Los parques nacionales están bien, pero…
Son 600 mil hectáreas de parques nacionales, las que necesitan todo el apoyo del Estado y la cooperación de la iniciativa privada, para su recuperación.
“ Los cincuenta y nueve parques naturales nacionales están en excelente estado de conservación, en su mayor parte. Solo tenemos una afectación seria, identificada y diagnosticada, en unas 600 mil hectáreas de los 15 millones que conforman el sistema”. Las palabras son de Julia Miranda Londoño, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, organismo autónomo que administra y maneja del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
¿La razón de ese deterioro? La deforestación y la presencia de actividades ilegales, que crecieron a la sombra de los problemas de orden público que vivió el país durante años, por cuenta de la guerrilla. Eran épocas durante las cuales los parques nacionales estaban vedados hasta para los guardabosques.
Explica Miranda Londoño: Ante esa falta de control territorial que había en el país, entraron a los parques personas que los fueron ocupando, muchas de ellas, desplazadas por la violencia, y otros, con el propósito de desarrollar actividades productivas, a sabiendas de que eso es un ilícito. Estos dos grupos se sumaron a quienes ya vivían allí cuando esas zonas fueron declaradas parques, familias a las cuales Estado aún no les ha resuelto su situación.
Lo cierto es que hoy, en los parques nacionales hay extensas zonas con ganadería, cultivos de pancoger y unas 6 mil hectáreas de coca. Los parques con mayor nivel de deterioro son: Paramillo (Boyacá), Macarena y Tinigua (Meta), Picachos, Nukak (Vaupés), Munchique (Cauca), La Paya (Putumayo), Churumbelos (Cauca, Putumayo y Huila). “Para contener la degradación de los mencionados parques y avanzar en su recuperación”, dice Julia Miranda, “tenemos una relación muy estrecha con las comunidades locales, buscando que los ocupantes cambien sus actividades, ofreciéndoles alternativas, sobre todo a los campesinos, porque los indígenas están legalmente en esos lugares y pueden usar los recursos naturales, ya que no son predadores del ecosistema. También tenemos una alianza fuerte con cada una de las ramas de las Fuerzas Militares, lo mismo que con la Fiscalía General de la Nación, porque creemos que dichas actividades ilegales deben ser castigadas”.
Pero hay un importante instrumento que se puede utilizar para ayudar a proteger y recuperar los parques nacionales: las compensaciones de las licencias ambientales, desarrollado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales son de obligatorio cumplimiento. “Gracias a este mecanismo, las empresas pueden invertir esas compensaciones, con la aprobación de la autoridad ambiental, ya sea la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, o la corporación autónoma regional, dependiendo del tipo de proyecto, en la compra de predios y restauración de los mismos”, explica la directora general de Parques Nacionales.
Dice que ya tienen proyectos adelantados, que suman más de 40 mil hectáreas compradas por empresas, con fines restaurativos. Entre ellas, figura el Oleoducto Bicentenario, que adquirió predios en el territorio del parque El Cocuy (Boyacá) para hacer saneamiento predial y mantenerlos como propiedad pública para preservar los principales nacimientos de agua del parque.
“A ese esfuerzo se suma la compra de predios en el parque Serranía de los Yariguíes (Santander), donde se adelantan procesos de restauración con proyectos de Isagen, así como el de Empresas Públicas de Medellín, EPM, que tiene proyectos de compra de predios y restauración. Estas compañías también han aportado voluntarios por conducto de sus programas ambientales, uniendo así lo voluntario y lo obligatorio, para fortalecer la gestión en los parques”, comenta Julia Miranda.
Pero todas las empresas, sin importar su tamaño, pueden coadyuvar a la protección de los parques nacionales –explica–, como, por ejemplo, a través de esfuerzos voluntarios, entre los cuales se mencionan programas de protección de una especie de la fauna, como ocurre con el oso de anteojos, del caimán del Orinoco, de la danta, o con la observación de aves, o la protección de ciertos ecosistemas (páramos, humedales, ríos). También se pueden vincular con programas de orientación ambiental comunitaria, con trabajos voluntarios, como los que desarrolla el Grupo Bolívar, cuyos empleados realizan algunas actividades en parque Chingaza.
¿De qué vive Parques Nacionales? De un rubro en el Presupuesto General de la Nación, para funcionamiento y proyectos de inversión, de rentas propias, del apoyo de empresas colombianas y de la cooperación internacional. Los recursos propios provienen del ecoturismo (cobro de las entradas a los parques), las tasas de uso de aguas, como el caso del parque Chingaza, que le cobra a la Empresa de Acueducto de Bogotá el agua que toma para los bogotanos (“demasiado barata”, según Julia Miranda), las sanciones que impone por infracciones dentro de los parques, y los permisos para la toma de fotografías o películas, que se ha vuelto un rubro importante por el gran interés que están despertando los parques entre empresas nacionales y extranjeras de la publicidad, de la moda, etc.
En cuanto a cooperación internacional, Parques Nacionales tiene ha tenido un muy importante aporte, particularmente de Holanda, Estados Unidos, España y Alemania (el mayor), y actualmente tiene una oferta de Noruega, Gran Bretaña.
“La cooperación internacional se explica porque Colombia tiene una riqueza natural que no ha sido alterada. Tenemos bosques primarios, ecosistemas y fauna que muchos países están interesados en preservar, porque con ello se enfrenta el cambio climático, una amenaza para todos los países del mundo”, asegura la directora general de Parques Nacionales, quien afirma que estos van a crecer por ampliación de los existentes y por creación de unos nuevos.
Para este periodo presidencial trabajamos en nueve áreas protegidas nuevas, y cinco ampliaciones, asegura, y ya hemos declarado varias de esas áreas, gracias a lo cual cumplimos (en octubre pasado) la meta de ampliar en 2.5 millones de hectáreas el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, estamos declarando otras nuevas: Cabo Manglares (Tumaco), Yuruparí (frente a la isla de Malpelo); estamos trabajando en la ampliación de Chiribiquete (Guaviare y Caquetá), así como en la declaración de dos áreas protegidas: Sinaruco (Arauca) y Manacacías (Meta), y en la serranía de San Lucas, en sabanas y humedales del Casanare, en los bosques secos del Patía. También en la ampliación de Gorgona y Acandí.
Todo este trabajo hace que el cuerpo de guardabosques sea insuficiente y que esté por debajo de países de similar crecimiento en la región, razón por la cual Parques Nacionales ha venido insistiendo, sin éxito, ante el Ministerio de Hacienda para que se aumente esa planta de personal, que no es costosa.
