Revista Nacional de Agricultura
Edición 1046 – Abril 2024
Comunicado a la opinión pública de la Junta Directiva de la SAC
Difundido el 02 de abril de 2024
La Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- invita al Gobierno Nacional a proteger el ejercicio a la libre asociación y el trabajo conjunto con los gremios del sector agropecuario que por décadas han representado a sus productores y que permanentemente han contribuido, con sus propuestas y conocimiento, al desarrollo del sector y a garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos.
Es esencia de nuestro Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, que la ciudadanía y las organizaciones en las que se articula, puedan intervenir en la construcción de las políticas públicas libremente, y es por esto que la Constitución previó diversas formas de participación social, como que los ciudadanos puedan conformar instituciones que gestionen sus objetivos comunes o los representen en diferentes instancias.
Entre estas se encuentran los gremios que integran la Sociedad de Agricultores de Colombia y que son resultado de la decisión libre, voluntaria y concertada de productores que se han unido para contribuir al desarrollo rural y agropecuario del país.
Frente a las necesidades y preocupaciones que vive la actividad cafetera, el Gobierno debe apoyarse en la legitimidad, representatividad, fortaleza institucional y capacidad de convocatoria de la Federación Nacional de Cafeteros, organización de más de 96 años de existencia, para que las soluciones se construyan a partir del conocimiento y experiencia que tienen esta institución y sus representantes nacionales, departamentales y municipales que pueden ser democráticamente elegidos cada cuatro años por más de 336 mil caficultores habilitados en más de 580 municipios de 20 departamentos de nuestro país.
Por lo anterior, la Junta Directiva de la SAC invita al Gobierno a que refleje en los escenarios e instrumentos de política pública que tengan incidencia en el campo colombiano, su deber constitucional de fomentar el ejercicio a la libre asociación y la participación de los gremios agropecuarios a través de un diálogo pluralista, equilibrado e inclusivo.
Reconocer y garantizar la participación de estas instituciones en las decisiones que impactan la ruralidad, fortalecerá el bienestar de los productores del campo y la transformación de los territorios que tanto necesita Colombia.
