Revista Nacional de Agricultura
Edición 1008 – Octubre 2020

El país produce bienes y servicios por US$18.90 por metro cúbico de agua extraída, contra US$27 del promedio de los países de ingresos medios. Revela estudio del Banco Mundial.

Colombia es uno de los países con más abundancia de agua en el mundo. Debido a la inmensidad de sus recursos hídricos: lagos de montaña, acuíferos profundos, arroyos, ríos y los vastos humedales andinos conocidos como páramos, entre otros, puede dar la impresión que la disponibilidad de agua y los recursos hídricos son inagotables y perennes. Sin embargo...”

Esto se lee en el resumen ejecutivo de Colombia, un cambio de rumbo. Seguridad hídrica para la recuperación y crecimiento sostenible, un informe del Banco Mundial. Este resumen, que tiene como destino los formuladores de políticas y otras audiencias, “muestra la síntesis de los impactos de los choques hídricos (demasiada agua, muy poca, muy contaminada) sobre los resultados económicos en Colombia, que se basó en un modelo que combina variables hidrológicas con aplicaciones econométricas”.

Continuemos: “….Sin embargo, una mirada más detallada a la forma como se gestionan y usan los recursos hídricos en Colombia revela claros desafíos. Las precipitaciones varían significativamente de un año a otro y de una estación a otra, debido a los fenómenos de variabilidad climática, incluidos El Niño y La Niña. El cambio climático está amplificando estas anomalías, propiciando que las inundaciones y sequías sean más frecuentes y de mayor magnitud. La disponibilidad de agua está desequilibrada con la demanda, y esta trayectoria aumentará aun más la inseguridad hídrica en Colombia”.

Pero además, dice el trabajo, muchos cuerpos de agua están contaminados, lo que afecta la salud pública, aumenta los costos del tratamiento del agua potable y reduce el uso potencial para otros sectores como la agricultura. Y revela que Colombia es relativamente ineficiente en términos de productividad del agua, si se compara con el promedio mundial: produce bienes y servicios por US$18.90 por metro cúbico de agua extraída, contra US$27 del promedio de los países de ingresos medios.

Frente a este desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua, y la contaminación,  “el país se debe mover rápidamente para atender las señales de inseguridad hídrica si se pretende cumplir con las metas ODS. Si no se controlan estas tendencias, se podrían frenar las aspiraciones de Colombia de un crecimiento sostenido y resiliente en la próxima década”. Y aunque reconoce los esfuerzos del gobierno nacional (Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS), considera que su visión para el agua requiere priorización y recursos humanos y financieros para garantizar el éxito.

Esos choques hídricos que vive Colombia, afectarán a la economía colombiana, a menos que aumenten las inversiones y el gasto público en el sector. En efecto, el modelo de Equilibrio General Computable (EGC) indica que las pérdidas podrían ser al menos 1.56% de PIB para eventos que son altamente probables y que son menos extremos, mientras que las pérdidas para eventos extremos de sequía con baja probabilidad serían de 2.31%. Un efecto de la escasez de agua, sería la amenaza a la que se verían expuestas las cadenas de suministro.

Frente a lo anterior, el estudio dice que el país tiene instrumentos de respuesta: el Plan Nacional de Riego (2020) y la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de la Sequía en Colombia (2018).

Los mayores impactos en el PIB resultarían de la ocurrencia de inundaciones extremas con diferentes probabilidades de ocurrencia, en donde los impactos oscilan entre 2.76 y 3.08% del PIB. El límite inferior de 1.56% de impacto en el PIB es comparable con el déficit del sector público del gobierno de Colombia, mientras que el límite superior de 3.08% de impacto en el PIB es comparable con el déficit en la cuenta corriente externa y el déficit fiscal de Colombia, antes del covid-19”, asegura el documento. Estos impactos en el PIB podrían agravar aun más la recesión económica causada por el covid-19.

Este estudio explora el impacto del agua en cinco ámbitos principales:

Agua y desarrollo territorial: El agua como elemento clave del desarrollo territorial en línea con la política nacional para desarrollar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Agua y capital humano: El efecto del agua contaminada y la falta de agua segura, saneamiento e higiene en la salud, la educación, la fuerza laboral y el crecimiento económico futuro.

Agua y resiliencia: Riesgos relacionados con el agua y resiliencia de los servicios hídricos para hacer frente a los choques externos, incluidos el clima y otros factores tensionantes, como la emergencia Covid-19.

