Revista Nacional de Agricultura
Edición 1012 – Marzo 2021

El 01 de noviembre del 2018, la Junta Directiva de la SAC manifestó su rechazo a la posibilidad de encarecer la comida de los colombianos a través de la llamada Ley de Financiamiento, que pretendía gravar con IVA la producción agropecuaria de nuestro país, y eliminar el régimen de exentos (tarifa de 0%). Afortunadamente, y gracias a una profunda reflexión por parte del Gobierno Nacional, así como como del Congreso de la República, esta terrible iniciativa no se convirtió en realidad.

Dos años y cuatro meses después, nos encontramos ante un escenario similar, esta vez por cuenta de la discusión alrededor de la reforma fiscal “Solidaridad Sostenible”, que el Gobierno llevará al Legislativo en los primeros días abril.

El Presidente de la República ha sido claro en decir que le ha dado instrucciones a su equipo de no gravar con IVA alimentos básicos de la canasta familiar.

Sin embargo, las recomendaciones de la Misión de Expertos y los anuncios de algunos integrantes del equipo económico del Gobierno, generan serias inquietudes sobre el futuro del costo de la comida para los colombianos.

La posible eliminación del régimen de exentos (que sería un gran error) y la incertidumbre frente al tratamiento que se le vaya a dar hacia adelante, tanto a los bienes finales (cerdo, huevo, leche, papa, arroz, tomate, naranjas, café, azúcar, panela, etc.), así como a los insumos utilizados por nuestros productores para garantizar que la comida llegue a la mesa de los consumidores, ha prendido las alarmas en todo el país.

Si el Gobierno decidiera eliminar el régimen de exentos (que sería un gran error y una pérdida de una herramienta para la formalización), y dejar todos los bienes finales del agro en el régimen de excluidos, el impacto final sobre el costo de la comida para los colombianos dependerá de lo que el Gobierno y el Congreso pretendan hacer con el régimen tributario aplicable a TODOS los insumos del sector (materias primas, fertilizantes, semillas, insumos para control de plagas, contratos de arrendamiento de tierras, servicios de apoyo al agricultor, droga veterinaria, empaques, maquinaria agropecuaria, etc., etc., etc.).

Al acabar con el régimen de exentos, para llevar los bienes finales al de excluidos, y ante la posibilidad de gravar con IVA cualquier insumo utilizado en la producción, se estaría encareciendo por la puerta de atrás la comida de los colombianos. Lo anterior, debido a que los mayores costos de producción, vía IVA en insumos, naturalmente terminarían ocasionando un mayor costo para los consumidores (ya bien sea porque hoy no lo tienen y lo tendrían con esta reforma, o porque hoy sí lo tienen y se pueden descontar para los procesos de producción de bienes exentos, cuyo régimen se eliminaría), y obviamente terminaría afectando el consumo de productos nacionales con su respectivo efecto dominó para nuestros productores.

Para terminar de agravar la situación, bajo este escenario, los productos importados no pagarían IVA, y sus productores no sufrirían el viacrucis de este impuesto en sus insumos, lo cual llevaría a que el producto importado tenga una clara ventaja (menor precio) sobre el producto nacional, con un desplazamiento del consumo nacional hacia el bien importado, y terminaría en una irreparable e inaceptable pérdida de empleo de un sector que, como ha quedado demostrado durante esta pandemia, le ha cumplido a Colombia, garantizando su seguridad alimentaria.

Así las cosas, y tal como ocurrió hace dos años y cuatro meses, esperamos que el alto Gobierno y el Congreso desistan de cualquier iniciativa de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda que termine encareciendo la comida de los colombianos y atente contra la generación de empleo en la ruralidad.

Hoy, hay una gran oportunidad de aprender del pasado y evitar que se lleguen a cometer los errores que hace veintiocho meses veíamos muy cercanos.

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente
Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC
@jebedoya