[Editorial] Protestas y bloqueos: Pan de cada día

En mayo de 2021 luego de 3,000 (Sí, TRES MIL) bloqueos a las carreteras de nuestro país la inflación de alimentos en un solo mes fue de 5.3%, cifra superior a la inflación de todo 2024. Es decir el costo de la comida para los ciudadanos creció más en un solo mes, de lo que crece en todo un año. Quienes promueven y materializan los bloqueos a las vías en Colombia definitivamente no tienen conciencia social y son responsables de las afectaciones que sufre la ciudadanía por las vulneraciones a los derechos de alimentarse, trabajar y moverse libremente por las vías y carreteras de nuestro país.

Cuatro años después y como consecuencia de la votación en la plenaria del Senado sobre la Consulta Popular, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la movilización popular y a los cabildos abiertos, y con la sombra de mensajes que mencionaban la posibilidad de una “huelga general”, diferentes centrales obreras convocaron a un paro nacional de 48 horas, y a un cacerolazo, para el 28 y 29 de mayo.

Si bien la convocatoria fue un fracaso y la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, en Bogotá se presentaron graves hechos de vandalismo, bloqueos en las vías al sistema público del transporte masivo de los bogotanos, y se tuvieron que cerrar diferentes estaciones y portales de Transmilenio. Como ya es costumbre, y al igual que en mayo de 2021, son cobardes “encapuchados” quienes protagonizan estos desmanes que afectan a millones de personas.

Las declaraciones del Presidente de la CUT sobre los bloqueos y la consecuente denuncia penal de Transmilenio ante la Fiscalía General de la Nación, abren una amplia discusión sobre hechos que impactaron a millones de bogotanos en solo dos días de este mes de mayo y que afectaron a todo un país y sus ciudadanos durante 30 días en mayo de 2021.

Las cosas hay que decirlas como son: los bloqueos a las vías son inflacionarios y violan los derechos a la alimentación, al trabajo, a la movilidad e inclusive han llegado a violar el derecho a la vida.

El país y las autoridades no pueden ser indolentes y normalizar hechos, como los bloqueos, por los que al final del día nadie responde y que afectan tanto a consumidores como a nuestros productores de alimentos. Esto es, simple y llanamente, inaceptable.

La Constitución Política de Colombia es clara al consagrar el derecho a la protesta social, un pilar esencial de nuestra democracia. Sin embargo, este derecho lleva consigo un apellido ineludible: debe ser pacífica. Esta condición no es un mero formalismo, sino la garantía de que el ejercicio de un derecho no vulnere los derechos de otros, incluyendo el acceso a la alimentación, la movilidad y el trabajo.

Cuando una carretera se bloquea, no solo se detienen camiones cargados de comida. Se interrumpe el arduo trabajo de nuestros productores, quienes ven con impotencia cómo su esfuerzo de muchos meses se pierde y no llega a su destino. Y como si fuera poco, y tal y como ocurrió en mayo de 2021, son los consumidores, y seguramente muchos de ellos vinculados a los mismos bloqueos, quienes terminan pagando las consecuencias con alimentos más caros o, peor aún, con su escasez.

El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, y ponerlo en riesgo mediante acciones que colapsan las vías de suministro es una afrenta directa al bienestar de la población.

Con la turbulencia política que vive nuestro país, la irresponsabilidad de algunos lideres politicos y algunos mal llamados líderes sociales, y ante el inminente proceso electoral que estará lleno de tensiones, serán las autoridades las llamadas a garantizar los derechos que tenemos todos los ciudadanos.

La Constitución y la ley son muy claras en torno a las competencias y obligaciones que tienen las diferentes ramas del poder público, así como nuestras fuerzas militares y de policia, la fiscalia general de la nación y los jueces de la república.

Los bloqueos a las vías que afectan a la ciudadanía no se pueden volver pan de cada día.