Agua y ecosistemas: Los cambios en el uso de la tierra y el impacto de los servicios ecosistémicos en el almacenamiento de agua, la regulación de las descargas y en la mejora de la calidad del agua.

El agua y la economía circular: Las aguas residuales como recurso valioso que generan flujos de financiamiento adicionales para ayudar a mantener las inversiones en saneamiento.

El agua en Colombia: Un enorme potencial con desafíos crecientes

Colombia ya está experimentando síntomas de inseguridad hídrica. Estos incluyen sequías en La Guajira que afectaron a 200 mil habitantes (la mayoría de ellos miembros del grupo indígena Wayuu), la alta contaminación en diversos cuerpos de agua, lagos y litorales, así como los deslizamientos, inundaciones y flujos de lodo en Mocoa que mataron a cientos de personas con inundaciones y flujos de lodo en los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato. La contaminación aguda está presente en el río Bogotá, que ha quedado sin vida por las aguas residuales sin tratar. Al mismo tiempo, la sobreexplotación hídrica y los cambios en el uso del suelo ponen en peligro importantes ecosistemas en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, así como en los Páramos de la región Andina, que son vistos como los motores del agua del país, abasteciendo ciudades que incluyen Bogotá, Cali, Bucaramanga, y otras ciudades. El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano (Irca), definido según el Decreto 1575 en Colombia ubica a 289 municipios con alto o muy alto riesgo sanitario por baja calidad del agua. Continúa el estudio:

Un desajuste entre la disponibilidad de agua dulce y la demanda concentrada hacen que Colombia sea muy vulnerable a los riesgos de escasez de agua en el futuro. El país cuenta con casi 43 mil metros cúbicos de agua per cápita año. Pero según la OCDE, el desequilibrio entre disponibilidad y demanda ha provocado que más de un tercio de la población urbana ya viva bajo el estrés hídrico, especialmente en la costa Caribe. Durante las últimas dos décadas, la dotación de agua en Colombia ha disminuido en algunas de sus macro-cuencas por el cambio climático y el crecimiento de la población, poniendo en riesgo la disponibilidad en numerosos municipios. Los Estudios Nacionales del Agua (Ideam, 2014 y 2018), indican que el número de municipios que ya están en riesgo de escasez asciende a 391.

En esta década, el estrés hídrico entrará en juego para las macrocuencas del Orinoco y el Caribe. Para la década del 2030, Magdalena-Cauca, Amazonas y Pacífico podrían tener con mayores riesgos de volverse hídricamente inseguras si no cambian drásticamente las trayectorias o la demanda, incentivos, instituciones y las dotaciones con el tiempo.

El cambio climático está aumentando las anomalías en las precipitaciones, alterando los recursos hídricos en Colombia, particularmente desde hace dos décadas. Los modelos climáticos recientes predicen que las temperaturas promedio en Colombia aumentarán hasta 2.14°C para el cambio de siglo. Las regiones del norte y sureste se volverán más secas y los Andes centrales se humedecerán. El resultado probable es un mayor número de sequías e inundaciones, El Niño y la Niña más frecuentes e intensos, y la continuidad en la pérdida rápida de glaciares.

Los recursos de aguas subterráneas en el país no se miden ni administran adecuadamente, a pesar de que estas podrían ser una reserva estratégica durante largos periodos de sequía. La capacidad de almacenamiento de agua subterránea se conoce de manera confiable solo en algunas regiones, como el Valle del Cauca, donde gran parte del cultivo de la caña de azúcar depende de este recurso durante los periodos secos. Aunque las regulaciones ambientales exigen licencia a cada pozo de agua y bomba, tengan licencia, el gobierno tiene una capacidad limitada para emitirlas.

La contaminación está impactando cada vez más las aguas de Colombia y dañando sus ecosistemas. La menor disponibilidad de agua no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad del agua como resultado de las aguas residuales sin tratar de los hogares, la industria y la minería, así como de los efectos de la deforestación.

El Índice de Calidad del Agua (ICA) muestra que el sector industrial es el mayor contribuyente de carga orgánica neta que se descarga a los cuerpos de agua, estimada en 51% en la demanda biológica de oxígeno (DBO), 62% en química, demanda de oxígeno (DQO), con respecto a la carga total agregada por los tres sectores (agricultura, industria y doméstico).

