2026: Año Internacional De La Agricultora

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2026 como el Año Internacional de la Agricultora, un declaratoria que reconoce el papel determinante de la mujer en la estabilidad de los sistemas agroalimentarios y la economía rural del mundo. En Colombia, esta conmemoración llega en un momento clave para acelerar el cierre de brechas que aún limitan el potencial de quienes aportan en toda la cadena de la producción agropecuaria.

Para entender el alcance de este mandato global y cómo se puede aterrizar más allá de los discursos, la RNA conversó con Amanda Romo, responsable de enfoques diferenciales en Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la FAO en Colombia.

RNA: Amanda, ¿Por qué es tan importante y urgente este reconocimiento en este momento?

Amanda Romo: La Asamblea de las Naciones Unidas ha declarado el año 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora justamente porque quiere reconocer y visibilizar la importancia del papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios del mundo.

En nuestro caso particular, en Colombia, esta declaratoria toma mucha relevancia porque, a pesar de los avances en materia de equidad de género y protección de derechos, todavía persisten problemáticas importantes que afectan especialmente a las mujeres y a las niñas en el territorio rural. Es lo que llamamos brechas de género o barreras de acceso por razones de género. Esta declaratoria es un llamado urgente a los Estados para que no solamente haya un reconocimiento desde la narrativa o el discurso, sino que efectivamente se tome acción política con y por las mujeres rurales. Eso marca la diferencia y es que esta declaratoria no sea solo retórica, sino que esté respaldada por acciones y procesos transformadores que ayuden a superar las brechas que aún viven la mujeres en el campo colombiano.

RNA: Precisamente para que estas declaratorias trasciendan el discurso, ¿qué ejemplos de proyectos está impulsando la FAO para derribar esas brechas de género, especialmente en el área de agricultura familiar y mercados inclusivos?

Amanda Romo: Aunque la organización tiene cinco áreas programáticas, todas tenemos el mandato de la Política de Igualdad de Género de la FAO, que incluye 17 estándares de obligatorio cumplimiento. Esto significa que todos nuestros proyectos en territorio deben transversalizar el enfoque de género.

En agricultura familiar, esto se traduce en una ruta operativa con cajas de herramientas y equipos entrenados. Por ejemplo, en convenios con la Agencia de Reincorporación (ARN), trabajamos con mujeres firmantes de paz. Con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), operamos en casi el 80% de los territorios PDET con proyectos de inclusión social y económica, y que tienen la «etiqueta» de mujer o género; otros tienen la etiqueta étnica.

También hemos consolidado alianzas público-privadas con socios como Ecopetrol y Tetra Pak para constituir redes de abastecimiento que generen beneficios concretos a las productoras.

Tenemos en el horizonte que las inversiones en infraestructura, maquinaria, asistencia técnica o extensionismo rural tengan beneficios específicos para las mujeres y no sean con enfoque neutral. Tradicionalmente se asume que hombres y mujeres asumen, reciben y aprovechaban las inversiones de la misma forma, pero el enfoque de género nos muestra que no es así, que hay diferencias puntuales y que por ejemplo, por la carga de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado que sobrecarga a la mujer, efectivamente no aprovechan estas inversiones de la misma forma. Nuestros equipos técnicos en territorio viven con las comunidades hasta 3 meses y trabajan lo técnico, productivo, lo asociativo y lo socio-comercial con acciones afirmativas que ponen a las mujeres productoras o agricultora en primer plano.

RNA: A veces se vuelve «paisaje» decir que en el campo todos trabajan igual. Desde la visión de la FAO, ¿cuál es ese diferencial que aporta cada una de estas mujeres a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria del país?

Amanda Romo: Nosotros hemos comprobado en territorio que son las mujeres agricultoras quienes están sosteniendo los sistemas agroalimentarios, y no solo en Colombia; los estudios globales de la FAO lo corroboran. Constatamos que en todos los eslabones de las cadenas de valor, incluso en las que se consideran «masculinizadas» —como la ganadería—, las mujeres están presentes y marcan diferencias importantes.

Sin querer estereotipar, las mujeres han demostrado ser excelentes administradoras de recursos, pagadoras puntuales y articuladoras comunitarias. Son quienes trabajan por transformar pacíficamente los conflictos y tensiones sociales en las organizaciones productivas y en sistemas de abastecimiento alimentario. Además, suelen ser las guardianas de semillas nativas y de los entornos naturales; ellas están sosteniendo la seguridad alimentaria de comunidades enteras y eso quedó demostrado en la época de la pandemia.

A pesar de aportar estos diferenciales, siguen siendo quienes tienen menos acceso a la tierra, a créditos, maquinaria e infraestructura. Aún enfrentan estereotipos que subvaloran sus capacidades de negociación basadas en creencias históricas y culturales. Encontramos vulnerabilidades y violencias basadas en género, pero también un grupo inmenso de fortalezas que confirman que ellas sostienen los sistemas agroalimentario, a grandes costos y sin el suficiente reconocimiento.

RNA: Finalmente, entendiendo que las instituciones de la ONU actúan independientemente de los gobiernos de turno, la lucha contra las violencias basadas en género y el cierre de brechas no es un tema nuevo. ¿Cuáles serían esos impostergables que deben tener en cuenta los nuevos congresistas o el nuevo Gobierno Nacional para lograr cerrar esas brechas de género en la ruralidad?

Amanda Romo: Yo hablaría no solamente del tema de violencias basadas en género, sino de todo ese marco de protección que nos ayude a cerrar las distintas brechas que viven las mujeres agricultoras o rurales en los territorios. Colombia ha construido un marco jurídico y de política pública muy amplio y suficiente; llevamos varias décadas de trabajo de funcionarias muy competentes y de las mismas mujeres rurales y del movimiento campesino a las que les debemos gran parte de este marco.

En mi opinión, no deberíamos generar o ampliar ese marco jurídico. Aquí lo que tenemos son dos necesidades: número uno, que haya una financiación viable y real de toda esa política pública, de manera que no se quede en un discurso en los documentos oficiales, sino que logre territorializarse con acciones materiales y concretas, con una oferta Estatal que de verdad llegue al territorio.

Esto es más urgente en el caso de violencias basadas en género, donde las mujeres rurales tienen agravantes por las zonas dispersas, donde viven situaciones de total soledad o aislamiento y donde se sigue pensando que estos son temas privados de la familia donde se naturaliza el abuso.

Hay un segundo elemento que tiene que ver en cómo lo hacemos operativo: cómo hacemos que esa oferta estatal llegue a ese territorio rural disperso. Yo sugeriría que los nuevos actores de gobierno, en vez de generar nuevas dinámicas, se enfoquen en ponerle presupuesto a lo que ya existe: la ley 1257, la nueva Ley de Mujer Rural, el Conpes de política de cuidado y el Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos avances tan importantes en este país donde el reto es cómo lo hacemos posible y cómo lo aterrizamos a los territorios.