Revista Nacional de Agricultura
Edición 1073 – Septiembre 2026
El sector agropecuario enfrenta una coyuntura tremendamente compleja y retadora, que exigirá un trabajo articulado entre el Gobierno, el Congreso, los gremios, las gobernaciones y las alcaldías para mitigar los impactos y encontrar soluciones frente a, por lo menos, seis asuntos que afectan directamente a nuestros productores: el fenómeno de El Niño, la tasa de cambio, los aranceles del 12,5 % en Estados Unidos, las tasas de interés, los altos costos de producción, derivados especialmente del incremento del 23 % del salario mínimo, y el déficit fiscal heredado de la anterior administración.
En materia climática, los productores de alimentos han hecho todos los esfuerzos, de acuerdo con sus posibilidades económicas, para prepararse y enfrentar el llamado «super niño», que, según los pronósticos oficiales, tanto nacionales como internacionales, podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027. En la pasada reunión de la Junta Directiva de la SAC contamos con la participación del director del IDEAM y de su equipo estratégico, quienes compartieron con nosotros información detallada que nos obliga a redoblar esfuerzos frente al posible impacto de este fenómeno.
Dependiendo de las afectaciones sobre la productividad, las posibles pérdidas de cultivos o la muerte de animales y, por supuesto, la duración, intensidad y zonas de mayor impacto del fenómeno, podremos determinar la magnitud de los efectos de El Niño sobre nuestro sector y la oferta de alimentos en el país. Como lo hemos sugerido en múltiples escenarios, y con el objetivo de evitar posibles fenómenos especulativos en los canales de comercialización de alimentos, los reportes de ingreso de camiones a las plazas mayoristas del país, el seguimiento permanente a los precios de los alimentos, particularmente a los registrados por el SIPSA-DANE, y el diálogo constante con los gremios de la producción y las secretarías de Agricultura departamentales permitirán al Gobierno Nacional y a la opinión pública contar con información clara sobre lo que pueda ocurrir con los precios de los alimentos.
Asimismo, este monitoreo ayudará al Gobierno Nacional a definir el monto de los recursos necesarios para implementar las medidas que, en buena hora, ya ha venido anticipando el Ministerio de Agricultura, particularmente las relacionadas con financiamiento y aseguramiento. Sobre este último aspecto, la coyuntura de tasas de interés es bastante compleja, pues las decisiones que tuvo que tomar la Junta Directiva del Banco de la República para hacer frente a la presión inflacionaria y a la decisión unilateral del anterior Gobierno de incrementar el salario mínimo en un 23 % para 2026, nos tienen en un escenario en el que será bastante retador lograr alivios en el costo del endeudamiento para nuestros productores.
Y a propósito del salario mínimo, es importante recordar que, de los 23,6 millones de ocupados que tiene Colombia, más de la mitad se encuentran en condición de informalidad laboral, aproximadamente 2,4 millones de colombianos ganan un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y son más de 10 millones de compatriotas, ¡sí, más de diez millones!, quienes ganan menos de un salario mínimo. La decisión populista del Gobierno anterior hoy ejerce una gran presión sobre la generación de empleo formal en Colombia y condenó a más de 10 millones de colombianos a estar cada vez más lejos de lograr una mejora sustancial en sus ingresos y de acceder a un empleo formal.
Para gran parte del sector agropecuario que participa en los mercados internacionales, además de los posibles impactos del fenómeno de El Niño, las altas tasas de interés y el incremento de los costos laborales, hay que sumar los aranceles para el ingreso al mercado de Estados Unidos y el comportamiento de la tasa de cambio.
En cuanto a la primera variable, el sector está atento a las negociaciones que adelanta el ministro de Comercio con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La afinidad entre los dos gobiernos ha generado grandes expectativas y esperanzas entre nuestros exportadores. No obstante, es claro que muchas otras variables, que no están bajo el control del Gobierno colombiano, influyen en la decisión que tome el USTR. En todo caso, la meta sigue siendo el 0 %.
En materia cambiaria, enfrentamos una situación de gran complejidad, pues el comportamiento de la cotización del dólar responde a fenómenos que difícilmente pueden controlarse. Los gremios agroexportadores han planteado propuestas al Gobierno y estamos todos a la espera de decisiones frente a este complejo asunto que le resta competitividad al sector. El 10 de noviembre de 2024, la tasa de cambio se ubicó en $4.439,08 por dólar y, desde entonces, hemos entrado en un proceso de revaluación del peso, llegando incluso a niveles cercanos a los $3.000 por dólar a mediados de agosto del presente año.
Definitivamente, estamos frente a una tormenta perfecta, más aún si tenemos en cuenta el problema fiscal que dejó como herencia el Gobierno anterior. Una situación compleja que demanda un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y los gremios de la producción agropecuaria.
De nuestra parte, estamos listos.
Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente
Sociedad de Agricultores de Colombia
