Revista Nacional de Agricultura
Edición 1029 – Septiembre 2022
“La situación del norte del Cauca es una amenaza para la concordia en Colombia y no puede tratarse como una disputa territorial de menor escala, como un enfrentamiento entre ricos y pobres, o como la reivindicación de derechos ancestrales inexistentes. Es, ante todo, un desafío a la Constitución Nacional, a la convivencia entre los colombianos y al orden que hace posible la paz y la concordia, el cual que debe ser asumido como corresponde para evitar consecuencias peores”.
Así editorializó el diario El País, refiriéndose a la invasión de tierras y afectación de predios, con actos vandálicos y amenazas a los trabajadores de los ingenios azucareros en el citado departamento, protagonizados por comunidades indígenas y grupos de desconocidos. Delitos que también se han extendido al Valle del Cauca, con una sumatoria de multimillonarias pérdidas para las empresas afectadas, perturbaciones a la operación agroindustrial, afectación del empleo y daños a la economía de las localidades escenario de los hechos. Los hechos han sido calificados como “ataques contra la vida, el trabajo, la libre empresa y la propiedad privada”, por distintas organizaciones, como el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, SAG, Asocaña y Procaña, entre otros.
La SAC, por su parte, ha pedido que el Estado, a través de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, garantice las condiciones de seguridad para quienes explotan la tierra. “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones respectivas que permitan la judicialización de los responsables de estas invasiones y se garantice la seguridad sobre la propiedad dedicada a las actividades agropecuarias”, dice nuestra institución en un comunicado.
Pero el asustador fenómeno se ha extendido rápidamente a predios de otros dieciséis departamentos como Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Huila, Risaralda y Córdoba, Caquetá y Meta, lo que ha despertado la intranquilidad entre muchos propietarios en todo país, que temen ver sus predios ocupados a la fuerza.
Estos explosivos hechos han ocurrido justo cuando el recién nacido gobierno de Gustavo Petro le está vendiendo al país la propuesta de “democratizar la tierra”, en el marco de una reforma agraria que no tendría precedentes. Sucesos que llevaron a la Casa de Nariño a pronunciarse: “Las personas que promuevan este tipo de actos se alejan de los objetivos que el Presidente de la República ha planteado para el acceso a estos predios”. En palabras de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, “este tipo de actuaciones le quitan al gobierno el espacio necesario para aplicar esta gran reforma agraria; esto, en vez de favorecer la estrategia más importante que se tiene para el sector rural, se ve frenada”.
El pronunciamiento de la ministra, que se dio en rueda de prensa fue reforzado por la vicepresidenta Francia Márquez: “La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada. La reforma agraria, que busca la redistribución de a tierra, de ningún modo avala la violencia”.
El comunicado en mención dice, igualmente, que si bien las propiedades que se encuentran en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se destinarán a los colombianos más vulnerables, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores, “esto implica un proceso que se debe surtir, en la medida en que muchas de estas propiedades están en procesos de extinción de dominio”.
Lo que salta a primera vista es que mensajes transmitidos desde la tribuna en una plaza pública, al calor de una campaña, son descodificados de distinta manera por las gentes, según sean sus expectativas o necesidades. Por eso, es posible que algunos ingenuos, al escuchar al candidato, hoy presidente, hayan entendido que podían apoderarse de terrenos privados, como quienes invadieron un predio en el corregimiento El Caguán, Neiva, y bautizaron a ese asentamiento “Gustavo Petro”.
Pero otros, avivatos, se sintieron con permiso para invadir propiedad privada (o para volver a meterse a tierras ajenas). La misma procuradora general dijo recientemente en Valledupar, refiriéndose a tan grave fenómeno, que detrás de los invasores están grupos ilegales, “mafias”. “Hemos encontrado que hay participación de inspectores, notarios, curadores, a veces de alcaldes y registradores de instrumentos públicos”, enfatizó la funcionaria, para quien las autoridades “se están quedando quietas cuando la orden es defender las propiedades”.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, al terciar en el asunto, le dijo a Noticias RCN, que son sesenta y dos acciones cometidas por mafias que tienen la posibilidad de darles dinero a personas para que invadan terrenos, incendien y maten ganado, con el fin de que esas fincas se vuelvan improductivas. Agregó el alto oficial que, en medio de algunas de las operaciones para la recuperación de precios, la autoridad ha sido atacada por miembros del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Pero para sorpresa del país, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desmintió al general Henry Sanabria, al decir que no se puede asegurar que un “grupo armado específico” esté detrás de las invasiones.
Al cierre de esta edición, la ministra Cecilia López había anunciado la entrega de títulos de propiedad de predios formalizados en diecinueve departamentos, en un proceso que deberá terminar el 15 de noviembre. En total, a campesinos, indígenas y afrodescendientes se les titularán 681.372 hectáreas, medida que ha sido calificada por la alta funcionaria como el comienzo de la reforma agraria del actual gobierno. Está bien que el nuevo gobierno continúe con la titulación de tierras, pero lo que está pidiendo el país es que se frenen inmediatamente las invasiones de tierras.
