Entrevista: La seguridad en las zonas rurales

César Andrés Restrepo es consultor en asuntos de seguridad y gobierno. Fue coordinador del Plan Colombia, en el sector defensa, durante su primera etapa, y director de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Actualmente, trabaja en el análisis y diseño de estrategias de seguridad urbana y rural. Durante los últimos años se ha desempeñado en el análisis de los desafíos del país para la normalización de la seguridad en el campo. María I. Díaz habló con él para conocer su percepción sobre la seguridad rural y hacia dónde debemos enfocarnos como país.

R.N.A.: ¿Qué ha encontrado Usted en todo lo que ha estudiado sobre seguridad rural en Colombia, y por qué considera que esta es clave en el desarrollo de Colombia?

César Andrés Restrepo: Desde el 2000, en Colombia se ha hecho un esfuerzo inmenso para estabilizar las zonas donde el crimen y la violencia han tenido mayor impacto. La intención de consolidar la presencia institucional ha demandado un esfuerzo considerable en presupuestos, programas institucionales, e incluso ha cobrado la vida de ciudadanos y funcionarios que han luchado contra los criminales que quieren preservar las condiciones para sus actividades ilícitas y que les permiten abusar de la comunidad rural y sacar provecho ilícito de sus recursos.

Sin embargo, esto ha estado muy fundamentado en la capacidad de las Fuerzas Armadas para perseguir y desmantelar las organizaciones, en un ejercicio permanente de debilitamiento que el resto de la estructura estatal no ha aprovechado para impulsar el desarrollo rural y el despliegue efectivo de los servicios institucionales, siendo la justicia una ausencia determinante. Los éxitos de la estabilización no se han traducido en una transformación definitiva de esos espacios hacia una seguridad normal.

Puedo asegurarle que hasta el momento las condiciones de seguridad en las áreas rurales y la mejora de las condiciones de vida de quienes allí habitan o desarrollan sus actividades cotidianas, están estrechamente relacionadas con el despliegue y persistencia operativa de la fuerza pública, pero no por una estructura social, económica y de justicia que así las garanticen.  En esa medida, la relocalización o disminución del esfuerzo de seguridad en las áreas rurales siempre deriva en una recomposición de las estructuras del crimen y un florecimiento de sus actividades.

Esa, tal vez, es una de las razones por las cuales el Acuerdo de La Habana no dio lugar a dinámicas de desarrollo en las antiguas zonas de conflicto. Lo que para negociadores y promotores de la paz era un puerto de llegada, realmente era un punto de partida para la construcción de seguridad y legalidad, por lo cual el fortalecimiento del control territorial y el sostenimiento de las acciones contra toda organización que se mantuviera al margen de la Ley representaba una acción básica, con miras a crear espacios para el despliegue de otras instituciones y continuar construyendo confianza ciudadana en el imperio de la Ley.

En la actualidad, todo el ámbito rural colombiano enfrenta riesgos considerables de la incomprensión de esa dinámica. El fortalecimiento de las economías criminales y las organizaciones que las impulsan traen consigo un crecimiento de la violencia, la corrupción y el control social en los territorios que tienen potencialidad de desborde en zonas en ruta de consolidación o consolidadas, e incluso en aquellas con tradición de normalidad, a causa de fenómenos como la extorsión, el secuestro, la usurpación de tierras y el terrorismo, para poner algunos ejemplos.

Esto da lugar a que sea necesario hacer una pausa y pensar sobre el tipo de transformaciones que debe tener la estrategia de consolidación y normalización de la seguridad en los territorios, con miras a la superación definitiva de los factores de riesgo y la comprensión de los desafíos que suponen la adaptación permanente de los criminales a la acción estatal del control.

Solo hasta que la vigencia del imperio de la Ley deje de ser un objetivo y se convierta en una característica de la ruralidad en Colombia, será posible maximizar los beneficios que está tiene guardados para el progreso de la Nación y el bienestar de todos sus ciudadanos.

