Revista Nacional de Agricultura
Edición 1037 – Junio 2023

Los más de veinte sectores del agro que hacen parte de la SAC han manifestado en nuestra Junta Directiva su creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas rurales, carreteras e inclusive lugares de comercialización de los alimentos de los colombianos.

Trabajadores agropecuarios, cultivadores, productores pecuarios, transportadores de insumos y alimentos y comercializadores se han visto afectados por diferentes tipos de criminalidad sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado.

Es lamentable ver lo que ha ocurrido en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Cuatro trabajadores de la agroindustria de la caña han sido asesinados en lo corrido del 2023, ocho han resultado heridos con arma de fuego y una persona estuvo secuestrada. También se han reportado 59 casos de hurto, 16 bloqueos en las vías de esa región y uso de explosivos que atentan contra la vida de colaboradores de este sector. En el Valle del Cauca preocupante también ver la extorsión en el comercio de productos avícolas en cabeceras municipales.

A lo anterior hay que sumarle las invasiones de tierras que desde 2014 suman más de 5.000 hectáreas ocupadas ilegal y violentamente y que han significado a su vez la pérdida de unos 6.000 empleos en el sector agropecuario de esa región.

En Huila, el sector piscícola ha enfrentado robos en la represa de Betania y violencia contra trabajadores de emprendimientos pisícolas. En esta zona, donde se ubica el mayor cultivo de tilapia del país, según Fedeacua, los delincuentes llegaron a robarse cientos de kilos de pescado y desafortunadamente la reacción de las autoridades fue tardía e insuficiente.  

Desde el sector arrocero, en regiones como el Bajo Cauca, Meta, Tolima, Huila, Casanare, Córdoba y Cesar, siguen las denuncias por delitos como la extorsión, boleteo, robo de vehículos o maquinaria, secuestro y microtráfico. Los agricultores están siendo incluso intimidados para que paguen por hectárea cultivada o por el uso de cosechadoras.

La agroindustria bananera también se ve afectada por el aumento en el hurto de insumos agrícolas, herramientas, equipos, racimos sin cosechar y fruta de exportación, así como la contaminación de carga. En el sector de la palma extorsiones, robo de fruto de palma, aceite y maquinaria, e intimidación a productores por parte de grupos armados, son algunas de las manifestaciones criminales que han afetado al sector en Norte de Santander, Sur de Bolívar, Córdoba y Tumaco.

Y claro, no se pueden dejar de mencionar los bloqueos a las carreteras que desafortunadamente se están convirtiendo en un mecanismo constante y efectivo de presión al Gobierno. Para nuestros productores y transportadores además de la incertidumbre y sensación de inseguridad, estos bloqueos generan sobrecostos, daño de productos e incumplimiento con compradores por solo mencionar algunos de ellos.

Es importante resaltar que los Gobernadores de muchos departamentos de nuestro país con vocación agropecuaria también han manifestado su preocupación por el deterioro de la seguridad.

Como se lo hemos manifestado al ministro de Defensa en varias oportunidades, la gente tiene miedo. En el campo se reclama la presencia efectiva de la fuerza pública, las operaciones ofensivas contra los criminales y la efectividad de la rama judicial.

Si no hay seguridad en el territorio, se puede afectar la seguridad alimentaria del país. El problema de inseguridad no da espera.

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente SAC
@jebedoya