Fuente: Semana
Fecha: Agosto 1 de 2020
Quizás en el país ningún sector reúne tantas problemáticas y, al mismo tiempo, ofrece tantas oportunidades de redención económica como el agro. En el campo colombiano nacieron buena parte de los problemas que dieron origen al conflicto armado más longevo del continente. Pero en tiempos de pandemia el agro ha confirmado su capacidad de garantizar millones de empleos y la resistencia para seguir llevando a la mesa de los consumidores del país y el exterior productos que hoy son los mejores embajadores de Colombia en el mundo.
No en vano, por su enorme potencial y fortaleza, el sector agropecuario es una de las cuatro apuestas para la reactivación de la economía que anunció el presidente Iván Duque en su discurso del 20 de julio.
El año pasado, el agro exportó 7.362 millones de dólares y en el primer trimestre de 2020 creció 6,8 por ciento, con tres trimestres consecutivos de resultados al alza. Además, actuó como muro de contención para que el PIB del país mantuviera su comportamiento positivo del 1,1 por ciento a comienzos de año, pese a la caída de muchas actividades productivas.
Durante los últimos 20 años, el valor agregado de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca al PIB nacional aumentó casi 30,4 billones de pesos, equivalente a un crecimiento del 73,8 en la riqueza aportada por el sector en dos décadas. Su participación en el PIB cayó de 8,27 por ciento en 2000 a 6,74 el año pasado, a pesar de que el valor agregado por este sector pasó de 41,2 billones de pesos a representar 71,6 billones en ese periodo. Esto obedece a que otras actividades crecieron vertiginosamente, lo que cambió la composición de la economía.
Como si fuera poco, en medio de la pandemia, el agro dio ejemplo al mantener bajísimos niveles de contagio. Lo hizo mientras recogía abundantes cosechas en cultivos como café, azúcar, frutas y hortalizas, flores, plátano, papa y arroz, y garantizó el abastecimiento en las actividades pecuaria, avícola y porcina.
Pero varios estigmas complejos han marcado el desarrollo rural. El primero, la aparición del conflicto armado –hace más de medio siglo– tras el surgimiento de movimientos campesinos que se quejaban de un modelo inequitativo de la propiedad rural, concentrada en pocas manos. La lucha por la tierra desató por varias décadas la violencia más enconada del subcontinente.
Poco tardó en surgir otro tipo de acción armada en el campo. La indujo el narcotráfico, que utilizó la tierra para sembrar cultivos ilícitos y producir drogas ilegales. Provocó otro baño de sangre y el desplazamiento de millones de campesinos, que sigue frenando a los colombianos.
Los acuerdos de paz de La Habana, en 2016, buscaron finalizar décadas de conflicto sobre uso y tenencia de la tierra al reconocer la necesidad de reivindicar ese derecho a los campesinos. Allí el Estado selló su compromiso de transitar hacia un nuevo campo a partir de una reforma rural integral, como proclama en su primer punto, y avanzar en la transformación estructural, promover el uso adecuado de la tierra y estimular su formalización, restitución y distribución equitativa. Ese objetivo está pendiente.
Otros problemas también afectan el desarrollo rural. La percepción de que el minifundio es improductivo y el latifundio, un modelo explotador y despojador ha contribuido a generar todo tipo de luchas, incluidas las ideológicas, que han frenado el avance.
En momentos de crisis como estos, sorprenden la resiliencia y el pragmatismo de empresarios y trabajadores rurales al responder a los desafíos de abastecer al país y a los mercados externos. Esto debe llamar a una profunda reflexión sobre cómo remover las barreras y garantizar las condiciones para que el sector se convierta en la gran locomotora de la reactivación.
Los males del campo
El buen desempeño que alcanzó el sector agropecuario en los últimos trimestres no deja perder de vista los problemas de fondo. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, los resume así: 1) la inflexibilidad en materia laboral, que genera alta informalidad y profundiza la inequidad; 2) la incipiente infraestructurade vías terciarias y bienes públicos, que agudiza el atraso; 3) la escasa y costosa oferta de crédito, que obstaculiza el desarrollo de los negocios rurales; y 4) la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, que provoca incertidumbre y frena la inversión.
El tema laboral es una gran tarea pendiente. Se estima que, de los 5,3 millones de trabajadores rurales, casi el 86 por ciento es informal, es decir, no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social. Al final de sus vidas terminan en la pobreza y sin una pensión.
Esto ocurre porque la ley laboral fue diseñada para las ciudades, pero no refleja la realidad del campo. Los trabajadores rurales desarrollan sus labores en varias jornadas durante el día o por semanas, lo que incluye varios patronos. Actividades como recoger cosechas, por ejemplo, son estacionales, y la rigidez de las leyes impide su contratación formal.
