Entre enero y noviembre de 2015 (acumulado de 11 meses de 2015), las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales de Colombia acumularon cerca de 10.6 millones de toneladas por valor de 5.369 millones de dólares, lo que significó un aumento de 9,9% en volumen y una caída 6.4% en el valor respecto al mismo período del año anterior, siendo esta la cifra de crecimiento más alta en los últimos nueve años.
Se destaca la compra de cereales que totalizó los 6.5 millones de toneladas, 9% más que las reportadas un año atrás, principalmente de maíz para el que se registró un total de 4.4 millones de toneladas con un aumento del 16%, seguido de lejos por el trigo que alcanzó 1.5 millones de toneladas con un descenso de 11.3%.
Así mismo, se destacan los aumentos en las compras de frijol soya (39,6%), torta de soya (15,6%), arroz (264%), aceite de palma (26,3%) y leche (20,3%).
Estos resultados hacen evidente la dependencia que ha venido desarrollando el país en materia de importación de productos agropecuarios y agroindustriales, resultado de la falta de una política agraria de estado que brinde las condiciones necesarias para potenciar la inversión y el crecimiento de la producción agropecuaria.
En un país como Colombia, que tiene una amplia disponibilidad de tierras aptas para la agricultura, no se puede poner en riesgo su seguridad alimentaria, como ha venido ocurriendo e incrementándose en los últimos años.
Por eso, el sector privado representado en la SAC, tiene la esperanza de que con el anunciado Plan Colombia Siembra, que cuenta, según el Ministerio de Agricultura con 1.6 billones de pesos, el país pueda sustituir en el corto plazo parte de los 10 millones de toneladas de alimentos y materias primas agropecuarias que hoy importa, con la posibilidad de exportar, y está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno en esta iniciativa.
Lo que sí preocupa es que desde el lanzamiento del Programa, en octubre del año pasado, no se han presentado acciones concretas para su desarrollo, teniendo en cuenta que el periodo de ejecución va de 2016 a 2018.
Documento elaborado por Estudios Económicos de la SAC.
