Revista Nacional de Agricultura
Edición 1021 – Diciembre 2021
En las agroexportaciones está la supervivencia del país
En las exportaciones agrícolas está la supervivencia del país.
Colombia cuenta con algo que solo siete países del mundo tienen: la posibilidad real de extender la frontera agropecuaria, lo cual es una bendición. Lo que vemos es que en los últimos cincuenta años, la mayor producción de alimentos y materias primas en el mundo no ha obedecido a la ampliación de la frontera agrícola, sino a mayores productividades. El mundo enfrenta hoy problemas muy complejos: el cambio climático, la escasez de agua y de tierra apta para la agricultura, y lo que se proyecta al 2050 es que la frontera agrícola solo va a crecer 4%. De ahí las ventajas que tiene nuestro país en este sentido. Al 2050, el mundo va a pasar de 8 a 10 billones de habitantes, y la clase media crecerá cerca de 5 billones de personas. La clase media de Asia va a ser más grande que las clases medias de Estados Unidos y Europa juntas, por lo que la demanda de alimentos crecerá 50%. Entonces, tenemos, no la posibilidad real de volvernos un gran exportador de alimentos, sino el imperativo de serlo. En Colombia, 17% de los ingresos del gobierno central provienen de la llamada renta petrolera. ¿Qué va a pasar de aquí al 2030? Pues que los vehículos eléctricos van a llegar a su punto de equilibrio, lo que quiere decir que la demanda de petróleo disminuirá. Los grandes compradores de petróleo serán China e India, antes de que logren su transición energética. ¿Cómo sustituir nuestra dependencia exportadora de petróleo y carbón? Con la exportación de alimentos y materias primas agrícolas. Este es un reto que entraña la supervivencia del país.
Terciarias: a concertar con los departamentos y municipios.
Creo que en los próximos diez años las vías terciarias van a tener un presupuesto muy pequeño: vimos que son $15-16 billones de gasto público de inversión, descontando las vigencias futuras. Ahí hay una plata de regalías que llega a $22 billones, que el gobierno de alguna manera tiene que concertar con los departamentos y municipios para hacer vías terciarias y llegar a las zonas donde haya más densidad poblacional y una actividad económica más fuerte.
Necesitamos una reforma agraria inteligente.
Las unidades agrícolas familiares (UAF) son producto de las buenas intenciones, pero constituyen una imposición legal. Si hablo de mi departamento, el Huila, la UAF es de 10-11 hectáreas, aunque el promedio de las fincas en la región sur es de 3 hectáreas: no hay UAF. ¿Por qué? Porque la ley de reparto por igual, la ley sucesoral, siempre termina siendo más poderosa que la que dice que no puede haber una extensión inferior (la UAF). La UAF en la altillanura es de 1.200 hectáreas, pero como allá no hay circuito económico, no hay integraciones verticales alrededor de grandes producciones exportables, pues el dueño de esa tierra solo va a poder tener unas vacas. Yo creo en la justicia en el acceso a la tierra, pero eso tiene que hacerse de forma inteligente. El ejemplo que más me emociona es el de la palma de aceite en María La Baja. Era un antiguo distrito de riego construido por Carlos Lleras Restrepo, donde se hizo una reforma agraria, con distribución de la tierra. ¿Pero qué se veía hasta hace unos veinticinco años? Una contrarreforma agraria, porque el campesino, que siguió produciendo arroz, pero con muy bajos rendimientos, poco acceso al crédito y muchas dificultades económicas, tuvo que vender su tierra. ¿Qué se hizo allá? Se montó un circuito económico: un gran productor, con planta extractora, que permite integrar como socios a los pequeños productores. Ahora, bien, en Caquetá y Meta hay un triángulo conformado por Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Macarena, donde yo puedo hacer mañana una reforma agraria como presidente, repartiendo tierra, y en una UAF de 250 hectáreas, el campesino va a poder tener igual número de vacas de 4-5 litros de leche, que puede ser un buen negocio para él, pero eso, ¿qué le aporta al país?, ¿dónde está la producción de alimentos?, ¿qué estaríamos exportando? Lo que se necesita es una reforma agraria inteligente, que le permita al Estado concentrar baldíos para establecer una gran producción de palma de aceite, soya, maíz, etc. Se vería una UAF más pequeña pero el campesino viviría en mejores condiciones
Para despolitizar las instituciones oficiales.
