Entramos en la última parte del año en medio de dos procesos que serán definitivos para la economía colombiana y en particular para los productores del campo durante el 2019. El trámite de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República y la concertación del salario mínimo en el marco de la Comisión de Concertación integrada por el Gobierno, los representantes de los empleadores y las centrales obreras.
En cuanto a la Ley de Financiamiento, luego del pronunciamiento de la Junta Directiva de la SAC en materia del IVA a la alimentación de los colombianos, se abrieron una serie de espacios ante la opinión pública nacional y se celebró una reunión, en el marco del Consejo Gremial Nacional, con el Presidente de la República y su equipo económico. De la misma forma, el Congreso de la República convocó una audiencia pública en la que la SAC y muchos de sus gremios afiliados, en cabeza de sus respectivos presidentes, compartieron con los ponentes de la Ley y el Congreso en general las principales preocupaciones sobre el IVA a los alimentos y los insumos para la producción agropecuaria. Sin duda alguna fue un ejercicio de cohesión y consistencia sectorial, que facilitó el entendimiento sobre las preocupaciones que en materia tributaria tienen los productores de alimentos del país.
Como consecuencia de estos espacios y tras una ardua discusión entre el Gobierno y los ponentes de la Ley, se llegó al acuerdo, reflejado en la ponencia para primer debate, de NO modificar la situación para los alimentos de todos los colombianos, es decir, mantener el régimen de “exentos” y “excluidos” como está en la actualidad. Si bien, desde la SAC propusimos extender el régimen de “exentos” a los demás sectores de producción de alimentos que hoy se encuentran excluidos, como herramienta de formalización de las actividades económicas y sin tener afectación para los consumidores, el Gobierno y el Congreso tomaron el camino mencionado.
Al momento de escribir estas líneas, se iniciaba el primer debate en el Congreso de la República. Confiamos, pero estaremos atentos, que se mantenga la postura plasmada en la ponencia para primer debate. En todo caso, hemos solicitado al Ministro de Hacienda y al Ministro de Agricultura que se corrijan algunos aspectos, que confiamos son errores involuntarios a la hora de la redacción de la ponencia, como el hecho de gravar con IVA la asistencia técnica a los productores del campo, la trilla y el secamiento de productos agrícolas, la selección, clasificación y empaque de productos agropecuarios, entre otros. Sin duda alguna, los senadores y representantes que vienen de zonas rurales serán sensibles a esta preocupación.
En cuanto a la negociación de salario mínimo, este proceso incia dentro de la coyuntura política generada por la Ley de Financiamiento, cifras que llaman la atención en materia de productividad laboral, iniciativas legislativas en materia de prima para la canasta familiar, y la que busca contrinuir a la formalización y dignificación del trabajador rural. Confiamos en que se logre una concertación tripartita y que el incremento final de salario mínimo contribuya a proteger el bolsillo de nuestros consumidores y, por supuesto, a dinamizar el empleo formal rural.
