los recursos apropiados a la fecha (contracción del 30%). También se reduce en $24 mil millones, el presupuesto de infraestructura productiva y comercialización.
- Para el MADR, la caída más importante va para el rubro de servicios financieros y gestión del riesgo para el agro, con $116 mil millones menos que impactarán directamente la bolsa para los subsidios a tasa de interés y otros incentivos del SNCA, así como la disponibilidad para los temas de aseguramiento y mitigación y gestión del riesgo. Esto implica un retroceso en la política de financiamiento sectorial y puede afectar de manera transversal al sector. También se disminuye en $56mil millones el presupuesto para infraestructura productiva y comercialización.
Propuesta PGN 2025 para inversión en el sector agropecuario (cifras en millones de pesos COP):
Fuente: Ley 2342 de 2023 y PL PGN 2025. Elaboración SAC.
- Aunque en menor magnitud, en la propuesta del Gobierno también caen los recursos para la inversión de la AUNAP relacionados con la sanidad e inocuidad agroalimentaria y la apropiación de tecnología e innovación para el sector.
- Lo mismo ocurre con el ICA, que no tiene un recorte importante pero sí una redistribución de recursos de inversión pues salen $12.588 millones del programa de sanidad agropecuaria e inocuidad agropecuaria y se adicionan $12 mil millones al fortalecimiento de la gestión y desarrollo del sector.
- La URT es la única con una variación positiva en la asignación de inversión propuesta para el 2025, con casi $90 mil millones más, destinados al programa de restitución de tierra a víctimas del conflicto.
Transversal para el sector agropecuario:
Desde otro punto de vista, es importante analizar las asignaciones propuestas a otros sectores que tienen injerencia directa en el desarrollo de las políticas rurales:
El INVIAS, por ejemplo, tuvo esta vigencia $4,32 billones para inversión, de los cuales $1,46 billones son para el programa de infraestructura y red vial regional. Para el 2025, sólo $464.629 se destinan para el programa de infraestructura de red vial regional, esto implica un recorte del 71% y un billón menos para atender la construcción e intervención de vías rurales.
El trámite de discusiones y debates deberá empezar antes del 15 de septiembre con límite hasta el 20 de octubre, fecha después de la cual será sancionada la ley.
[1] Apropiación al 30 de junio de 2024. Incluye el aplazamiento de los $20 billones definido por el MHCP
[2] Se toma el recorte respecto de la asignación inicial de la vigencia 2024.