R.N.A.: ¿Cómo garantizar seguridad en el campo?

C.A.R.: La seguridad es el resultado de un conjunto de procesos que proporcionan confianza en la institucionalidad, entre los ciudadanos y el imperio de la Ley. Es por esa razón, que la construcción de seguridad no es un asunto estrictamente de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

La consolidación de la seguridad en las áreas rurales requiere una transformación estructural del despliegue de las instituciones de seguridad en esos territorios y una comprensión del servicio de policía, que no abandone la visión de seguridad ciudadana, pero que incorpore un servicio con visión de seguridad pública. Así mismo, revitalizar la acción unificada con una coordinación con las Fuerzas Militares, que garantice el cubrimiento de la totalidad del territorio.

En lo que no corresponde a la misión de seguridad estrictamente, es vital avanzar con la oferta de justicia y con los programas de incorporación de la población en la dinámica productiva del país. De otra parte, está la consolidación de la información catastral, base fundamental para la disminución de los conflictos y la validez del imperio de la Ley.

R.N.A.: ¿Cuál debería ser el modelo de seguridad rural?

C.A.R.: Colombia debe desarrollar un dispositivo de ocupación permanente de las áreas rurales, que se combine con el esfuerzo en seguridad y convivencia ciudadana, lucha contra el crimen y protección de la soberanía. Lograr esto no demanda un cambio significativo de lo que tiene hoy en día, sino un proceso de reordenamiento y fortalecimiento de capacidades.

La Policía Nacional, hoy en día, apoya el trabajo del control del territorio, pero su capacidad en hombres y en equipos es limitada y está más enfocada en la seguridad ciudadana. Este es el momento de que Colombia haga una adaptación del modelo de seguridad y que se anime a tener un cuerpo policial que ocupe los territorios que podrían ser potencialmente usados por criminales. 

Para esto se requiere fortalecer la Policía de Carabineros en al menos 30 mil  efectivos, y dotarla con las capacidades en tecnología, equipos e infraestructura necesarias para posicionarse de manera permanente en el campo. Esto, que puede verse como un aumento del gasto en seguridad, realmente es una inversión enfocada a brindar las condiciones necesarias para que se despliegue el Estado con sus servicios y para que la inversión privada pueda llegar al territorio a crear oportunidades económicas y bienestar social a la comunidad.

R.N.A.: ¿Y es que en Colombia no tenemos policía para las zonas rurales? ¿Qué pasa con carabineros?

C.A.R.: El sistema de seguridad en Colombia es atípico. En otros países hay un cuerpo especial denominado guardia civil o gendarmería, que cumple funciones de ocupación y control del territorio.  En Colombia, la Policía Nacional cuenta con un cuerpo de carabineros destinado a apoyar labores de seguridad ciudadana en el ámbito rural y la lucha contra algunas expresiones criminales específicas, como la minería criminal y la explotación ilícita de recursos naturales, así como la protección del proceso de restitución de tierras, entre otros.

En lo que respecta al control territorial, la Policía Nacional, con sus diferentes direcciones operativas, en coordinación con las Fuerzas Militares, desarrolla operaciones y despliega esfuerzos de cobertura, relacionadas generalmente con la conservación del orden público y la seguridad nacional.

Durante muchos años nos dedicamos a luchar contra las Farc, el ELN, las autodefensas y las bandas criminales. Como la misión no ha concluido se requiere un esfuerzo de cobertura permanente de las áreas rurales, que conduzca a la consolidación de la seguridad.

La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural debe, entonces, proyectarse como un cuerpo que desde la Policía Nacional se enfoque en misiones especializadas de seguridad pública y control del territorio, fortaleciéndose así la cobertura de la protección más allá de la seguridad y la convivencia ciudadana, sin afectar el servicio en áreas urbanas y zonas pobladas.

R.N.A.: ¿Este es un asunto de número de hombres o de capacidad de inteligencia?

