Anteproyecto de presupuesto para el 2025: ¿Se reducirá el presupuesto para el agro?

Revista Nacional de Agricultura
Edición 1046 – Abril 2024

Por: María Camila Murcia, asesora económica SAC

El pasado 5 de abril el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presentó a las comisiones económicas del Congreso de la República su propuesta de anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025.

El PGN para el otro año asciende a $527 billones, lo que implica una reducción real del 1% respecto de esta vigencia. Mientras que los recursos para funcionamiento se mantienen iguales, el rubro de inversión cae en un 33% pasando de $106 billones a $70 billones para la próxima vigencia.

Por su parte, el gasto para deuda pública se incrementa en un 28% y se ubica como el sector con mayores recursos del total propuesto (con $118 billones), seguido por educación (con $75 billones), salud y protección social (con $71 billones), defensa (con $62 billones), trabajo (con $51 billones), entre otros.

¿Y el sector agropecuario?

Para agricultura y desarrollo rural la asignación asciende a un poco más de $3 billones. Esto implica un recorte presupuestal de $5,86 billones respecto de los $9,2 billones apropiados este año (caída del 64%). Esto se explica principalmente por la disminución de presupuesto para la inversión (que cae en un 71%) y deja sólo $2,3 billones para atender las necesidades del campo y del sector agropecuario. Este es uno de los mayores cambios en la distribución de recursos del presupuesto público.

De lejos, la disminución más representativa es para la Agencia Nacional de Tierras, cuyos recursos de inversión se reducen en $3,52 billones, un 71% menos frente a la asignación de este año (de casi $5 billones). El recorte es mayor que todo el presupuesto que tendría el sector el próximo año y puede tener efectos importantes sobre la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI).

Fuente: Ley 2342 de 2023 y anteproyecto de presupuesto 2025. Elaboración propia.

Le sigue la disminución de recursos para el Ministerio de Agricultura [1], que tendría cerca de $900 mil millones menos en 2025. A pesar de que en este punto la propuesta no incluye la desagregación en la distribución de los programas de inversión, esta caída puede afectar políticas indispensables para el desarrollo del sector que se encuentran en cabeza de la entidad como: la política de inclusión productiva a pequeños productores, con énfasis en mujeres y jóvenes rurales, y la política de financiamiento de fomento del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (acá cabe el crédito subsidiado, el incentivo de capitalización rural, los instrumentos de mitigación y gestión de riesgos, etc.).

El efecto es generalizado para todo el sector, todas las entidades adscritas y vinculadas presentan una reducción en materia de inversión. En orden de magnitud, siguen:

La Agencia de Desarrollo Rural, con $630 mil millones menos que pueden impactar de frente toda la política de apoyo a la asociatividad.
La Unidad de Restitución de Tierras, con $284 mil millones menos
El ICA, con un recorte de más de $210 mil millones que puede poner en riesgo el estatus sanitario del país.
La AUNAP, con cien mil millones menos.

Alerta de la Contraloría General de la República

Si bien esto genera una alerta en términos de la capacidad del Gobierno para garantizar los recursos suficientes para atender las deudas históricas con el campo colombiano, la ineficiencia en el uso y gestión del presupuesto por parte de las entidades que implementan la política genera mayores preocupaciones.

La misma Contraloría General de la República alertó sobre la baja ejecución del PGN de inversión para lo corrido de este año, que al 31 de marzo ascendió al 9,1%, y fue la más baja en comparación con las últimas tres vigencias (2021 (10,3%); 2022 (16,3%): y 2023 (11,5%)) [2].

En el informe de la Contraloría, el agro se encuentra dentro del grupo de sectores con los indicadores de ejecución más bajos, con una ejecución del 14% en funcionamiento y 2,6% en inversión.

Al revisar las cifras de avance de ejecución del presupuesto del sector agropecuario, al 26 de abril:

Los compromisos del sector llegan al 31,6%, pero las obligaciones sólo al 4,2%.
La ADR presenta la menor ejecución, con el 12,6% del presupuesto de inversión comprometido y 4,4% de obligaciones.
Para la ANT, los compromisos se ubican en el 26%, mientras que las obligaciones no llegan al 3%. Según lo explicó Juan Felipe Harman, director de la agencia, el pasado 26 de abril, la compra de tierras va en el 6% (con 25 mil hectáreas) respecto de la meta de la vigencia (400 mil hectáreas)[3].
Solamente el MADR, la UPRA y la URT reportan compromisos mayores al 50%.

Otras carteras que influyen en el agro

Desde otro punto de vista, es importante analizar las asignaciones propuestas a otros sectores que tienen injerencia directa en el desarrollo de las políticas rurales:

INVIAS, por ejemplo, tuvo esta vigencia $4,32 billones para inversión, de los cuales $1,46 billones son para el programa de infraestructura y red vial regional. Según el anteproyecto de PGN, el instituto tendría menos de $3 billones para el 2025, una caída de más de un billón de pesos que podría afectar la disponibilidad de recursos para la construcción e intervención de vías rurales.

Según los datos del portal de transparencia económica[4], a la fecha este programa tiene compromisos por el 29% y obligaciones del 2,5%. A pesar de que dos de los proyectos de inversión (que suman $650 mil millones) reportan compromisos mayores al 56%, el resto de los proyectos presentan compromisos muy bajos:

El proyecto “Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de caminos comunitarios de la paz total”, que tiene casi $515 mil millones, es el que presenta menores avances: con una ejecución de tan sólo el 4%.
El proyecto “Construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y estudio del programa Colombia avanza” con obras en el Chocó, Antioquia y Arauca, tiene una apropiación de $240 mil millones de los que no se tiene ejecución alguna.

Para el sector DEFENSA el presupuesto propuesto para 2025 se incrementa. La asignación propuesta para los recursos de funcionamiento del Ministerio de Defensa que van directamente a la unidad del Ejército asciende a $13,29 billones frente a los diez billones apropiados este año. Lo mismo ocurre para el rubro de inversión, que pasaría de $415 mil millones a casi $443 mil millones para la próxima vigencia. Estos recursos son indispensables para mejorar la preocupante situación de seguridad que se vive a lo largo de todo el territorio colombiano.

En lo que tiene que ver con EDUCACIÓN y capacitación en formación para el TRABAJO para el sector, la noticia podría ser positiva dependiendo de la distribución por programas. Para el próximo año la asignación propuesta en inversión para el SENA es de $7,42 billones. Este monto es casi dos billones más frente a la asignación de esta vigencia ($5,4 billones).

Para este año se apropiaron algo más de $200 mil millones para el proyecto de inversión “Fortalecimiento de los servicios para la atención integral de la población de la economía campesina y popular nacional”, en el marco del programa “Formación de trabajo”, que concentra más del 70% de los recursos de inversión de la entidad.

Como ya se mencionó, el proyecto de presupuesto para el próximo año hasta ahora empieza su ciclo. La propuesta seguramente tendrá ajustes que ojalá sean positivos para el sector. El trámite de discusiones y debates deberá empezar antes del 15 de septiembre con límite hasta el 20 de octubre, fecha después de la cual será sancionada la ley.

Cronograma trámite ley Presupuesto General de la Nación