Hicieron lo correcto

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Desde 2017, la SAC y sus afiliados hemos insistido ante el Gobierno y el Congreso de la República, sobre la importancia de crear un régimen especial para los trabajadores rurales que permita combatir la altísima tasa de informalidad laboral del campo que es del 84%.

A lo largo de estos siete años, entregamos al Ejecutivo y al Legislativo propuestas específicas en materia laboral y de seguridad social que reconocen las características de las actividades agropecuarias, su temporalidad, y contribuyen a la formalización laboral rural y a garantizar los derechos de los trabajadores.

Para las elecciones presidenciales del 2022 publicamos un documento titulado “El campo le habla al próximo Presidente: 3 recetas para desarrollar por fin el campo colombiano” , dentro del que establecimos como una de las prioridades “la dignificación y formalización laboral rural a través de los ajustes normativos que promuevan esquemas de contratación laboral que se adecuen a la estacionalidad y dinámicas diferenciadas de las actividades productivas del sector rural, a la par que generen esquemas de garantía y cobertura a la seguridad social, la protección de riesgos laborales y protección de la vejez”.

Fue la SAC la que propuso a quien ganara las elecciones un proyecto de ley que contenía la creación del Contrato de trabajo agropecuario que atiende las necesidades propias de la actividad agropecuaria estacional, y el pago del Jornal Rural Integral a través del cual se cubre y liquidan todas las prestaciones sociales.

Una vez el gobierno del presidente Petro anunció la reforma laboral, el 17 de febrero de 2023, enviamos comunicación a la ministra de trabajo con la propuesta de articulado que contenía las garantías para un contrato especial de trabajo, la inclusión del empleado agropecuario en el sistema de seguridad social integral en pensiones, salud y riesgos laborales, y una propuesta sobre el beneficio de caja de compensación. Fuimos claros en que era determinante que las reformas pensional y laboral dialogaran entre sí, para que el trabajador agropecuario contara con una protección laboral coherente con sus derechos a la seguridad social.

Nuestra propuesta de nueve artículos consistía en crear el contrato agropecuario, que comprendía actividades permanentes, transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas; también, se contempló que, si se realizaban este tipo de actividades en ámbitos rurales en toda la cadena de producción primaria y de transformación, se entendería que se trataba de un contrato agropecuario.

Además, definimos la actividad agropecuaria, puntualizamos la identificación de quienes serían empleadores agropecuarios, propusimos la posibilidad de pactar el salario en función del tiempo efectivamente laborado, por obra o tarea y a destajo, respetando siempre el salario mínimo legal y dejando claro que la determinación del pago por hora, día o semana sería en proporción con el salario mínimo legal.

La creación del jornal rural para remunerar el trabajo agropecuario se diseñó como una forma de pago que incluía la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del contrato laboral. Las vacaciones se liquidarían de la forma prevista en el Código, así como la indemnización por despido sin justa causa. Las prestaciones sociales se calcularían con base en la prestación efectiva de las labores; el valor del trabajo suplementario no estaba incluido en el jornal, la modalidad requería de pacto expreso y escrito por las partes, y el factor prestacional no sería inferior al 30% del salario mínimo diario legal vigente. También realizamos propuestas concretas en materia de pensiones, salud, riesgos laborales para que los trabajadores que están en la informalidad pudieran acceder a estos derechos.

El 16 de marzo de 2023, el Gobierno radicó su proyecto de reforma y desechó nuestra propuesta de poder remunerar por el tiempo efectivamente laborado, así como las normas especiales que se habían propuesto en materia de salud, pensiones y riesgos laborales. También estableció una exclusión de algunas actividades propias del sector para el uso del contrato agropecuario, como el empaque, reempaque y trasporte e incluyó la prohibición a la agroindustria para hacer uso de esta figura.

El 8 y 26 de mayo de 2023, enviamos dos comunicaciones a la Comisión VII de la Cámara de Representantes formulando proposiciones al articulado y participamos en las audiencias públicas, reafirmando nuestra postura.  El 20 de junio de 2023 la iniciativa del Gobierno fue archivada por no haber tenido primer debate y para el 24 de agosto de 2023 el Gobierno radicó un nuevo texto.

El 7 de diciembre de 2023, enviamos proposiciones al texto de la ponencia para primer debate del proyecto. El Gobierno mantuvo su posición frente al contrato agropecuario; insistimos en que se requería ajustar el articulado en cuanto a la definición de actividad agropecuaria, eliminar la prohibición de usar el contrato para la agroindustria y permitir el uso del contrato a las empresas de servicios temporales. Reiteramos la necesidad de incluir en el artículo del contrato agropecuario el pago en consideración al tiempo trabajado, a la obra realizada o por destajo, dejando claro que ese pago sería calculado siempre en relación con el salario mínimo. También insistimos en nuestras propuestas en materia de pensiones, salud y riesgos laborales.

Para segundo debate en la plenaria de la Cámara, el gobierno mantuvo la exclusión de normas que permitía el pago por el tiempo efectivamente laborado, impidió adecuar las cotizaciones a seguridad social integral a la realidad de las labores que se contratan en el campo y mantuvo la prohibición de “empresa agroindustrial” para usar el contrato agropecuario. La postura del Gobierno impedía que se tuvieran herramientas para combatir la altísima tasa de informalidad laboral rural. Como lo dijimos en audiencia pública en el Congreso: Terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad.

Impedir la contratación por el tiempo efectivamente laborado desconoce la naturaleza de diferentes actividades rurales y el hecho que un trabajador puede prestar sus servicios para varios empleadores, incluso, en un mismo día.

Con la propuesta de la SAC, a manera de ejemplo, el trabajador que desarrolla sus actividades 3 horas en una finca y 3 horas en otra podría tener tantos contratos como empleadores, con un pago que nunca sería inferior al salario mínimo, calculado en función al tiempo laborado y que también garantizaba el pago de su prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de transporte y las vacaciones.

La propuesta del Gobierno imponía al empleador la obligación de pagar todo un día a un trabajador a pesar de haber laborado, por ejemplo, solo 3 horas, lo cual además de carecer de cualquier lógica, lo único que lograría es perpetuar en la informalidad laboral a los trabajadores que realizan varias labores con más de un empleador en una misma jornada.  

Así las cosas, de ser aprobado el texto que venía para segundo debate, estos trabajadores no tendrían acceso a prima de servicios, cesantías, auxilio de transporte, vacaciones, al ahorro para su vejez, reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad, paternidad, y al cubrimiento de sus riesgos laborales. 

La negativa del Gobierno de ajustar el articulado para que este respondiera a la verdadera necesidad de combatir la informalidad laboral rural dejó sin opciones a los Representantes a la Cámara.  

En buena hora 82 de ellos, conociendo las implicaciones negativas para los trabajadores y productores, rechazaron la propuesta que traía el Gobierno.

¡Hicieron lo correcto!

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente SAC
@jebedoya