Revista Nacional de Agricultura
Edición 1019 – Octubre 2021
Este abogado cucuteño ha sido cónsul en Caracas, embajador en Grecia, senador de la República (1998-2014) y ministro del Interior en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Su movimiento político: En Marcha.
Hay que cambiar los sistemas político y judicial. Un reciente estudio del Banco Mundial dice que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil. En el 2020, el desplazamiento en Colombia volvió a los niveles del 2001. Debido a la pandemia del covid-19, Colombia retrocedió en pobreza a los niveles del 2004. Estas tres tragedias nos permiten ver que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, aquí no va a pasar nada. Desde hace muchos años venimos hablando de cómo acabar con la pobreza, pero no lo hemos logrado, lo que quiere decir que no estamos funcionando bien, pero no solo para el sector agropecuario. Si no cambiamos los sistemas político y judicial, no vamos a ser capaces de avanzar. Estos son dos temas poco taquilleros para la opinión, pero con un hondo significado, porque, por ejemplo, con una reforma a la política, se podría evitar la politización de las instituciones del sector agropecuario. No se puede seguir con la práctica nefasta de entregarles las instituciones, no a partidos políticos, sino a grupos políticos (a senadores, en particular).
En mi primer año de gobierno, Colombia tendrá una ley de tierras. El gobierno de la Coalición de la Esperanza va ser capaz de sacar adelante, en el primer año, una ley de tierras que garantice la propiedad de esta, y que no va a haber expropiación ni extinción del derecho al dominio. Aquí, cuando se habla de seguridad jurídica para la tierra, unos dicen que lo que se busca es beneficiar a los grandes terratenientes, y al revés, cuando se habla de formalización de la propiedad rural para los pequeños, se cree que se va a afectar la gran propiedad. En el Acuerdo de Paz se habla de titular 7 millones de hectáreas; también está el Fondo de Tierras, alimentado por propiedades en extinción de dominio, producto de la ilegalidad o baldíos, y existe la restitución de tierras a los finqueros despojados, frente a lo cual se dice que se va a afectar la seguridad jurídica de la gran propiedad. Esa polarización alrededor de la tierra no tiene mucho sentido en pleno siglo XXI. Esto tenemos que superarlo con la Ley de Tierras, que fue radicada a finales del gobierno Santos, pero que ha estado engavetada en este gobierno. En Colombia, estamos acostumbrados a estudiar lo estudiado, cuando tenemos la Misión Rural, el Punto Uno del Acuerdo de Paz y un proyecto de Ley de Tierras. Ahora, lo que tenemos que hacer es actuar, creando consensos.
Es posible contener los bloqueos de vías. Pero para esto, lo primero que debemos tener es un diálogo social. ¿Por qué llegamos a este estallido social? Desde el 2019, empezaron a salir jóvenes a las calles, especialmente en las capitales, a exigir matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, a pedir empleo digno, etc. Es que es un hecho: en todo el país se ven jóvenes frustrados; jóvenes que salieron del bachillerato y no tuvieron acceso a la educación superior, o que habiendo terminado sus estudios universitarios, no han conseguido empleo. En ese momento, el gobierno perdió una inmensa oportunidad de abrir los espacios de diálogo, y se fue acumulando el descontento social, que estalló un año y medio después, en abril del 2021.
Mi visión del agro. Agua, vías terciarias, seguridad y titulación de tierras, hacen parte de mi visión del sector agropecuario. Algunos de estos asuntos están planteados de manera muy concreta en el Punto Uno del Acuerdo de Paz, otros no. Pero más allá de la discusión que se dio en torno a este asunto, tenemos que concentrarnos en desarrollar dicho punto. Y vuelvo a mi tesis de que no podemos seguir haciendo lo mismo. El Acuerdo tiene muchas cosas ambiciosas, pero no dice cómo hacerlas. Debemos empezar a mirar, por ejemplo, cómo las concesiones de quinta generación incluyan los accesos a dichas autopistas, es decir, que se atiendan las vías secundarias y terciarias. Igual, debemos pensar en un nuevo modelo para el agua, sector en el que estamos muy atrasados. Pienso que las alianzas público-privadas (APP) son un mecanismo expedito para avanzar en el mejoramiento y construcción de distritos de riego.
Lo peor que podemos hacer en Colombia es asumir que este descontento social no tiene justificaciones, que un líder político convocó a los manifestantes a la calle, o que desde el extranjero se promovieron esas protestas. No. Aquí hay un inconformismo social que tiene que ver con la incapacidad de discutir civilizada y democráticamente los problemas del país. Un gobierno que entienda y atienda a la ciudadanía es fundamental para evitar que se repitan situaciones como las del 2021; pero además debe ser capaz de separar el vandalismo y el terrorismo, que destruye bienes públicos, lo que es inaceptable. A mí no me gusta la idea de que para garantizar la protesta social y al tiempo evitar los daños a los bienes ajenos y públicos, haya que tramitar una ley de la República. Lo que se necesita es un ejercicio de autoridad, con diálogo
Colombia debería tener 40-50 mil policías rurales. La gran tragedia que tiene el Estado colombiano, y lo vimos en este y en el anterior gobierno, es su incapacidad para ocupar el territorio, lo que tiene que ver con la seguridad. Yo recuerdo cuando se firmó el Acuerdo de Paz, que allá mirábamos los mapas de las Fuerzas Militares, y nos decían que había 80 mil soldados para ocupar los territorios que iban a dejar las Farc después de su desmovilización. Pero en el gobierno anterior esto no se pudo hacer, como tampoco en este. Ahora, esa incapacidad no solo es desde el punto de vista militar, sino social. El gran pecado que ha cometido este gobierno es reducir el Acuerdo de Paz a un asunto de justicia alternativa, de curules, de reincorporación, de desarme y desmovilización de 13 mil excombatientes de las Farc. Para combatir la inseguridad, tenemos que ser capaces de llegar con bienes públicos a las zonas rurales, con una estrategia de cooperación técnica y crediticia, con un plan de desarrollo social en salud, educación, formalización del trabajo, y con un plan de infraestructura, para hacer lo que no hemos hecho en riego, en vías terciarias, etc. Pero, claro, también hay que fortalecer a la autoridad en las regiones, ocupar el territorio, crear una policía rural, aumentar el presupuesto de la Policía, para llegar a 40-50 mil carabineros, y hacer lo que está contemplado en la Misión Rural y en el Punto Uno del Acuerdo de Paz.
No más acuerdos comerciales, por ahora. Nosotros, en la Coalición de la Esperanza, adoptamos unos principios programáticos generales: defensa de la economía de mercado, defensa de un capitalismo emprendedor y solidario, defensa de la propiedad privada. En cuanto a los tratados de libre comercio, mi parecer es que Colombia no debe avanzar por el momento en ninguno otro que pueda afectar a los sectores agropecuario y agroindustrial. Ahora, frente a los existentes, lo que tenemos que mirar es cómo mejoramos la competitividad
Renta básica forestal. Hay que pensar seriamente en los bonos de carbono (campo en el cual el sector agropecuario podría participar mucho más activamente), para beneficiar a los campesinos que están en zonas de sustitución de cultivos. Deberíamos pensar en crear una renta básica forestal destinada a los habitantes de esos territorios (Amazonia y Pacífico), para que se dedicaran a proteger los bosques y a reforestar, con recursos del presupuesto y mucha cooperación internacional, en lugar de estar ensayando con la sustitución de cultivos.