Horas después, el presidente Petro hizo otro anuncio: la posibilidad de que el país compre 3 millones de hectáreas para repartirlas entre campesinos, acudiendo a la deuda pública, pero esto tampoco soluciona la explosiva situación.
Digamos, finalmente, que Gustavo Petro consiguió votos con su promesa de “democratizar la tierra”, pero se ganó un “chicharrón” de proporciones. Ahora, está inexcusablemente obligado a ponerle fin a esta ola de invasiones –con la firmeza que exigen las circunstancias–, cumpliendo lo que dicen la Constitución y las leyes, antes de que las cosas se agraven y tomen una dimensión incontrolable.
Es obvio que la “paz total” también pasa por un gobierno que garantice la protección a la propiedad privada, sin dilaciones. Los ciento ocho casos de ocupación ilegal de tierras en veintiséis municipios, de que habla la Defensoría del Pueblo, así lo exigen…La mecha está encendida.
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Más de 12 mil hectáreas entre invadidas y afectadas
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, hace un breve resumen de la preocupante situación que vive este sector agroindustrial.
Hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que avancemos en la solicitud específica del cese de hostilidades; esto, enmarcado en el derecho a la vida, en el derecho al trabajo, en el derecho a la libre movilización, en el derecho a la libre empresa y, por supuesto, en el derecho a la propiedad privada.
Las áreas que hoy en día están invadidas y afectadas, han significado una reducción en la producción de azúcar del orden de 75 mil toneladas en lo corrido del año. Se entiende por predios invadidos aquellos que tienen una ocupación ilegal permanente, en los cuales es imposible adelantar labores agroindustriales, y por predios afectados, aquellos que han sido sujetos de acciones delictivas, como amenazas a trabajadores, daños a la infraestructura, maquinaria y destrucción der cultivos.
Hoy, tenemos 5.009 hectáreas invadidas, un poco más de 7.500 afectadas (71 precios afectados), más de 3.500 empleos perdidos, es decir, 3.500 familias que han dejado de tener un sustento, y más de setecientas denuncias interpuestas ante la Fiscalía, estaciones de policía, Procuraduría.
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La situación está lejos de mejorar
La directora ejecutiva de Procaña, Martha Betancourt M., expresa su preocupación por las invasiones de tierras y desmanes asociados y le pide al gobierno nacional respaldar a la cadena productiva de la caña de azúcar, por su valioso aporte al desarrollo del país, y al empleo y bienestar regionales
P.: ¿Cuál es el ánimo que se percibe entre los productores de caña ante los hechos que están afectando a la agroindustria de la caña?
R.: La incertidumbre es creciente, debido al recrudecimiento de los actos violentos en los últimos dos meses, que han afectado cultivos de caña en el norte del Cauca y otras actividades agropecuarias en varios departamentos, sin que a la fecha se conozcan avances frente a las más de seiscientas denuncias interpuestas por los afectados. Se ha hecho caso omiso al ultimátum dado por el gobierno nacional, de cuarenta y ocho horas para desalojar los predios. Los agricultores de caña guardan la esperanza de que el gobierno haga cumplir la Constitución y las leyes, que se restablezca el respeto al Estado de derecho, que se demuestre que la Ley se aplica a todos los colombianos por igual, sin distingo de credo, raza o ideología, que de verdad haya un compromiso con el sector agropecuario y con las actividades lícitas que, como la caña, generan desarrollo social y económico hace más de cien años.
Por lo anterior, se ha recibido con expectativa el fallo de primera instancia proferido hace algunas semanas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que reconoció la plena vigencia del derecho a la propiedad y el derecho de los propietarios para solicitar y exigir la acción rápida y protección permanente de sus bienes por parte del Estado. En ella, se condena al Estado a pagar por las pérdidas del cultivo, los perjuicios morales, el daño emergente y el lucro cesante, y a crear planes de acción para el restablecimiento de la seguridad del predio, así como alternativas pacíficas para la solución de conflictos.
P.: ¿Las invasiones de tierras y los hechos vandálicos que se han presentado pueden llegar a afectar las decisiones de siembras?
R.: Se han afectado las decisiones de siembra y de inversión en la región. Es importante destacar que las violaciones a la propiedad privada se vienen registrando desde el 2014, las cuales son acompañadas de destrucción de cultivos, daños al medio ambiente y a la infraestructura productiva, afectaciones al trabajo y a las pertenencias de los trabajadores del campo, quienes, además, sufren amenazas a sus vidas e integridad; de hecho, algunos han sido secuestrados, heridos y asesinados.
