Revista Nacional de Agricultura
Edición 1054 – Diciembre 2024
Por: María Camila Murcia
Asesora económica de la SAC
A menos de 15 días de que se acabe el año, el Gobierno Petro no ha expedido el Presupuesto General de la Nación – PGN 2025. Si bien el decreto debe salir a más tardar el 30 de diciembre, el tiempo es corto y el monto anunciado tendría un déficit de casi 12 billones después de que el proyecto de Reforma Tributaria se hundió en las Comisiones Económicas.
Este hecho genera incertidumbre sobre la disponibilidad de un presupuesto suficiente para el desarrollo e implementación de las políticas del sector. De acuerdo con la presentación del Departamento Nacional de Planeación – DNP, en la sesión de aprobación del monto del PGN 2025, el pasado 11 de septiembre, en un escenario de reducción de la inversión por $12 billones (como el que estamos enfrentando hoy), se afectaría el presupuesto de inversión de 26 de los 31 sectores, que corresponde a 81 de 163 entidades del PGN.
Bajo este escenario “Se comprometería la priorización del gasto social, que dirige la inversión pública hacia temas fundamentales como el derecho humano a la alimentación, el acceso a la educación para la niñez y la juventud, el cuidado de la primera infancia y el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, agua y saneamiento, en sectores como: Agricultura ($4,1 billones), Salud ($2,1 billones), Educación ($8 billones), Inclusión ($7,9 billones), Igualdad (incluyendo entidades como el ICBF) ($10 billones), y Vivienda ($4,2 billones), entre otros.»[1] (subrayado fuera de texto)
Con esta coyuntura, el Gobierno tendrá que volver a estimar cómo será la distribución de recursos para el próximo año y priorizar los programas a ejecutar, al menos, mientras consigue el monto que estaría faltando, poniendo en entredicho la implementación de políticas que hacían parte de la columna vertebral del plan de gobierno y que tienen incidencia directa sobre el desarrollo del campo colombiano, como ocurre con la Reforma Rural Integral.
En efecto, el proyecto radicado inicialmente destinaba $5 billones para agricultura y desarrollo rural. Considerando esa asignación, la reducción presupuestal sería de $4,3 billones respecto de la apropiación vigente.
El recorte sería principalmente vía inversión, con un 49% de recursos menos frente a las apropiaciones vigentes ($3,9 billones menos). Se asignarían $4,1 billones para la inversión del sector agricultura y desarrollo rural, esto representa tan sólo el 5% de la inversión total para el país. Con este monto tendrían que cubrirse temas tan gruesos como: los programas de democratización de la tierra fértil y el agua, relacionados con la formalización, adjudicación y regularización de la propiedad rural; el presupuesto para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC, el aumento de la productividad sostenible para la consolidación de la soberanía alimentaria y la materialización del potencial productivo; así como para la política de catastro multipropósito y la adaptación a la variabilidad climática.
Aunque en menor medida, en la propuesta inicial, el funcionamiento del sector también se contrae en $396 mil millones frente al presupuesto vigente del año, esto implica una caída del 31%. Para el otro año se tendría un billón largo para el funcionamiento.
De lejos, la disminución más representativa sería para la Agencia de Tierras, cuyos recursos de inversión se reducen en $3,37 billones, un 68% menos frente a la asignación vigente (de casi $4,9 billones). Este recorte es casi el 70% del total del presupuesto que tendría el sector el próximo año. A pesar de esto, la entidad recibiría casi diez mil millones más para los gastos de funcionamiento de la entidad.
Le siguen en magnitud: la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, con un recorte de $238 mil millones para la inversión, un 27% menos frente a presupuesto vigente de la entidad; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, con casi $248 mil millones menos para los programas de inversión de la entidad y la AUNAP, con una disminución de casi $76 mil millones menos para este rubro.
Proyecto radicado inicialmente para el presupuesto sector agro (cifras en millones de pesos COP):
Fuente: observatorio de seguimiento presupuesto MADR [2] con corte al 9 de diciembre y PL PGN 2025. Elaboración propia.
*Se toma el presupuesto radicado inicialmente por el gobierno para el 2025.
Además de la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para el otro año, se suma la preocupación sobre el lento ritmo de ejecución presupuestal de la cartera agro para esta vigencia. Según los datos del visor de seguimiento al presupuesto del sector agropecuario del MADR, al 9 de diciembre, de los casi $9,3 billones que tiene el sector, los compromisos llegan al 70,9%, con $6,6 billones comprometidos, y las obligaciones al 30%, con $2,8 billones obligados [3].
Con menos de 20 días para ejecutar los recursos destinados a los programas de inversión del sector, de los $8 billones de inversión se han comprometido $5,8 billones, es decir el 72% y se han obligado $2,1 billones, el 26% del total del presupuesto de inversión.
La Agencia Nacional de Tierras ANT, que tuvo los mayores recursos de inversión este año, con $4,9 billones, tiene pendiente por comprometer más de un billón y medio de pesos y sólo tiene obligaciones a la fecha por $780 mil millones (el 16% del total del presupuesto). La agencia acumuló más de la mitad de toda la apropiación de inversión del sector este año.
De manera particular, el programa de fortalecimiento a la reforma agraria y a la Reforma Rural Integral, que hace parte de los temas principales del gobierno Petro y cuenta con $3,9 billones para este año, tiene pendiente un saldo de más de un billón y medio por comprometer, con compromisos del 67%, y obligaciones de menos del 10%.
Lo mismo ocurre con el MADR, que de los $1,3 billones de inversión asignados para esta vigencia, tiene pendiente por comprometer $350 mil millones, con compromisos del 73,3% a la fecha y obligaciones del 27%. Y con la ADR, que a esta altura tiene más de $200 mil millones sin comprometer.
El campo requiere de políticas de fomento que sean sostenibles en el tiempo y que permitan desarrollar el aparato productivo, incrementar la competitividad de los productores y mejorar su bienestar. Por ello, es necesario que se dispongan los recursos suficientes y se garantice una gestión eficiente de los mismos por parte de las entidades del sector.
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[1] DNP – PPT Aprobación del monto PGN 2025 – Componente Inversión. Septiembre 11 de 2024. Diapositiva 12.
[3] Recordemos que con las obligaciones llega realmente la aceptación por parte del Estado de la deuda concreta.
