Comunidades indígenas ocupan cerca del 29 % del territorio del Cauca
Cuentan con 189.703 hectáreas legalizadas y tienen solicitudes sobre 690.000 más, señala la ANT.
Fuente: El Tiempo
Fecha: Octubre 14 de 2020
Movilizaciones de la Minga Indígena, como la ocurrida esta semana, llaman la atención sobre la situación de esta población en departamentos como el Cauca, que tienen una alta participación de comunidades que se autorreconocen indígenas y que mantienen reclamos, algunos de vieja data, por la titulación de territorios.
El último censo poblacional del Dane (2018) señala que esta zona del país cuenta con 308.455 personas pertenecientes a grupos étnicos, 24,1 por ciento más que en el 2005, cuando se reportaron 248.532.
En estos momentos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene 94 solicitudes de pretensión territorial hechas por resguardos indígenas, y siete para territorios ancestrales de Resguardos Indígenas Coloniales. Una vez prosperen estas pretensiones, se sumarán a los terrenos con los que ya cuentan en el departamento.
De acuerdo con la ANT, el Cauca está conformado por 3’059.900 hectáreas de terreno; de ese total, 879.797 (el 28,7 por ciento) están ocupadas por comunidades indígenas, pero solo 189.703 están debidamente tituladas y legalizadas.
Con respecto a las 690.000 restantes, la Agencia señala que del Fondo de Tierras creado por el Proceso de Paz para entregar terrenos a campesinos e indígenas, hay 12.070 hectáreas dispuestas en este departamento, que deben pasar por un proceso de caracterización, identificación y formalización, para ser legalizadas.
Cabe aclarar que si bien los resguardos están pidiendo que esos terrenos les sean entregados en su totalidad, muchos de ellos están ocupados por campesinos que los recibirán formalmente, en caso de cumplir con los requisitos.
Las otras 677.930 hectáreas también están siendo pedidas por resguardos indígenas, incluso desde hace varias décadas. La ANT está haciendo una revisión cuidadosa de procesos de este tipo en el departamento y en el resto del país, con miras a destrabarlos y tomar decisiones sobre ellos.
La tarea no es sencilla. Para empezar, muchos de los reclamos están atados a compromisos hechos hace mucho tiempo, que ya no es fácil cumplir.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), señala que infortunadamente las vías de hecho han conducido a que los gobiernos cedan a pretensiones de grupos de presión y a que en algunos casos hagan compromisos que rebasan sus periodos, “de modo que la administración que llega, hereda los incumplimientos”.
La afectación de terceros (comunidades negras y campesinas y planes de ordenamiento territorial de los municipios, entre otros), se suman a los factores que hacen compleja la tarea de legalización.
Juan Camilo Cabezas, director de Asuntos Étnicos de la ANT, explica que cuando se lleva a cabo un proceso de este tipo, “se debe garantizar la no violación de los derechos de terceros; además, si hay que hacer una compra se puede incurrir en demoras de entre seis y siete meses”.
A lo anterior se suman las dificultades de acceso a algunas zonas para hacer verificaciones sobre el terreno e incluso la necesidad de dirimir conflictos y hasta ocupaciones indebidas.
Bedoya insiste en que ha faltado racionalidad en las exigencias que hacen algunas comunidades indígenas y errores estratégicos de los gobiernos al aceptarlas. “Los demandantes quedan felices, pero son los contribuyentes con sus impuestos y el Estado los que quedamos con la obligación de cubrir todo eso”.
Por eso el presidente de la SAC está convencido de la necesidad de que se haga seguimiento a las tierras y recursos que se les entregan y han entregado: “Eso lo pagamos los contribuyentes, por eso es justo establecer en qué han invertido los dineros y cómo todo eso ha repercutido en beneficios reales para sus comunidades”, insiste.
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