Algunos han planteado iniciativas para solucionar este tema, no obstante, se desataron fuertes controversias políticas que han frenado su adopción. Bedoya asegura que “lo primero que necesitamos como país es una formalización laboral y contar con un contrato agropecuario, o un jornal integral rural o trabajo por horas para garantizar la seguridad social”.
Incluso, el denominado piso mínimo de protección social, incorporado en el Plan de Desarrollo aprobado el año pasado, desató fuertes discusiones. Este crea un sistema de protección para trabajadores a tiempo parcial que no alcanzan a cotizar los años ni el monto salarial exigido por los fondos de pensiones, otorgándoles un ingreso de gran ayuda.
El presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, cree que el tema no da espera porque la seguridad social no debe ser un privilegio solo del medio urbano.
Inversiones pendientes
En su discurso del 20 de julio, el presidente Duque anunció su plan de reactivación Compromiso por el Futuro de Colombia, que incluye entre sus cuatro ejes el trabajo por el campo y la paz con legalidad.
Contempla, entre otras acciones, continuar con el programa de agricultura por contrato, impulsar el catastro multipropósito y las obras de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)para que más campesinos se conviertan en emprendedores, asegurar la provisión de bienes públicos, y facilitar el acceso y la financiación. En este último tema, ya quedó radicado ante el Congreso un proyecto de ley para brindar alivios a los pequeños y medianos productores del campo.
La provisión de bienes públicos es quizás uno de los frentes que podrían acelerar más la reactivación del país y, de paso, el desarrollo agropecuario.
Son varias decisiones urgentes: mejorar la infraestructura vial para llegar al campo, lograr que las telecomunicaciones se conviertan en el puente que propicie el desarrollo de todo el país, invertir en sistemas de riego que garanticen la competitividad, y mejorar la dotación de salud y la educación de áreas rurales para que estas familias tengan condiciones de bienestar. Porque, como dice Roberto Vélez, gerente general de la Federación de Cafeteros, “Al campo hay que darle una oportunidad para que la gente se quede a generar país”.
Uno de los principales clamores es la construcción de vías terciarias. En el país la frontera agrícola equivale a 40 millones de hectáreas, pero menos de 8 millones producen, y existen 175.000 kilómetros de carreteras, aunque solo el 10 por ciento en buen estado. Por eso, el presidente de la SAC insiste en la urgencia de las vías terciarias por su doble efecto: conectan la Colombia profunda y crean empleo. Cada 1.000 millones de pesos invertidos en estos caminos, equivalentes a construir 5 kilómetros de vía en placa huella, ofrecen 290 empleos –de ellos, 90 directos–, dice Bedoya.
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, reconoce que la falta de carreteras encarece sacar productos de zonas distantes. Junto con la ministra de Transporte trabajan en estructurar este programa, para el cual ya asignaron 1,5 billones de pesos.
La iniciativa, sin embargo, debe pasar por un proceso previo de socialización con alcaldes y gobernadores, pues habrá que priorizarla ante los limitados recursos. Pero es necesario acelerar. “Estamos en periodo seco y hay que hacer esas obras que se requieren para sacar los productos de la finca a la vereda, de la vereda al corregimiento y de ahí al casco urbano”, dice el ministro.
En plena pandemia han salido a flote las enormes necesidades en medio de las limitaciones fiscales del Gobierno. Sin embargo, Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, considera inamovible el tema. Construir vías terciarias es costoso, pero vale la pena porque esos bienes públicos le permitirán a la agricultura salir de la etapa de premodernidad en la que se encuentra.
Los habitantes rurales no solo necesitan vías. También, autopistas de la información para capacitarse y recibir asistencia técnica agropecuaria por medios digitales. La mejor conectividad les facilita acceder a la educación y a la salud por medio de la telemedicina.
En la última década, el país modernizó a pasos agigantados la infraestructura vial con el impulso de las concesiones. Pero no ocurrió lo mismo en la construcción de vías terciarias, que conectan las veredas y zonas rurales entre sí y mejoran las condiciones de vida y trabajo para los habitantes del campo.
Otros bienes públicos clave son los distritos de riego y los centros de acopio de cosechas. El presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, asegura que el agua bien manejada impulsa la productividad y permite romper la estacionalidad de las cosechas. Y se queja de que hace más de 30 años este tema no avanza.
En el sector existe preocupación porque las inversiones en distritos de riego han sido en el pasado fuente de despilfarro de recursos. El país tiene hoy un millón de hectáreas irrigadas, pero requiere inversiones anuales de un billón de pesos durante los próximos 20 años para duplicar esta capacidad. Los distritos son claves porque las cosechas se concentran en sitios con un régimen de lluvias irregular. Y muchas veces, donde hay, los usan de manera ineficiente, pues, en vez de siembras, hay ganado.
