El 2024

Inicia el 2024 arrastrando algunos de los retos que dejó el 2023, con la incertidumbre propia de la expectativa que generan algunos de los anuncios de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional y por lo que termine ocurriendo en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional con aquellas iniciativas que pueden impactar a nuestro sector.

La seguridad indiscutiblemente es el asunto que más preocupa a nuestros afiliados y que viene creciendo desde el año anterior. Este tema lo hemos discutido en varias oportunidades con el Ministro de Defensa, los Comandantes de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional y ellos se han comprometido a realizar reuniones territoriales con sus respectivos comandantes de unidades y los representantes de los gremios de la producción para establecer las acciones que se requieran para combatir la criminalidad. Indiscutiblemente, y como lo hemos enfatizado en dichas conversaciones, el papel de la Fiscalía General de la Nación y de los Jueces es fundamental para que las acciones de la fuerza pública sean efectivas en materia de capturas y condenas a quienes hoy atentan contra la seguridad de nuestros productores.  

Por otro lado, los procesos de paz en los que se ha embarcado el Gobierno Nacional deben ser desarrollados con el mayor cuidado para que los ceses al fuego y los acuerdos parciales a los que se vayan llegando con los grupos armados al margen de la ley no terminen en mayores problemas de seguridad como los que efectivamente se han presentado en los diferentes territorios donde hacen presencia estos terroristas y delincuentes: el microtráfico, la extorsión, el confinamiento de la población civil y los paros armados no se pueden convertir en parte del paisaje y necesitan respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional.

Las cifras de la economía colombiana al cierre del 2023 también generan una clara alerta para nuestro sector. Mas allá del comportamiento del agro, la caída de sectores como la construcción, el comercio y el comportamiento del gasto de consumo final de los hogares y la demanda final interna son señales que reiteran la necesidad de ejecutar un plan de reactivación de la economía colombiana. Como lo hemos dicho desde la SAC, la razón de ser de los productores de alimentos son los consumidores, y teniendo en cuenta que en la construcción se ocupan más de 1.4 millones de personas y en el comercio más de 3.8 millones de personas, el mal desempeño de estos y tantos otros sectores que le aportan a la generación de empleo en Colombia, sumado a una tasa de informalidad laboral nacional superior al 50%, le puede terminar pasando una cuenta de cobro muy alta a quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria. 

Es bueno recordar lo que ocurrió en la pandemia: el país venía con un comportamiento normal en producción de comida y en tan solo unas semanas, cuando casi todo el país literalmente tuvo que guardarse, el consumo se cayó y durante varios meses la inflación de alimentos fue negativa por la caída dramática en el consumo generada por la pérdida de la actividad económica de nuestro país. ¿Se acuerdan de nuestros productores de papa literalmente regalando su producto en las carreteras?

Indiscutiblemente el comportamiento de la inflación es una buena noticia y debería llevar a que se presente una reducción efectiva y sustancial de las tasas de interés y así reducir el costo del crédito que es tan importante para financiar la seguridad alimentaria de nuestro país.

En materia de políticas públicas, seguimos a la expectativa de lo que ocurra en el Congreso de la República con las reformas en materia de salud, pensiones y del régimen laboral presentadas por el Gobierno. En el caso de la reforma laboral reiteramos nuestra preocupación por el texto que discutirá la comisión 7ª de la Cámara. Enorme responsabilidad tienen tanto el Gobierno como el Congreso pues reformas laborales no se hacen todos los años y si esta no resuelve los problemas de informalidad laboral y tampoco crea las condiciones para proteger y crear empleos formales, el remedio será peor que la enfermedad. Desde la SAC reiteramos la invitación a los nuevos Gobernadores y Alcaldes de nuestro país para que estudien a profundidad este proyecto y se pronuncien al respecto, pues el empleo se genera es en sus territorios y si esto sale mal, su gestión sin lugar a dudas se verá afectada.

En el Congreso también está la Jurisdicción Agraria. Este proyecto por su impacto, es de la mayor relevancia para el país, y debe garantizar la protección de los derechos de la propiedad, la tenencia, la posesión ocupación y uso de las áreas rurales y con ello, contribuir a la convivencia pacífica, la seguridad física, la inversión, la creación de empleo y el desarrollo integral del campo colombiano. Tal y como lo dijimos en la audiencia pública celebrada en la Comisión I del Senado, este proyecto requiere ajustes en la gran mayoría de sus artículos y en los componentes como los fines, principios y enfoques, el ámbito de aplicación y competencias, las normas procesales y las derogatorias. Desde la SAC y sus afiliados hemos puesto en conocimiento del Congreso las proposiciones y sus justificaciones jurídicas para que se puedan discutir una a una y con el mayor cuidado.

Finalmente, la Corte Constitucional seguramente se pronunciará sobre la constitucionalidad del Artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que eliminó la fase judicial en la mayoría de los procedimientos agrarios que establecía el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 y que fue creada como parte del cumplimiento de lo estipulado en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Tal y como lo hemos dicho en todos los escenarios insistimos en que la protección a la producción de alimentos que también goza de especial amparo constitucional requiere de ciertos presupuestos, como lo es la garantía de la no regresividad de los derechos y del debido proceso en materia de la definición y la protección de la propiedad privada, so pena de verse gravemente afectados los principios de seguridad jurídica, confianza legitima y buena fe.

Sin duda alguna es un año retador, y lo abordaremos con todo el rigor técnico, con sólidas argumentaciones, visibilizando ante las diferentes ramas del poder público y la opinión nuestras propuestas y preocupaciones y, por supuesto, trabajando en equipo con todos nuestros afiliados y siempre buscando el bienestar del campo colombiano.