¿Se está promoviendo la inversión agrícola en Colombia?
En el planteamiento de una Política Agraria de Estado eficaz y consecuente, he insistido, en los últimos meses, en un mensaje que queremos que quede claro: es necesario reconocer el papel del empresario del sector agropecuario y promover la inversión en el agro colombiano. Esto solo se logra si hay acceso a bienes públicos, seguridad y estabilidad jurídica, una tributación que invite a la inversión, una política comercial justa y que no genere distorsiones en el mercado y prácticas sostenibles con el medio ambiente.
Por: Rafael Mejía López
Edición 969, Revista Nacional de Agricultura
En el planteamiento de una Política Agraria de Estado eficaz y consecuente, he insistido, en los últimos meses, en un mensaje que queremos que quede claro: es necesario reconocer el papel del empresario del sector agropecuario y promover la inversión en el agro colombiano. Esto solo se logra si hay acceso a bienes públicos, seguridad y estabilidad jurídica, una tributación que invite a la inversión, una política comercial justa y que no genere distorsiones en el mercado y prácticas sostenibles con el medio ambiente.
La experiencia, especialmente del último año, ha demostrado que estos puntos serán fundamentales, si se quiere promover al sector como generador de ingresos y promotor de prácticas y programas que brinden oportunidades para la población rural. Esta equivale a aproximadamente 13 millones de personas, y el agro es su principal actividad económica.
Se aproxima el fin del conflicto del cual nuestro sector es el escenario, y en un país como Colombia, las oportunidades son todas: hay tierra, fuentes hídricas, personas con talento y capacidades. Pero lamentablemente, ha faltado Estado, una política que aproveche las fortalezas e incline la balanza de los TLC a nuestro favor, pues como lo indican las cifras, las exportaciones se mantienen congeladas en toneladas, productos y destinos.
Para lograrlo, hemos sugerido -como lo han subrayado de nuevo algunas de las recomendaciones de la OCDE- enfocar las políticas en el acceso y uso productivo de las tierras, adecuarlas con infraestructura hídrica: distritos de riego, drenaje, reservorios; dotar el país de vías cundarias (municipales) y terciarias (departamentales);contar con políticas de largo plazo en Asistencia Técnica Integral, que contemple la investigación e innovación y se sustente en los importantes avances que han logrado los gremios de la producción.
Estas tareas le corresponderán en buena medida a la nueva institucionalidad rural, que nace de nueve decretos firmados por el presidente de la República, Juan Manuel Santos –derivados de algunos de los resultados de la Misión para la Transformación del Campo-, donde se liquida el Incoder y se crean las Agencias Nacional de Tierras, ANT, y de Desarrollo Rural, ADR.
Esperamos la pronta puesta en marcha de estos brazos de ejecución de política pública –ya fortalecidos- para dinamizar la actividad agropecuaria, que urge con o sin posconflicto.
La SAC ha insistido en establecer una política comercial que beneficie a este sector y que se le dé un tratamiento especial. Hay que darle al empresario del agro las herramientas que le permitan mantenerse y vender sus productos a un precio justo, rentable y competitivo, con la calidad y cantidad que le exija la demanda local e internacional.
En ese sentido, el gremio de gremios ha rechazado la medida que ha adoptado el gobierno de reducir los aranceles a 0% para la importación de productos agrícolas y agropecuarios. No es una medida que pone precisamente el campo como prioridad nacional, tampoco al consumidor final en términos inflacionarios; mientras tal decisión sí pone en riesgo políticas públicas como Colombia Siembra, porque ni se sustituyen importaciones –en las cuales sumamos 11,4 millones de toneladas en 2015, casi el 30 por ciento de lo que nos comemos-, no promueve las exportaciones y deja a un lado la idea de garantizar la seguridad alimentaria ¿Quién va a querer apoyar la siembra de un millón de hectáreas, si se sigue importando
y no se protege al productor local?
Otro tema que está en el debate público es el tributario. La Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria ha presentado sus propuestas para realizar una Reforma Estructural. La SAC comparte la concepción del estímulo a la inversión que se propone, pero considera necesario la adopción de medidas especiales que reconozcan la realidad agrícola y que dinamicen el crecimiento del sector y del campo colombiano. Hay que recordar que, más que grandes empresas, la agricultura es un negocio de personas naturales y hay que estimular a estos inversionistas en la vía de transformarlos en empresarios.
Creemos que el campo, que ha sido escenario histórico de violencia, merece para el logro y consolidación de la paz, contar con seguridad jurídica y personal. Para lograrlo, se debe dotar de oportunidades a quienes retornan a sus tierras y a quienes ya están para que se queden, pues tenemos sueños por cumplir, después de décadas de tanto dolor y desarraigo.