El problema que tienen los gobiernos de Colombia es cómo construir la gobernabilidad. Un gobierno que no tenga mayoría en el Congreso es un gobierno eunuco. Al candidato que diga que no se va a sentar con el Congreso, no lo vayan a elegir. En una democracia se gobierna con el Congreso, gústenos o no. La legitimidad de un gobierno no solo reside en su elección, sino en su capacidad de hacer cosas y en su eficacia. Lo que hay que hacer es sincerar las reglas presupuestales con el Congreso. No hay Congreso en el mundo que se prive de participar en la asignación presupuestal. Pero como este es un país hipócrita, decimos que el congresista no puede meterse con el presupuesto. Pongamos la plata sobre la mesa, construyamos la gobernabilidad sobre la base de la transparencia, pongámosle un foco y permitamos que el congresista pueda llevar recursos a sus regiones, pero vigilándolo para que no se los robe. De esta manera, usted construye gobernabilidad y le dice al congresista: yo le doy plata para su región, pero no meta mano en los puestos oficiales. Así despolitizamos las instituciones de sector.
El campo necesita un régimen laboral específico.
El Código Laboral Colombiano fue diseñado para un señor que llega al trabajo a las ocho de la mañana, marca tarjeta y sale a las cinco. Pero es un absurdo regular todas las actividades laborales con un mismo modelo, cuando, por ejemplo, en el campo las cosas son muy distintas a las de la ciudad. Yo no soy de la idea de que acabar o flexibilizar todo el régimen central, sino de crear regímenes para cada realidad. El campo necesita un régimen laboral específico, como también lo necesitan, por ejemplo, los camioneros, a quienes no les puedo aplicar el Código Laboral, porque trabajan a muy distintas horas. Para el campo, me atrevería a pensar que el jornalero necesita un régimen, y otro el mayordomo.
La clave está en los drones armados.
Para muchas personas, el Estado es un ente alejado, acantonado en Bogotá, cuya única presencia efectiva son las Fuerzas Armadas y la Policía. El alcalde es un actor político local, no es el Estado. El Estado tiene que ejercer una presencia coherente. Yo soy de la tesis de que paralelo a la descentralización, sin menoscabarla, debe haber una desconcentración del gobierno central, con una institución coherente con ese Estado ahí presente, como existe en muchos países, entre ellos España, donde hay delegados del gobierno en los territorios, como coordinadores de las diferentes agencias del Estado. Aquí, los gobernadores y los alcaldes tienen una institucionalidad muy extraña porque son a su vez agentes seccionales y delegados del presidente en materia de seguridad, pero siempre en ellos va a primar su lógica seccional (…) Entonces, debe haber un Estado desconcentrado, con prefecturas, delegados del gobierno, intendentes o como se llamen, muy útiles ante los problemas de orden público porque permiten una coordinación con el gobierno central.
Al gobierno le ha costado entender la nueva dinámica de inseguridad que hay en el territorio colombiano. En el gobierno de Uribe había la Seguridad Democrática, que consistía en derrotar a las Farc, copando sus territorios y erradicando coca. Pero hoy, con la desmovilización de las Farc y los paramilitares, que concentraban el negocio del narcotráfico, este se expandió por muchas otras partes, con una cantidad de organizaciones, unas pequeñas y otras no tanto, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, a las que no les interesa tomarse Unión Peneya (Caquetá), sino controlar población mediante el terror, pero sin la lógica subversiva. Creo que al gobierno le ha faltado entender esa realidad, sin repetir las fórmulas de la Seguridad Democrática. Lo que se deben tener son herramientas para dar de baja a esos cabecillas, cosa que se logra con inteligencia y drones armados. Si usted tiene trescientos de esos aparatos volando por todo el territorio nacional, pues tiene un ojo invisible que impide que los bandidos tengan un lugar seguro en el país.
Al presidente que se le ocurra ponerle IVA a la comida hay que tumbarlo.
