Editorial: Los bloqueos y la cultura del chantaje

El pasado 30 de agosto el Gobierno Nacional expidió las resoluciones que harían realidad el tan anunciado incremento del precio del ACPM y que entraría en vigor al día siguiente. Un anuncio enmarcado en el malestar de transportadores de carga y con la sombra de un inminente paro, que al final desencadenaría en cuatro días de bloqueos a las vías, que fueron suficientes para violar el derecho a la educación, al trabajo, a la movilidad y a la normal alimentación de millones de colombianos, además de seguir normalizando la cultura del chantaje que representan los bloqueos a las carreteras de nuestro país.

El gobierno terminó cediendo afanado a las pretensiones de los transportadores de carga que bloquearon las carreteras del país, mediante un acuerdo de 15 puntos que anunciaron el viernes 06 de septiembre. Más allá de lo acordado en materia del alza del ACPM, la regulación y la convocatoria a mesas de trabajo, no puede pasar de agache el primer punto del acuerdo que dice textualmente:

“Solicitar ante las autoridades que corresponda, el archivo de los procesos penales y la cancelación de las sanciones administrativas y/o contravencionales que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del derecho legítimo a la protesta”.

Así las cosas, los responsables de vulnerar los derechos de millones de colombianos no solamente salieron premiados con sus pretensiones económicas y de discusión de política pública, sino que también lograron total impunidad frente a los procesos penales que debieron haber sido llevados hasta el final por las autoridades competentes. Así cualquiera levanta un paro y sus bloqueos rápidamente.

Como fue conocido por el país, las afectaciones de los bloqueos de la primera semana de septiembre le pegaron por igual a productores y consumidores de alimentos. Animales muertos en los camiones que quedaron atrapados en los bloqueos, miles de cajas de perecederos que no llegaron a tiempo a los puertos de exportación, miles de toneladas de frutas, hortalizas, pollo, cerdo y millones de huevos que no llegaron normalmente a varias ciudades del país, miles de litros de leche derramada diariamente por no haber sido recogida oportunamente, e incrementos generalizados en los precios de los alimentos en plazas mayoristas que en algunos casos fueron superiores al 115% y la reducción del abastecimiento de comida en algunas ciudades fue superior al 23%.

¿Quién le responde a los consumidores y a los productores de comida por sus afectaciones? Como siempre en los bloqueos, NADIE.

Según datos de COLFECAR, gremio de empresas transportadoras que, bien valga decirlo, de manera clara rechazó los bloqueos a las carreteras de la primera semana de septiembre, desde enero de 2023 se han presentado cerca de 1,200 bloqueos en carreteras colombianas.

Uno de los corredores viales más importante del país, la Panamericana, en lo corrido del año ha sufrido más de 42 bloqueos. Los habitantes del departamento de Nariño y parte del Cauca terminan prácticamente confinados y, desafortunadamente, se está volviendo costumbre ver como los precios de los alimentos en la plaza de Potrerillo suben cada que hay bloqueo y nuestros productores de plátano, leche, papa y otros productos de ese departamento tienen que asumir las pérdidas que generan quienes bloquean esta importante vía.

Es lamentable que en Colombia los bloqueos se volvieron costumbre y parte del paisaje; tal vez lo peor es que, al final, nadie le responde a los afectados y mucho menos responden ante la justicia quienes los organizan y materializan. Dirán algunos que eso hace parte del derecho legítimo a la protesta, pero la protesta de la que habla nuestra constitución en su artículo 37 debe ser pacífica, y los bloqueos y la vulneración de derechos nada tienen de pacíficos.

El país no puede olvidar lo que ocurrió en mayo de 2021; más de 3 mil bloqueos a las carreteras del país dejaron como consecuencia la vulneración de los derechos de los ciudadanos a movilizarse, comer y trabajar, y también dejaron una huella indeleble: ¡5.3% de inflación de alimentos en un solo mes! Comparen esta cifra con la de la variación anual de la inflación de alimentos a agosto de 2024, que según el DANE fue de 3.38% y saquen sus propias conclusiones.

Esta vagabundería de los bloqueos se tiene que acabar. Los bloqueos vulneran el derecho al trabajo, a la educación, a la movilidad y a la alimentación y claro tienen un impacto en la inflación. Ninguna inconformidad de la ciudadanía debe ser excusa para vulnerar los derechos de los demás.

Pero los hechos, lamentablemente, son tozudos y en Colombia, con los bloqueos, se está incubando la cultura del chantaje y de la impunidad. Así es muy difícil avanzar.

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente SAC
@jebedoya