¿Compromisos u obligaciones?

Antes de dejar el cargo, la ministra Jhénifer Mojica dejó un balance de ejecución que a primera vista parece positivo y así los compartió en sus redes sociales: “compromisos históricos a la fecha por $4,1 Bill equivalentes al (48%) del total de los recursos con apropiación disponible $8,5 Bill y de los cuales se han logrado obligar $1.2 Bill (15%). Tres entidades cierran el semestre en un rango alto de ejecución por encima del 70% (UPRA, MADR y URT), dos entidades en rango medio (ADR e ICA) y sólo dos entidades en rojo por debajo del 35% la ANT y la AUNAP…”, publicó la ahora exministra en su cuenta de X el 8 de julio, horas antes de que se posesionara la nueva ministra Martha Carvajalino. [1]

Pero es importante considerar algunos elementos adicionales antes revisar estos datos que corresponden realmente al cierre del primer semestre del año.

Lo primero es entender que el balance de salida se realizó con base en el nuevo monto de apropiación disponible, que según lo dispuesto en el Decreto 0766 de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aplazó el presupuesto de gastos del país en $20 billones de los cuales, un poco más de $640 mil corresponden al sector agropecuario.

Esto quiere decir que el sector contaría con $641.507 menos este año para implementar las apuestas para mejorar el desarrollo rural y agropecuario del país, esto implica que el presupuesto del sector se reduce a $8,5 billones frente a los $9,19 billones que le fueron asignados inicialmente. Esto podrá tener efectos inciertos que dependerán de si el bloqueo de recursos realmente será temporal o se volverá permanente para este año.

De manera proporcional con la distribución del presupuesto al inicio de la vigencia, el mayor aplazamiento se da para la ANT, que podría contar con $365 mil millones menos para su gestión (esto representa más de la mitad de los recursos totales aplazados); le siguen de lejos el congelamiento para el MADR, con menos de $125 mil millones (incluyendo a la UPRA) y la ADR, cuyo aplazamiento de gastos corresponde a casi $70 mil millones.

A pesar de que los aplazamientos de gasto se enfocan principalmente en los rubros de inversión, resulta preocupante que para la ANT más de la mitad del congelamiento sea para funcionamiento (con $200 mil millones). Esto deja a la entidad, hoy con los mayores recursos de inversión del sector, con el menor presupuesto de funcionamiento, sólo superado por la UPRA (entidad con una misionalidad muy distinta a la agencia). Esto podría significar que cualquier reforma estructural en la organización de la agencia para ampliar la planta de personal, que hoy opera con la mayoría de sus trabajadores por prestación de servicios, estaría desfinanciada y podría generar riesgos en la continuidad de la gestión de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla se puede observar que los valores de ejecución varían cuando el balance se hace para el presupuesto asignado antes de los aplazamientos. Esto, a pesar de que las variaciones entre la ejecución presentada con la asignación disponible antes del Decreto versus la asignación disponible hoy (incorporando el aplazamiento de gastos) son bajas de manera global y para la mayoría de las entidades, con ajustes entre 1 y 5 puntos porcentuales.

Lo segundo, y quizá más relevante para tener en cuenta sobre el balance de ejecución presupuestal del sector agricultura al cierre del primer semestre del año, tiene que ver con el estado de los recursos “ejecutados”. Si bien los compromisos evidencian un ritmo mayoritariamente alto en el uso del presupuesto sectorial, las obligaciones y por ende los pagos que se han realizado hasta la fecha, son bajos.

De manera global, las obligaciones y pagos son cercanos al 15% y de manera individual, solamente tres entidades reportan obligaciones del 30% o más: la URT, seguida por la UPRA y el ICA. La ANT, por su parte, es la entidad con el menor nivel de obligaciones (con el 7%), seguida por la AUNAP (11%).

Resulta importante entonces hacer un zoom in a la ejecución del presupuesto de inversión para evaluar los avances en la gestión de la implementación de las apuestas del Gobierno para esta vigencia. 

Tomando la apropiación después del aplazamiento, se encuentra que el nivel de obligaciones es mayor al 40% solamente para la URT, seguida por la UPRA con el 34%. El resto de las entidades reportan niveles de obligaciones cercanos al 20% o menos, con los niveles más bajos para:

• La ANT, con el 6% de obligaciones. Esto se explica por los avances en el programa de ordenamiento social y uso productivo del territorio, cuyos compromisos ascienden al 33% y las obligaciones a menos del 6%. Con el Decreto del Ministerio de Hacienda se aplazó la apropiación de $165 mil millones para el proyecto “fortalecimiento del programa de reforma agraria y RRI nacional”, que con la nueva asignación reporta obligaciones por el 3% al cierre de junio.
• La AUNAP, con el 6% de obligaciones. Esto tiene que ver con bajos niveles de ejecución del programa de inversión “Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria”, que tuvo un bloqueo de casi diez mil millones y alcanza compromisos por el 22% y obligaciones por el 5%.
• El MADR con el 16% del presupuesto de inversión obligado. Programas como el “Mejoramiento de la habitabilidad rural”, que presenta compromisos con el 9% y obligaciones del 3% (considerando el aplazamiento de $35.600 millones para su gestión) y como “Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria”, que tienen compromisos por el 72% pero obligaciones del 1%, afectan el resultado total de la entidad.

Y es que con las obligaciones se llega realmente la aceptación por parte del Estado de la deuda concreta, esto implica que una gran parte del avance en la ejecución presupuestal real dependerá de la gestión en el segundo semestre, lo cual genera incertidumbre sobre la eficiencia en el cumplimiento de las metas sectoriales, cuyos avances serán determinantes para programas transversales como la Reforma Rural Integral.

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[1] Tomado de: https://x.com/jmojicaflorez/status/1810337505792717057