El fin del ataque y el inicio de la esperanza

Al momento de escribir estas líneas terminaba el Gobierno de Gustavo Petro e iniciaban los cuatro años del presidente Abelardo de la Espriella. Indiscutiblemente, un giro de 180 grados no solo en el estilo de gobernar, sino también en las prioridades de política pública, que generan una enorme expectativa en el sector agropecuario y sus instituciones.

Expectativas que se sustentan no solo en las promesas de campaña del hoy Presidente de la República y en sus palabras durante el discurso de posesión, sino también en muchas de las acciones y decisiones que en su momento tomó el expresidente Gustavo Petro y que fueron objeto de total rechazo por parte de nuestro sector, no solo por la forma, sino por el contenido de las mismas.

Como lo hemos explicado en este espacio y en esta revista a lo largo de los últimos cuatro años, fueron muchas las decisiones de la anterior administración que, además de ir en contravía de la Constitución Política de nuestro país y de sentencias de la Corte Constitucional, también dejaron en evidencia el carácter estigmatizador del entonces Gobierno Nacional.

El artículo 39 de nuestra Constitución establece claramente que “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”. Asimismo, en las sentencias C-865 de 2004, C-471 de 2020 y T-421 de 2022, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la libertad de asociación implica que las asociaciones tienen la posibilidad de decidir cómo van a funcionar y administrarse, escoger a sus miembros y tomar decisiones sobre sus actividades, sin que el Estado o cualquier otra persona interfieran u obstaculicen esas decisiones.

En el periodo 2022-2026, gremios de la producción, algunos de sus dirigentes y, en general, el empresariado fueron estigmatizados, inclusive por el mismo jefe del Estado, quien nunca representó —en los términos que establece la Constitución— la unidad nacional. También, a través de decisiones de algunos de sus ministros, se pretendió socavar la institucionalidad gremial que protege nuestra Constitución.

Recordarán nuestros lectores la expedición y el debate generado alrededor de la Resolución 000052 de 2025, en materia de inspección, vigilancia y control, que luego tuvieron que derogar; el Decreto 1222 de 2025, sobre juntas directivas de los fondos parafiscales; y la Circular 01 de 2026, que limita derechos políticos. Todas estas normas fueron demandadas ante el Consejo de Estado.

El fin de estos ataques por parte del anterior Gobierno se hizo realidad el 7 de agosto con la posesión del presidente De la Espriella.

El nuevo jefe de Estado, en su discurso de posesión, envió mensajes claros que renovaron la esperanza de millones de colombianos y dieron tranquilidad institucional luego de lo ocurrido en los últimos cuatro años.

Además de sus mensajes en materia de seguridad, sus palabras en torno al diálogo institucional bajo el escrutinio de los colombianos en su relación con el Legislativo, el respeto por la independencia de cada una de las ramas del poder público, el respeto por todas las reglas de la democracia, la colaboración armónica y el ánimo de convocar a todos los compatriotas resonaron a lo largo y ancho de la ruralidad colombiana.

Y, en materia de nuestro campo, su consideración de nuestra actividad como una de las mayores reservas morales y productivas de la patria y su compromiso con la prosperidad de la ruralidad son, sin duda, parte de una voz de aliento y el inicio de la esperanza para un trabajo mancomunado que permita que el campo se levante y renazca así una parte esencial de nuestra Colombia.

Iniciamos así un nuevo cuatrienio, listos para trabajar por el bienestar de nuestros productores, con propuestas, argumentos, respeto, independencia y teniendo claro que las decisiones las toman las diferentes ramas del poder público.

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente
Sociedad de Agricultores de Colombia