¿Plata de dónde?
La falta de acceso al crédito frena el desarrollo del sector. La produce, por ejemplo, la ausencia de garantías de los productores, quienes, si no tienen títulos de sus predios, difícilmente obtienen préstamos de las entidades financieras. También, otros factores, como el elevado riesgo de algunos cultivos por razones climatológicas.
El Gobierno ha creado instrumentos para superar estos escollos, como seguros de cosecha o ventas de futuros, pero no siempre los pequeños tienen acceso. Para mantener la liquidez del agro en medio de la pandemia, el Gobierno dispuso de 1,5 billones de pesos en créditos. Según el ministro, han desembolsado más de 623.000 millones. De estos, 220.000 millones para pequeños productores y 194.000 millones de pesos para medianos. Pero los mayores afectados con la falta de crédito son los pequeños, que no tienen historia crediticia y sí, reportes negativos. Por eso, el Gobierno tendrá que buscar nuevos instrumentos a fin de facilitar el acceso a la financiación.
Para lograrlo, debe replantear el acceso al crédito para el agro, dice Jeffrey Fajardo, presidente de PorkColombia. Asegura que muchos productores enfrentan condiciones a veces muy onerosas.
El lío de la tierra
La titularidad de la tierra de los productores que reclaman su derecho a trabajar en el campo ha sido un problema ancestral. Ese tema, más que identificado, ha tenido una respuesta lenta del aparato estatal, que aún no atiende todos sus reclamos. Varios factores se conjugan: la falta de buena información catastral, las dificultades para legalizar la propiedad rural y los desplazamientos forzados. Se estima que hoy la informalidad en la propiedad rural alcanza el 80 por ciento y hasta el momento solo el 6 por ciento tiene información actualizada.
En el primer punto de los acuerdos de La Habana quedó consignado el compromiso del Gobierno de disponer de 3 millones de hectáreas para restituir tierras a los campesinos afectados por la violencia, en un plazo de 15 años. Además, la garantía de legalizar 7 millones de hectáreas. El proceso, sin embargo, va a paso lento.
Hasta ahora, han entregado cerca de 15.000 títulos de propiedad de los 80.000 anunciados por el Gobierno actual. En restitución, el último balance apunta a que ya 70.200 personas recibieron unas 380.000 hectáreas. Avanzar en este frente será clave: a medida que estos productores tengan su título de propiedad, mejora la equidad, se aceleran las inversiones de largo plazo y se dinamiza la economía.
Para este avance resulta crucial la normativa que moderniza al sector, y convierte la gestión catastral en un servicio público prestado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; por los catastros descentralizados que operan en las capitales; por gestores catastrales, es decir, entidades públicas que en sus procesos misionales desarrollen esta actividad; por entidades territoriales con esquemas asociativos, así como la Agencia Nacional de Tierras.
Modernizar el catastro también será clave. La meta inicial era actualizar la información del 60 por ciento de los predios del país en 2022 y el 100 por ciento para 2025. Pero en el plan de reactivación de la economía pospandemia, el Gobierno contempla acelerar estas metas. Este será un paso fundamental para que el país avance, haya claridad en la propiedad de la tierra y promueva la inversión. Solo con seguridad jurídica el país puede redimir el campo.
Más allá de los desafíos, se requiere un trabajo coordinado entre sectores público y privado. Pero lo cierto es que estos productores, en medio de la pandemia, han tenido un desempeño ejemplar.
Algunos lograron desafiar los paradigmas impuestos por la pandemia y salieron victoriosos. Uno de ellos, el sector cafetero, tenía dos grandes retos en el confinamiento: la recolección y la comercialización. Vélez explica que, gracias al trabajo en equipo de instituciones y productores, lograron uno de los procesos más exitosos.
Asimismo, los productores avícolas lograron atender las crecientes necesidades de huevos, convertidos en la proteína más consumida por los colombianos afectados por la caída de su ingreso. Igual ocurrió con los productores e industriales del arroz, que aumentaron sus ventas.
Millones de trabajadores y empresarios rurales han permitido con su trabajo, en los más de cuatro meses de aislamiento, que el abastecimiento de alimentos permanezca sin problemas.
Esto implica que los productores del agro han cumplido. Ahora, el Estado, el Congreso y la sociedad también deben cumplirles. Resolver buena parte de las dificultades que hoy enfrenta la producción agropecuaria es un imperativo moral y un buen camino para que el país se reactive hacia el progreso colectivo.
Las grandes batallas ideológicas y políticas libradas por años sobre el futuro del sector agropecuario deben dar paso a decisiones pragmáticas que solucionen los problemas de fondo. Solo así logrará el país el tan anhelado desarrollo del campo.
Disponible en: https://bit.ly/2Dtf4Uf
