[Editorial] Última legislatura

El pasado 20 de julio inició el último periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República en medio de un ambiente político convulsionado, con el Gobierno entrando en su último año de gestión, con campañas políticas para elección de senado y cámara calentando motores, y con la inminente carrera por la Presidencia de la República que ya cuenta con más de 20 precandidatos. Será un periodo decisivo en el que se discutirán diferentes iniciativas legislativas que tendrán serios impactos en el futuro del sector agropecuario.

La discusión de la jurisdicción agraria seguramente llegará a su fin y será sometida a votación en las plenarias de Senado y Cámara. Como lo hemos advertido en este espacio y en las diferentes reuniones con Congresistas y sus equipos técnicos, así como en las audiencias públicas a las que fuimos invitados y a través de los medios de comunicación, el texto presentado por el Gobierno y aprobado en comisiones, a pesar de algunos ajustes impulsados por integrantes de varios partidos políticos, representa una grave amenaza para la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en Colombia, va en contravía del respeto por el acuerdo de paz que el mismo gobierno dice respaldar y es totalmente inconsistente con el propósito de crear una justicia rural.

El simple hecho de eliminar de un solo tajo las garantías judiciales a la mayoría de los procesos agrarios que el proceso de paz garantizó a través del Decreto Ley 902 del 2017 y dejar la labor de investigación y decisión de fondo sobre ellos en manos de la Agencia Nacional de Tierras es una clara afrenta contra la misma justicia rural que se pretende crear y contra la seguridad jurídica de los habitantes de la ruralidad.

Con la aprobación de la reforma laboral también quedó sobre la mesa la obligación para que el estado formule una política pública de apoyo al trabajo agropecuario y para que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta reforma el Gobierno lleve al Congreso un proyecto de ley que regule el contrato agropecuario y el jornal agropecuario. Según la misma reforma aprobada por el Congreso, ese proyecto de ley deberá ser resultado de un proceso de consulta y diálogo con todos los sectores agropecuarios del país.

Es pertinente recordar que han sido los gremios del sector agropecuario los que desde hace más de 8 años han propuesto fórmulas técnicas para contribuir a la lucha contra esa gravísima enfermedad que es la tasa de informalidad laboral rural. Desafortunadamente los famosos acuerdos nacionales que el Gobierno pregonó desde su inicio nunca los buscó y desperdició una gran oportunidad de llevar al Congreso un texto que contribuyera a resolver esta vergonzosa tasa de informalidad del 83% que tiene el campo colombiano.

Afortunadamente tanto las plenarias de la Cámara de Representantes como del Senado negaron los textos que llevaron el ejecutivo y algunos de sus copartidarios y que lo único que habrían logrado, de ser aprobados, era empeorar la situación del mercado laboral rural.

Estaremos atentos a los llamados que la Ley ordenó y continuaremos proponiendo herramientas técnicas que contribuyan a resolver los problemas de informalidad laboral rural. Ojalá el Gobierno entienda el problema y tenga el ánimo de luchar contra la informalidad laboral.  No olvidemos que de 22 millones de ocupados que tiene nuestro país (en zonas urbanas y rurales), más de 13 millones de compatriotas están en total informalidad laboral, y el Gobierno con la reforma que llevó al Congreso nunca pensó en ellos a pesar de todo lo que les insistimos en los diferentes espacios en los que participamos.

Finalmente, este último periodo legislativo también viene con al menos siete iniciativas que buscan crear o modificar la parafiscalidad agropecuaria de nuestro país, al tiempo que el Ministerio de Agricultura publica para comentarios borradores de decretos con los que pretende modificar reglas de juego para la administración de estos recursos.

La parafiscalidad agropecuaria administrada por los gremios más representativos de los sectores de la producción que generan dichas contribuciones, es tal vez una de las herramientas más exitosas para la competitividad del sector agropecuario y además cuenta con la permanente vigilancia y control por parte de la Contraloría General de la República y en las juntas de los fondos tiene asiento el Gobierno Nacional.

Bienvenidos los debates y confiamos en que se abran todos los espacios tanto en la rama ejecutiva como legislativa para que de manera democrática y técnica se aborden todos estos asuntos de los cuales depende en gran medida el futuro de quienes producen la comida de los colombianos.

Y a propósito de esto último estaremos atentos a la reforma tributaria que se supone presentará el Gobierno Nacional particularmente en materia de IVA.

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente SAC
@jebedoya