Revista Nacional de Agricultura
Edición 1070 – Junio 2026
Por. María José Colmenares Wolff
Asesora Económica SAC
El próximo 7 de agosto comenzará un nuevo cuatrienio gubernamental, una oportunidad para saldar algunas de las deudas que el Estado mantiene con la ruralidad y el sector agropecuario. Durante años, el sector ha demostrado una resiliencia inigualable: garantiza la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos y es un motor clave de la economía nacional, incluso cuando enfrenta importantes retos en materia de bienes públicos, una alarmante informalidad laboral y constantes amenazas a la seguridad.
El presidente electo presentó en su momento una serie de propuestas para transformar el campo colombiano. A continuación, presentamos un análisis de estas iniciativas a la luz de nuestro documento: "43 caminos para cumplirle al campo".
Productividad a toda escala y bienes públicos
Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno será la reorganización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de fortalecer la productividad, la tecnificación, la infraestructura, la formalización y la comercialización rural.
De igual manera, el Ministerio deberá asumir el mandato de atender las principales brechas identificadas por el Censo Nacional Agropecuario: reducir la pobreza rural, ampliar la bancarización de los productores, fortalecer la asistencia técnica, facilitar el acceso a maquinaria y sistemas de riego, sanear los títulos de propiedad, así como promover la vivienda rural y la construcción de caminos veredales.
Seguridad integral: autoridad y certeza jurídica
Para la SAC, la seguridad física y jurídica constituye un pilar fundamental para garantizar el desarrollo de la actividad agropecuaria. El nuevo Gobierno ha reconocido que la transformación rural será inviable mientras el campo continúe sometido al miedo y la extorsión, por lo que ha manifestado su intención de liberar las veredas de la coerción armada, garantizando que los productores puedan desarrollar su actividad sin amenazas.
En paralelo, la certeza jurídica es innegociable. El Gobierno entrante plantea un blindaje jurídico para avanzar en la formalización de la propiedad rural y brindar seguridad jurídica a las empresas, con el fin de promover el empleo rural y generar mayores oportunidades para los pequeños productores.
La tierra como motor económico
La entrega de tierras sin títulos inscritos, sin acceso al crédito y sin proyectos productivos constituye una de las principales críticas formuladas por el presidente electo. Su política se centrará en adjudicar tierras acompañadas de paquetes tecnológicos y asistencia técnica; es decir, tierra lista para producir.
Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un plan masivo de formalización de la propiedad rural, facilitando la titulación y promoviendo mecanismos seguros de adjudicación, arrendamiento, concesión y asociación.
Revolución del crédito y la formalización laboral
Según los datos presentados durante la campaña, el 89 % de los productores no tiene acceso al financiamiento. Para enfrentar esta situación, se propone convertir el crédito agropecuario en una verdadera herramienta de desarrollo, mediante líneas de crédito con plazos amplios (15 a 20 años), garantías sólidas, tasas de interés reducidas, exenciones tributarias y contratos que protejan los precios.
Con el propósito de impulsar el relevo generacional, el Gobierno electo también plantea la creación de 700 Escuelas de Emprendimiento Rural. Este modelo educativo estará orientado a la formación en gestión del riesgo, emprendimiento rural y administración básica. De manera complementaria, se incorporarán centros gratuitos de acceso a internet en municipios y veredas para facilitar el acceso a información sobre mercados, clima, tecnologías y oferta institucional.
Las propuestas del presidente electo representan un paso importante para cerrar algunas de las brechas más profundas que afectan al sector agropecuario y a las zonas rurales. Reconocen que la rentabilidad y la inversión son motores fundamentales para la transformación del campo. Sin embargo, para garantizar su viabilidad a largo plazo y evitar que queden estancadas en los cuellos de botella históricos, estas iniciativas deben complementarse con las herramientas que desde la SAC hemos planteado en 43 caminos para cumplirle al campo.
Es imperativo proteger la seguridad jurídica garantizando que los procesos agrarios sean resueltos por jueces de la República. Asimismo, la "revolución del crédito" anunciada debe complementarse con una política integral de financiamiento que incorpore mecanismos de aseguramiento. La productividad también requiere condiciones de seguridad física que garanticen el tránsito por las vías principales, por lo que resulta imperativa una ley estatutaria que proteja el derecho humano a la alimentación. Finalmente, para que los jóvenes permanezcan en el territorio y encuentren oportunidades para continuar con la actividad agropecuaria, la educación debe venir acompañada de la creación del Contrato y Jornal Agropecuario, herramientas fundamentales para derrotar la informalidad.
El éxito de este cuatrienio dependerá de la capacidad de materializar estas propuestas mediante una gestión pública eficiente, para que el campo colombiano, de una vez por todas, coseche el futuro que merece.
