¿Qué hace falta para que llegue más crédito a los agricultores?

Aunque el sector agropecuario es considerado un pilar fundamental para el impulso de la productividad, el empleo y la economía, en general, el acceso al crédito para quienes se dedican a esta actividad en el país no es tan profunda como se quisiera.

En la actualidad, 930.180 personas –9 por ciento del total de deudores del sistema– cuentan con al menos un crédito bancario para desarrollar actividades agropecuarias, según la Superintendencia Financiera.

Cifras del Censo Nacional Agropecuario indican que en Colombia hay 2,7 millones de productores, de los cuales poco más de 725.000 residen en el área rural dispersa.

El número de deudores atendidos solo por las entidades vigiladas por la Superfinanciera les debía a estas unos 19,1 billones de pesos hasta junio pasado, lo que representa apenas el 3,9 por ciento del universo total de recursos que tienen colocados en el mercado.

Y si bien el crédito irrigado a este renglón de la producción es uno de los más bajos si se compara con los montos entregados a las empresas, a los consumidores, a quienes adquieren vivienda y a los microempresarios, las deudas vencidas, como proporción de la cartera, están entre las más altas.

El indicador de calidad de la cartera agropecuaria de la banca era 9,1 por ciento a junio.

Para ese mismo mes, el de la cartera comercial se situó en 4,59 por ciento; el de consumo, en 5,11 por ciento; el de vivienda, en 3,28 por ciento, mientras que el del microcrédito, en 7,28 por ciento.

El análisis también muestra que de las 36 actividades agrícolas, 10 representan el 89,3 por ciento de los deudores, el 88,6 por ciento de las operaciones activas de crédito y el 82,6 por ciento del saldo de cartera.

En su orden por saldo, estas actividades son explotación mixta (30,5 por ciento del total), cría de ganado bovino y bufalino (14,1 por ciento), cría de aves de corral (8,4 por ciento) y cultivo de café (6,3 por ciento), entre las de mayor cuota.

El mapa crediticio del agro, trazado por el órgano de vigilancia del sistema financiero, revela que quienes se dedican a la explotación mixta (agrícola y pecuaria) no son los más colgados con sus deudas, pese a que sí son los más endeudados, con una cartera total de 5,83 billones de pesos.

Los préstamos más atrasados, como proporción de la deuda total, corren por cuenta de quienes están en actividades de apoyo a la agricultura (14 por ciento). Los siguen otras actividades (12,1 por ciento), la cría de ganado bovino y bufalino (11 por ciento), los cultivadores de frutas tropicales (10,9 por ciento) y los caficultores (9,7 por ciento).

Las cifras se conocen en momentos en que la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) inicia hoy su encuentro anual en Bogotá.

Su presidente, Jorge Enrique Bedoya, le dijo a EL TIEMPO, en entrevista publicada el domingo pasado, que el crédito y el financiamiento están entre los temas importantes de la agenda de este año, pues “lo que se busca es ver cuál es el revolcón que necesita el crédito agropecuario en el país para la rentabilidad del sector. Porque esto no es solo colocar créditos, sino hacerlo con un sentido que le sirva al productor”.

La falta de productos crediticios que se ajusten a las verdaderas necesidades de los agricultores, el alto costo y el difícil acceso a los recursos de la banca son parte de los problemas que enfrentan los agricultores para financiar sus cosechas y que los obliga, la mayoría de las veces, a acudir a los préstamos informales como el ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’, con los riesgos que esto supone para su actividad y sus intereses.

En ello coinciden los expertos y el propio Gobierno, que en reiteradas oportunidades ha hecho un llamado a las entidades financieras para que diseñen productos especiales a fin de atender al campo y rescatar a sus productores de las garras de los agiotistas.

Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero, sostiene que el reto fundamental que ve, por ejemplo, en el sector microfinanciero es la capacidad de tener productos y servicios por fuera de las grandes ciudades, de llegar con estos a la población rural y rural dispersa, “porque allí es donde debemos tener mayor presencia del sistema financiero”.

En su opinión, el segundo reto es que se ofrezca un producto diferenciado frente al que se dirige a la población de las ciudades, “debe ser un producto capaz de proteger el riesgo, reconocer las flexibilidades de las necesidades que hay en su contexto de desarrollo a la población rural”.

Sin embargo, las entidades microfinancieras, muchas de las cuales tienen su foco de mercado en el sector agropecuario, le han manifestado al Gobierno su preocupación por las dificultades para acceder con sus productos y servicios a algunas zonas del país por temas de orden público.

María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, advirtió en el congreso anual del sector que “Cauca, Nariño, Valle y Norte de Santander son los departamentos que presentan mayor dificultad en temas de orden público que impiden que los asesores de las microfinancieras lleguen a la ruralidad buscando que los campesinos vean al sector financiero como su aliado para el desarrollo empresarial y personal”.

Por eso, su llamado al Gobierno fue para que se mejoraran las condiciones de seguridad y de conectividad, que sumadas a la autoexclusión se convierten en enemigos de la inclusión financiera.

BAJA INCLUSIÓN
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Banqueros y Gobierno coinciden en que existe un rezago importante en materia de inclusión financiera en las zonas rurales y rural dispersa de 20 y 30 por ciento, respectivamente, según la Asobancaria.

Pero el informe de la Superfinanciera advierte que, a junio pasado, 33,9 por ciento de la población adulta en municipios rurales y 44,7 por ciento en municipios rurales dispersos no tiene acceso a servicios financieros. De estos, el 27,8 por ciento de los jóvenes –entre 18 y 25 años– ubicados en municipios rurales dispersos y el 35,4 por ciento de los adultos en este grupo etario que viven en municipios rurales tienen acceso a servicios y productos financieros.

Quizás por ello, el desarrollo y la productividad del campo ocupan un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el que uno de los objetivos establecidos tiene que ver con el acceso de los pequeños productores al crédito formal y el impulso de la inclusión financiera, como herramienta que les permita a sus pobladores alcanzar niveles más altos de bienestar y de productividad.