A propósito del papel de los gremios, ¿quién representa a quién?

Por: Rafael Mejía López

Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.

La existencia de los gremios es una expresión manifiesta de los máximos postulados en un Estado social de derecho, o uno de los valores en la democracia moderna, la materialización del derecho de asociación y la autonomía de la voluntad de los ciudadanos.

No cabe duda que en Colombia, como en los demás países de mundo, se requiere contar con unos gremios fortalecidos, serios y autónomos de la intervención del Estado, gremios que defiendan los legítimos intereses de los sectores a los que representan, en el marco del respeto de la Constitución y la ley y que además promuevan medidas o acciones que permitan el pleno desarrollo de las actividades productivas que se representan.

La actividad gremial, ha tenido que responder, de un lado, a las modificaciones de política de los diferentes gobiernos que se sobreponen a las sectoriales. Por otro, al deterioro del sector agropecuario, inducido en buena parte por dichas políticas, lo que naturalmente ha llevado a replantear sus relaciones con el gobierno, pero también a los retos sociales, y económicos en la medida en que la inestabilidad rural genera problemas sensibles para la actividad agropecuaria.

Lo que está claro es que los gremios son articuladores de los productores con el Estado, de ninguna manera están para evitar paros. Eso le corresponde al Estado consolidando una política para el sector con nuestro concurso. Es indudable que el campo necesita de un resurgimiento del espíritu empresarial, de un marco jurídico adecuado y los estímulos económicos necesarios que lo promuevan.

Con acertada visión, quienes promovieron la creación de la SAC, dejaron expresado en sus estatutos y en su trasegar, la importante misión de la SAC de ser representante y vocero de los productores del agro sin distinción alguna, de tamaño, sector o cualquier otra característica particular.

De esta manera la SAC reconoce que ha llegado el momento de acelerar el espíritu empresarial, donde caben pequeños, medianos y grandes productores, y lograr el consenso de la opinión pública para revitalizar la actividad productiva del agro y de este modo cumplir su función esencial de generar bienestar para quienes habitan en el campo colombiano.

Este reto que enfrenta la actual generación empresarial y política requiere de la puesta en marcha de una Política Agraria de Estado sustentada en una adecuada rentabilidad económica y social para asegurar un flujo sostenido de inversión privada y conocimientos tecnológicos que le otorguen  competitividad y liderazgo a la economía nacional.

Desde 1871, año que fue fundada, la SAC ha ejercido una importante labor tanto en la difusión de conocimientos técnicos, científicos y de innovación relacionados con la agricultura, como en la incipiente formulación de políticas agropecuarias, gestión que también se ve desarrollada en cada una de las organizaciones gremiales que aportan al desarrollo.

La SAC  ha sabido continuar en sus diversos periodos no solamente en su interés por el gremio agropecuario, sino también en  la búsqueda del acceso a los mecanismos de la política. No en vano hoy agrupa a 47 gremios, entidades y cooperativas de forma organizada. Los mismos que han servido al país como una fuerza de cohesión para enfrentarse a las nuevas concepciones del orden social.

Desde hace 141 años, la SAC viene ejerciendo una clara autonomía e independencia no solo con el Estado, sino también con respecto a intereses particulares que pueden ser afrontados por otras instancias organizativas. Esta autonomía y relativa distancia de la SAC con respecto a intereses inmediatos, le ha permitido actuar con autoridad y equilibro en sus pronunciamientos. Ello exige una entidad sólida desde el punto de vista institucional, técnico y financiero.

La existencia de la SAC y el alcance de su acción se fundamentan en la confianza y apoyo de los productores del agro por intermedio de los gremios y afiliados. Ello constituye su razón de ser, su principio y su fin. Lo que resulta paradójico, es que mientras en Colombia algunos sectores pretenden atacar la institucionalidad, en otras latitudes se toma como referente de desarrollo.

El desarrollo institucional del sector privado, tanto en organizaciones gremiales como en federaciones y confederaciones, debe ser protegido por la sociedad en su conjunto como otro bien público inherente al Estado social de derecho, más aun cuando trascienden de los intereses particulares para darle relevancia a los intereses generales del país.