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El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los próximos 4 años fue radicado el miércoles en el Congreso de la República por el presidente Iván Duque, y destina la mitad de los recursos –508 billones de pesos– a programas destinados a la equidad.

Se trata de las disposiciones relacionadas con pobreza, educación, vivienda, salud y demás elementos sociales.

En ese sentido, el plan crea un piso mínimo de protección social, que permite que las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización se puedan afiliar.

Las personas que se afilien con la modalidad de piso mínimo quedan en el régimen subsidiado de salud, en servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y un seguro inclusivo, que ampara al trabajador de los riesgos laborales.

El PND presentado apunta igualmente a que la economía retorne a crecimientos anuales del 4 por ciento, reducir la inequidad social, un revolcón para crear y fusionar divisiones y entidades y asignación de mínimo el 10 por ciento de los puestos públicos provisionales para jóvenes.

Al cabo de cuatro años, si se logran los cometidos, estos se reflejarán en alcanzar un crecimiento de 4,1 por ciento de la producción, frente al 2,6 por ciento que se estima subió la economía el año pasado, y el 3,3 por ciento previsto para el 2019.

La ley también le da seis meses de facultades extraordinarias al presidente Duque, con las cuales podría crear entidades u organismos de la Rama Ejecutiva, cambiar la adscripción de los organismos y entes del sector descentralizado, reasignar funciones y competencias, hacer ajustes presupuestales con el fin de apropiar los gastos de funcionamiento e inversión a las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas.

Y, finalmente, el mandatario tendría vía libre para simplificar o suprimir trámites innecesarios ante el Estado.

La iniciativa también busca blindar los dineros de las concesiones en caso de que estas sean terminadas anticipadamente. 

Por ello, una vez hecha la reversión del contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendría vía libre para destinar los aportes que reciba a otros contratos, a fin de garantizar la continuidad de las obras.

Combate a la pobreza

El PND muestra un cambio frente a la manera como se priorizan las zonas del país para combatir la pobreza. Mientras en gobiernos anteriores se analizaban los territorios en donde más del 70 por ciento de los habitantes están en condición de pobreza multidimensional, la prioridad ahora serán aquellos donde exista mayor pobreza extrema. Para asignar los recursos públicos a quien realmente más los necesite, el Gobierno dice que se implementarán las medidas que permitan realizar el cruce no solo del estrato, sino también de otros indicadores que midan el nivel de pobreza o de bajos recursos.

El Gobierno también asignará subsidios de arrendamiento de vivienda nueva o usada, con opción de compra, a los hogares de menores ingresos.

La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro de los servicios públicos será cubierta siempre por el usuario. “La que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa podrá tomar todas las medidas necesarias para que los usuarios las paguen”, explica el proyecto de ley.

Sin embargo, el subsidio no será superior al 40 por ciento del costo medio del suministro para el estrato 2 ni por arriba del 50 por ciento en el estrato 1.
Los subsidios del Estado se focalizarán además en Familias en Acción, Primera Infancia, Programas para el adulto mayor y Jóvenes Emprendedores.

Protección a la niñez

Entre los propósitos del PND también se plantea aumentar la inversión en la primera infancia. Así mismo, fortalecer los esfuerzos para elevar la calidad de la educación, y aumentar la cobertura de la educación superior y técnica, con más acceso de los jóvenes de las familias más pobres.

“Los niños, las niñas y los adolescentes en procesos de protección y las familias en programas de acompañamiento familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( ICBF) tendrán acceso preferente a la oferta del sector de Inclusión Social y Reconciliación, para la superación de las condiciones sociales y económicas que incidieron en la vulneración de sus derechos”, dice el proyecto del PND.
Este parte del plan recibiría 31,1 billones de pesos en los próximos cuatro años.

Economía naranja

Para acelerar el crecimiento económico, y llegar a tasas anuales de 4,1 por ciento, el PND prevé que el eje sea la demanda privada, es decir, el consumo y la inversión de hogares y empresas, acelerado por la demanda externa, que se manifiesta en más exportaciones.

Se espera que con ese impulso se avance en la diversificación de los bienes y servicios que produce el país, en la innovación tecnológica, el emprendimiento y fortalecimiento de la productividad. Con este fin viene un fomento de la economía naranja, es decir, las actividades productivas fundamentadas en la creatividad, en las que se destacan las relacionadas con la tecnología y la cultura. Así mismo, el sector naranja deberá tener fuertes encadenamientos con el turismo, la agricultura y los servicios con el fin de elevar su valor sobre el PIB.

El Gobierno Nacional prevé convertir este sector en uno de los motores para generar nuevos empleos y reducir la tasa de desempleo mínimo al 7,9 por ciento.

Facilitarán el empleo juvenil y emisión de acciones 

EL proyecto del Gobierno dedica parte del articulado al emprendimiento, los jóvenes y las pymes.

En su opinión, aunque los emprendedores contribuyen al crecimiento a través de la creación de empleo y el desarrollo de nuevos productos, tienen barreras para acceder a financiamiento y conectarse a oportunidades de crecimiento, y muchos son informales.

Las entidades públicas darían prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar, cuando adelanten modificaciones a su planta de personal, que el diez por ciento de las nuevas plazas no requieran experiencia profesional, técnica o tecnológica. Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia hasta el grado 11 y se aplicarán las equivalencias respectivas.

Los programas para el emprendimiento, la formalización y la productividad representan recursos por 23,7 billones de pesos.

Mientras que los dineros para emprendimiento, formalización y dinámica empresarial suman 10,4 billones de pesos.

El Gobierno, además, crearía ofertas de emisiones de ‘acciones naranja’, hasta por 20.000 millones de pesos, para pequeñas y medianas empresas. Para este propósito, se establecerán condiciones que faciliten el proceso de emisión. Así mismo, serán negociadas a través de un sistema autorizado por la Superintendencia Financiera, al cual concurrirán inversionistas y emisores.