Balance Tercer Año del Congreso de la República

Durante la última legislatura del Congreso (2024 – 2025), el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido una trayectoria legislativa marcada por contrastes. El primer periodo inició con varios proyectos que fueron archivados y otros con escaso avance, ya en el cierre, dos de las tres reformas sociales anunciadas por el presidente en su campaña lograron ser aprobadas por el Congreso de la República: laboral y pensional.

La reforma laboral logró ser aprobada, el texto definitivo incluyó varios elementos de la propuesta inicial. Como ha sostenido la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), con el texto que finalmente fue convertido en ley, se perdió una oportunidad histórica para establecer una regulación del trabajo agropecuario con reglas claras y especiales que atiendan a la realidad del campo. También se perdió la posibilidad de contribuir a la disminución de la altísima cifra de informalidad rural que aún supera el 83%

Por su parte, la Reforma Pensional, pese a que fue aprobada por el Congreso de la República en la legislatura del 2024, actualmente se encuentra demandada ante la Corte Constitucional, corporación que en el marco de su análisis, la regresó al Congreso para que se sanearan algunos vicios señalados por la Corte. No obstante, el alto tribunal constitucional aún no ha iniciado su revisión de fondo, por lo que estaremos muy pendientes de lo que se resuelva.

En cuanto al balance de los proyectos de ley promovidos por el Gobierno Nacional, la siguiente gráfica ilustra que de 20 que fueron radicados, 8 continúan en trámite, 9 se encuentran archivados y 3 se han convertido en leyes de la República.

En términos agregados, que comprenden los últimos tres años de Gobierno, la siguiente gráfica muestra el total de los proyectos de iniciativa gubernamental, con corte a 31 de junio de 2025. Se trata de 69 proyectos radicados que se distribuyen de la siguiente manera:

*En la gráfica se excluyen los proyectos sobre tratados internacionales.

Reforma Laboral: La discusión central del periodo legislativo

Desde el inicio, el trámite de la reforma laboral estuvo rodeado de tensiones. Uno de los momentos más significativos fue la utilización del mecanismo de apelación contemplado en la Ley 5ª  de 1992 (reglamento del congreso). Aunque es un recurso legítimo, su uso generó un precedente complejo: se abre la puerta para que, ante un archivo legislativo, se reactive el trámite a través de la apelación como una herramienta política. 

Finalmente, y con el tiempo en contra, la reforma laboral se aprobó en la plenaria del Senado. El Gobierno logró mayorías en esta votación clave, aprobando los siguientes aspectos:

• Jornada nocturna entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m.
• Recargo del 100% domingos y festivos.
• Contrato de trabajo a término indefinido como la principal forma de contratación.
• Contratos de aprendizaje con carácter laboral y con todas las prestaciones.
• Formalización de los trabajadores de plataformas digitales de reparto.

Como se anotó previamente, la reforma no contemplo medidas concretas para resolver el problema de la informalidad laboral en el sector agropecuario. Pese a las recomendaciones y propuestas de la SAC, el texto enuncia únicamente la posibilidad de radicar de manera posterior un proyecto de ley que debe ser producto del diálogo con el sector productivo. Genera curiosidad tal redacción en la medida en que la SAC siempre insistió en el diálogo y el consenso para lograr un articulado con el cual formalizar el trabajo agropecuario y atender a las necesidades reales de regulación que se requieren en la ruralidad.

Jurisdicción agraria

El proyecto de jurisdicción agraria cuenta con mensaje de urgencia desde el periodo legislativo anterior.  Recientemente fueron radicadas dos ponencias para la discusión que se dará en las plenarias de Cámara y Senado [1];  no obstante su discusión fue pospuesta para la próxima legislatura.

En esta materia, tal como lo expusimos el pasado 17 de junio en nuestra comunicación enviada a los Honorables Congresistas Ponentes de la iniciativa, en la cual expusimos la posición de la SAC de la siguiente manera:

“Valoramos el esfuerzo de los congresistas en la elaboración de esta ponencia, así como su disposición para acoger los aportes de diversos actores, con el propósito de construir normas que brinden seguridad jurídica para el desarrollo campo y que aseguren el derecho a la propiedad privada con pleno respeto de los atributos, garantías y obligaciones consagrados en nuestra Constitución Política.

Sin embargo, luego de nuestro análisis técnico y de cara a los dos debates pendientes sobre esta iniciativa, reiteramos que el texto aún genera la enorme preocupación de impedir a los jueces y magistrados rurales y agrarios decidir sobre varios de los asuntos sobre la propiedad de la tierra. Por ello, con el fin de garantizar que este proyecto no desconozca las garantías judiciales que hoy tienen los colombianos, insistiremos en que los procesos agrarios de: (i) recuperación de baldíos, (ii) reversión de baldíos adjudicados, (iii) revocatoria de la adjudicación, (iv) caducidad administrativa (v) condición resolutoria del subsidio, (vi) clarificación de la propiedad, y (vii) deslinde de tierras de la Nación, sin excepción, sean de conocimiento de los tribunales agrarios y rurales (…)”

Es clave reiterar que quitarles competencias a los jueces y dárselas a la Agencia Nacional de Tierras implica profundos riesgos en materia de derecho de defensa y debido proceso, pero además va en contravía del espíritu del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, que señaló la necesidad de crear una jurisdicción agraria justamente para resolver asuntos relacionados con la propiedad, la posesión y la ocupación de la tierra en el campo.

Hay que recordar que, en desarrollo de ese Acuerdo, fue expedido el Decreto Ley 902 de 2017 que en su artículo 58, dispuso como garantía, que todos los procesos agrarios deben ser resueltos por un Juez, situación que se modificaría sin justificación si el artículo 9no del proyecto se aprueba tal como está redactado. Desde la SAC seguiremos muy pendientes del avance de esta iniciativa legislativa, en la que aún son necesarios ajustes que mantengan las garantías judiciales que hoy tienen los ciudadanos.

Otros proyectos de interés

Durante la legislatura 2024 – 2025, se le hizo seguimiento legislativo a 160 iniciativas. De estas, 18 fueron aprobadas por el Congreso. Por ahora, 49 continúan su trámite legislativo. Finalmente, 93 proyectos en seguimiento fueron archivados o retirados, como se muestra a continuación: 

Lo que viene para la legislatura 2025- 2026 

El gobierno insistirá en una agenda robusta. En el mes de octubre se radicaría una nueva propuesta de reforma tributaria, igualmente se tramitaría una la Ley de Competencias en desarrollo del Acto Legislativo 03 de 2024, a través del cual se realizó una completa modificación del sistema de competencias territoriales entre la Nación, el proyecto de Ley de Presupuesto General entre otras reformas relevantes.

Desde la SAC identificamos también que de origen parlamentario, continúan en trámite varios proyectos legislativos de interés transversal para el país y para el sector agropecuario, por lo que seguiremos realizando un ejercicio riguroso de análisis, propuestas e intervenciones en audiencias públicas.

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[1] 11 de junio de 2025 Ponencia mayoritaria.

[2] 17 de junio de 2025 Ponencia alternativa.