Frente a tanta violencia e incertidumbre, son varias las fincas cuyos propietarios no han podido volver a ellas, razón por la cual no hay siembras de caña y se han perdido empleos. Debido a esto, algunos de ellos llevan varios años sin percibir ingresos, pues su única fuente de ingreso es la finca, con graves afectaciones emocionales para ellos y sus familias, así como para loe trabajadores. Todo esto, con un impacto negativo en la economía de pequeños contratistas y pymes, que ofrecen bienes y servicios en diversas poblaciones, y hasta en el recaudo de impuestos de los municipios, muchos de los cuales dependen en gran medida del cultivo de caña.
P.: ¿Hay alguna cifra que ilustre el daño de los mencionados hechos?
R.: A la fecha se han registrado invasiones en 31 predios, 6 mil hectáreas afectadas, pérdidas superiores a $100.000 millones, más de 3.500 empleos perdidos, y personas muertas y heridas. Llevamos más de 600denuncias interpuestas y ocho años de afectaciones, y el terrible “efecto espejo” de la inacción del Estado, que ha llevado a invasiones en Cesar, Guajira, Córdoba, Santander, el Valle, Huila, Córdoba y Atlántico.
P.: ¿Cuál es el perfil de los cultivadores representados por Procaña?
R.: Es muy importante precisar que de las 241 mil hectáreas sembradas con caña, 75% es propiedad de agricultores independientes, y que el restante 25% pertenece a ingenios azucareros. Es decir, que hay 181 mil hectáreas en manos de 4.500 agricultores, de los cuales 1.100 tienen menos de 10 hectáreas, y que 65% posee menos de 60. Naturalmente, hay propietarios que tienen de 100 a más de 500 hectáreas, pero en menor proporción.
Procaña tiene afiliados en el norte del Cauca, los cuales pertenecen a diversos grupos: afros, mestizos, indígenas, mulatos, blancos y campesinos. Destacamos que 34% de propietarios son mujeres que se dedican a la administración del negocio familiar.
P.: Más allá de la exigencia de que se apliquen la Constitución y las leyes, ¿hay algo más que se pueda hacer para ponerles fin a estos actos?
R.: En Procaña estamos convencidos de que los programas de desarrollo social son indispensables para mantener la estabilidad y la convivencia en los territorios. El sector privado es un aliado indispensable para el gobierno y una parte de la solución, razón por la cual estamos comprometidos con programas como:
El Fondo Social de la Agroindustria de la Caña, que desde el 2019, trabaja en el mejoramiento de vías terciarias en las partes media y alta de la montaña, con aportes voluntarios de agricultores de caña e ingenios y con alianzas público-privadas. La primera fase de esta iniciativa está en el municipio de Florida, con una inversión de $2.500 millones para mejoramiento de 20.2 kilómetros de vías, que beneficia a 2.759 agricultores, cinco organizaciones de productores con 198 afiliados indígenas, afro y campesinos. La segunda corresponde a Guacarí, con una inversión de $2.900 millones, para beneficio de 150 familias, 400 personas, 2 escuelas, un puesto de salud y un salón comunal.
Compromiso rural, iniciativa para capacitar y crear nuevos empleos, que nació en junio del 2021, como respuesta a las principales necesidades insatisfechas manifestadas por los jóvenes durante los bloqueos de vías.
En alianza con Asocaña, el ICBF, el Sena, Cenicaña estructuró el programa de capacitación para preparar a los aspirantes a ocupar cargos en campo, cosecha, fábrica, labores administrativos y oficios varios, buscando cumplir con una meta de 1.500 empleos directos. A la fecha, se ha cumplido 107% del indicador.
Guía de caña sostenible, programa Integra, cuyo objetivo es fortalecer el proceso de transición del sector de la caña de azúcar de Colombia hacia una producción sostenible, incluyendo aspectos económicos, agroambientales y sociales. Es una herramienta de autoevaluación en línea, que le permite al productor de caña medir cómo están sus prácticas frente al estándar, pues arroja como resultado un diagnóstico confidencial del manejo de su negocio y el plan de acción individual, que le sirve para mejorar sus procesos, al tiempo que mantiene actualizados sus indicadores en temas económicos, técnico ambientales y sociales.
Además, existen otros programas liderados por Asocaña y sus ingenios afiliados, como el Fondo Agua por la Vida, Red Educativa y La Caña nos Une, entre otros.
P.: ¿Es Usted optimista en cuanto una solución pronta y definitiva para la agroindustria de la caña?
R.: Confío en la institucionalidad y en el cumplimiento de la Constitución y la Ley, pero como dirigente gremial debo reconocer que la situación, lejos de mejorar, ha venido adquiriendo dimensiones verdaderamente preocupantes para la agroindustria de la caña, para el sector agropecuario en general y amenaza con profundizar los conflictos sociales y de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por esta razón hemos atendido los llamados del gobierno nacional en diversas instancias, para analizar la situación, proponer alternativas de solución y ser parte de la construcción de una estrategia que nos lleve por la senda de la convivencia pacífica en una región donde debemos caber todos, acatando la Ley, respetando los derechos para trabajar juntos por el bienestar social de los habitantes del territorio.
