Los objetivos de desarrollo económico y la generación de bienestar se encuentran estrechamente relacionados con la búsqueda de la solución del conflicto armado entre el Estado y los grupos armados ilegales. Es bien sabido que varias generaciones de colombianos han tenido que vivir en medio del conflicto, que ha afectado tanto a áreas rurales como urbanas.
Sólo si se logra el anhelado propósito de paz es posible impulsar las inversiones productivas, mejorar la cantidad y calidad de empleo, crear más oportunidades de negocios, atraer el capital y el conocimiento de otros países, reduciendo el desempleo –que ha sido señalado como tema económico prioritario– y, en fin, generar riqueza y bienestar para los habitantes del campo y, en general, para todos los colombianos.
Consideramos que la miseria y la pobreza no podrán erradicarse si persisten las acciones violentas como voladura de oleoductos, torres de energía, infraestructura vial y destrucción de poblaciones, así como secuestros, asaltos y extorsiones que no producen más que pérdidas humanas y económicas y el exilio del capital productivo y humano. Por ello, el primer requisito para alcanzar las metas en materia de bienestar económico y social, que permitan llevar la calidad de vida de los colombianos a niveles similares a los que experimentan otros países, es la suspensión inmediata de estos actos. No ha existido, no existe, ni existirá proyecto de sociedad que pueda generar progreso auténtico en medio de la guerra.
Para el sector agropecuario colombiano es muy importante que el Gobierno Nacional haya planteado, al inicio de las negociaciones, que el modelo económico no es negociable. Los elementos esenciales del modelo vigente que debemos destacar son el respeto a la propiedad privada y la actividad productiva en el marco de la economía de mercado. Bien lo ha afirmado el Señor Presidente de la República: la propiedad privada no está en discusión. A estos elementos deben ir asociados el papel del Estado como proveedor de bienes públicos, destacando dentro de estos la justicia, la seguridad física y económica, así como la generación de un entorno propicio para el bienestar de la población en diferentes ámbitos: económico, ambiental, social, político y cultural, entre otros, base de un Estado Social de Derecho.