Para enfrentar estos desafíos, Colombia ha dado pasos importantes al diseñar e implementar una serie de programas y políticas destinadas a aumentar la seguridad hídrica. La Política de Crecimiento Verde del gobierno, por ejemplo, reconoce la inversión en infraestructura de tratamiento de aguas residuales como un ingrediente clave para una mejor seguridad hídrica. Otras iniciativas importantes incluyen el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima). Sin embargo, estas iniciativas aún no logran atender las debilidades institucionales existentes.

El sector hídrico en Colombia se rige por numerosas agencias, leyes y fuentes de financiamiento, fragmentando el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas e inversiones. El marco actual, derivado de la Constitución de 1991, incluye múltiples instituciones estatales que trabajan a escalas nacional, municipal y local, creadas para abordar las deficiencias en el diseño inicial del marco o los cambios en el contexto. El resultado es un marco institucional fragmentado con poca coordinación entre las innumerables funciones amplias del sector.

Colombia carece de suficiente información técnica para la toma de decisiones acertadas sobre inversiones en seguridad hídrica y transparencia en la implementación de políticas. En comparación con otros países de la región, Colombia tiene muchos datos disponibles. El Ideam, por ejemplo, ha realizado un extenso trabajo técnico en los últimos años con la publicación de tres ENA consecutivos (2010, 2014 y 2018). Aun así, las cantidades actuales y la calidad de los datos y las metodologías de análisis deben complementarse con informaciones cualitativas para la toma de decisiones.

Servicios hídricos para la agricultura

En términos de volumen, la mayor demanda y uso de agua en Colombia proviene de la agricultura, pero su participación en la demanda total ha disminuido en la última década, a medida que otros sectores de la economía aumentan su consumo. Solo alrededor de 6% de la tierra potencialmente irrigable está conectada a algún tipo de sistema de riego. Se espera que la demanda de agua del sector aumente bastante, con una tendencia de 5% cada 4 años. Sin embargo, el sector extrae casi la totalidad del agua disponible. Según el Ideam, la proporción de agua extraída por el sector agrícola ha disminuido en la última década, con otros sectores consuntivos a la alza. Por ello, el gobierno planea aumentar los actuales 1.1 millones de hectáreas de tierra bajo riego a 1.7 millones en los próximos veinte años. Hoy, el agua a menudo es de mala calidad y se desperdicia en la distribución, lo que aumenta los costos de la producción agrícola y reduce los rendimientos del sector.

En la medida en que la pandemia ralentiza la economía colombiana, las cadenas de abastecimiento de alimentos se ven afectadas, reduciendo los ingresos agrícolas, acelerando la pérdida de empleo y cambiando la disponibilidad de alimentos en los mercados locales. Sin embargo, la perspectiva a mediano plazo con la pandemia para los precios de alimentos es poco clara con una pérdida esperada de demanda combinada con costos crecientes de productos importados y consumo más alto de agua para reforzar la higiene de los productos agrícolas.

Estos impactos pueden reformar la manera como las políticas del sector hídrico hacen interfaz con el agro para asegurar la continuidad de los suministros de alimentos y minimizando riesgos, con el fin de fomentar la Seguridad alimentaria. Según el Plan Nacional de Riego, las inversiones para mejorar la infraestructura de riego incrementarán la productividad y reducirán la demanda de agua. Esto también requiere una mejor comprensión de qué tipo de tecnologías serán las más adecuadas en las diferentes circunstancias que ofrece el país.

La infraestructura de represas, desvíos y canales que Colombia ha construido en las últimas décadas en un esfuerzo por mejorar el riego y otros servicios de agua tiene problemas operativos sustanciales. Muchos sistemas están en decadencia. Solo hay información limitada disponible sobre el estado real de los distritos de riego, pero las estimaciones indican que alrededor del 75% de la capacidad instalada no funciona. Algunos proyectos siguen sin terminar incluso después de absorber grandes inversiones, como los proyectos Ranchería, Tesalia Paicol y Triángulo de Tolima. Estos proyectos ahora están designados en el PND como prioridades para impulsar la producción agrícola. El riego podría aumentarse no solo con sistemas a gran escala sino también, dependiendo de las circunstancias locales, con iniciativas a menor escala que cosechen lluvia o usen agua subterránea. Esto reforzaría en gran medida la productividad agrícola. El gobierno colombiano está interesado en incorporar al sector privado para que participe en el logro de los objetivos hídricos del sector.