C.A.R.: La reconfiguración de la Policía de Carabineros con este objetivo requiere un fortalecimiento integral de sus capacidades. Su personal debe especializarse en funciones de seguridad pública y ocupación del territorio, sin dejar de lado el apoyo a las otras direcciones operativas en su misión de servicio de policía. Debe integrar también, bajo una sola estrategia de seguridad rural, la lucha contra el crimen, dándole una mirada de sistema complejo, y no seccionando su atención por fenómenos, lo que hoy en día da lugar a ineficiencias en los resultados.

De otra parte, debe ser dotada con equipos e infraestructuras especializadas, que garanticen su presencia permanente, el control de las vías de comunicación y la coordinación, en el marco de un sistema de seguridad con las otras direcciones operativas y las Fuerzas Militares.

La Nación debe desarrollar una Policía de Carabineros con una capacidad robusta de comprensión de los fenómenos rurales que afectan la seguridad pública, así como un cuerpo desplegado permanentemente en el territorio, cerrando el espacio a los criminales.

R.N.A.: ¿Cómo garantizarles seguridad a los productores del campo?

C.A.R.: Dos elementos son clave. El primero, es la coordinación y el diálogo con las instituciones. En ese caso, la Policía de Carabineros, a través del Sistema Integrado de Seguridad Rural, tiene como una de sus responsabilidades ser la conexión entre los sectores productivos rurales, las instituciones del Estado y la comunidad, para ofrecer una respuesta efectiva a los desafíos de seguridad y convivencia.

Ese mecanismo, en mi opinión, está siendo desaprovechado. La potencialidad de la Policía de Carabineros, como articulador de la acción conjunta en las zonas rurales, debe ser aprovechada e impulsada por los actores que las ocupan y se le debe brindar todo su apoyo.

Esto permitiría desarrollar el segundo elemento, consistente en la definición de visiones diferenciales que faciliten tener una atención ajustada de las necesidades de seguridad de las áreas rurales. No es lo mismo brindar servicios de seguridad en el Quindío que en el Putumayo. En efecto, un plan de seguridad para un municipio como La Hormiga (Putumayo), debe consultar acciones específicas para ese territorio y trazar un plan que lo conduzca a convertirse en una zona como Filandia (Quindío).

Eso demanda la comprensión diferencial de ambos espacios, para garantizar una utilización adecuada de las capacidades, la definición de criterios de alerta y mejoramiento, pero sobre todo, la construcción de una relación sólida con las comunidades y el asilamiento de los criminales para su desmantelamiento.

R.N.A.: Desde la SAC hemos insistido en algunos asuntos como las vías terciarias, la conectividad digital, ¿esto influye en la seguridad?

C.A.R.: La seguridad genera un marco de estabilidad para que pasen muchas otras cosas: no es un fin en sí mismo. En ese sentido, el impulso a mejores condiciones de convivencia en los territorios –un ejemplo es el programa de mujer rural que ustedes impulsan–; la construcción de vías terciarias; la extensión de la infraestructura de conectividad, que permita un uso productivo de las tecnologías de la información; la creación de instancias judiciales y  notarías, así como el desarrollo de infraestructuras de apoyo a la producción, son las herramientas que permiten que los éxitos en el desmantelamiento del crimen y la violencia sean sostenibles y se cierren los espacios para su resurgimiento.

Solo con una acción multidimensional se podrán cerrar los espacios al crimen. El gran fracaso de Colombia es que durante veinte años intentamos que estas cosas pasaran, pero siempre, los únicos que llegaron fueron las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Nadie más.

Organizaciones como la SAC, los gremios de la minería, quienes impulsan la industria del turismo y las comunidades rurales, deben desarrollar una respuesta robusta de servicios, que genere la estabilidad y la confianza necesarias para sostener la ruta de desarrollo y legalidad que las áreas rurales requieren para su transformación irreversible.