El 2022 va a ser un año de muchas presiones inflacionarias por los alimentos. Toda la disrupción del comercio y de la exploración y explotación petrolera ha llevado a que el precio de los agroinsumos se dispare. Miremos la tasa de inflación de Estados Unidos, la más alta desde 1982. Miremos la inflación de Brasil. Y, ojo, la inflación es factor de estallido social. Entonces, al presidente que se le ocurra ponerle IVA a la comida hay que tumbarlo.
Hay que establecer el control administrativo de legalidad.
Descentralizar implica transferir competencias y plata a los departamentos y municipios, cuyas cabezas son personas jurídicas distintas al Estado, libres y autónomas, porque la Constitución así lo dice. Pero si bien esos señores, y los directores de las CAR, son libres, dicha libertad no significa libertinaje, no significa que puedan violar la Ley. Entonces, el gobierno central tiene que diseñar controles nuevos sobre los gobernadores, alcaldes y las CAR para que su libertad de decidir se ejerza conforme a la Ley. Yo tengo un proyecto diseñado que dice: señores de la CAR, gocen de su libertad, pero cuando expidan una resolución o tomen una decisión, pónganlo en conocimiento de una oficina del gobierno central, encargada de la revisión legal correspondiente. Esto se llama control administrativo de legalidad, que existe en Francia, en Alemania y en otros países. Así, las CAR, entre otras cosas, dejarían de legislar, no abusarían y se le pondría coto a la corrupción, que nace de la excesiva libertad. Lo mismo con los departamentos y municipios: tomen sus decisiones, pero déjenselo saber el gobierno central.
El gobierno debe saber cuándo aplicar la ley a rajatabla.
Como a los alcaldes les queda muy difícil tomar ciertas decisiones, debe haber eslabones del gobierno central que lo hagan en situaciones de orden público. Ahora bien, la protesta tiene un límite. Lo que vivimos entre abril y junio de este año fue un estallido social terrible por todos los errores que ha cometido este gobierno. Pero detrás del estallido se perfilan los demonios de la sociedad, que aquí fueron el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el narcotráfico. La Revolución Rusa de marzo de 1917, era una revolución democrática, pero detrás estaban los demonios: los bolcheviques. Lo mismo pasó con la Primavera Árabe. Esos demonios causan caos y destrucción para capitalizarlos políticamente. No puede volver a ocurrir un bloqueo a Buenaventura de dos meses porque eso es criminal contra toda una población, contra todo el país. Como tampoco se puede volver a permitir el bloqueo de la vía Panamericana, ni dejar sitiar a una ciudad como Cali. El gobierno debe saber cuándo hay diálogo y cuándo se aplica la ley a rajatabla.
El comercio exterior.
La integración andina, que es tramposa, nos serviría mucho si la perfeccionáramos, porque bien o mal el tejido industrial que construimos en los años 69 y 70 se hizo para venderles a los países de la subregión. Con Estados Unidos y con Europa hay tres asuntos que a mí me chochan: el farmacéutico, el de la leche y el del arroz. En cualquier país del mundo son esenciales el sector agrícola y el sector farmacéutico (al año importamos US$2.500 millones, un mercado que no podemos seguir regalando, aunque no vamos a sustituirlo todo). En el caso de la leche también hay abusos con las importaciones masivas porque desploman el precio, pero tal vez la solución no esté en cerrarnos, como lo propone la izquierda, sino en aumentar la productividad, a través de la estabulación. Lo mismo pasa con el arroz, para el cual hay que aumentar la capacidad de almacenamiento. Uno de los problemas de esta industria es que, ante perspectivas de buenos precios, se siembra sin medida y caen los precios.
Mi legado para el sector agropecuario.
Mi gobierno habrá ampliado la frontera agropecuaria, habrá creado zonas de integración vertical en agricultura comercial para la exportación, todo con justicia en el acceso a la tierra. Vamos a entregar baldíos en concesión, como se entrega un pozo petrolero. Vamos a hacer que grupos económicos se vuelvan multinacionales. Vamos a crear un sistema de financiación de infraestructura. Tumaco será el gran puerto “verde” del país. Seremos un gran exportador de alimentos. Habrá una gran inversión de regalías en vías terciarias.
