Revista Nacional de Agricultura
Edición 1008 – Octubre 2020
Como una iniciativa que afectaría al sector agropecuario del país, calificamos al Proyecto de Acto Legislativo 008 del 2020, que busca prohibir “el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas”, el cual significaría además un retroceso en el campo colombiano y en la estabilidad social y económica de los productores agropecuarios, especialmente de los más pequeños.
Dicho proyecto, que es inconstitucional, ya que va en contravía del Artículo 65 de la Carta Magna, que obliga al Estado a brindar especial protección a la producción de alimentos y a promover la investigación y la transferencia de tecnología para la producción agropecuaria, resulta inconveniente, entre otras razones, porque:
Busca acabar con la que se ha constituido en una herramienta fundamental para hacerle frente a los retos del cambio climático, ya que las semillas transgénicas permiten utilizar menos recursos y tierra, disminuyendo la huella ecológica del país y haciendo el sector agropecuario más sostenible, porque permite un mejor uso de plaguicidas y una mayor eficiencia por área usada.
Afecta el ingreso de miles de productores del campo, especialmente de los más pequeños, en veintiún departamentos del país, a quienes esta tecnología les ha permitido mejores rendimientos y más productividad, que se traducen en una mejor calidad de vida.
Desestimula la producción interna del país, que hoy tiene la capacidad de producir los alimentos para los colombianos, haciéndonos más dependientes de las importaciones y limitando la oportunidad que tenemos de que nuestros productos nacionales lleguen al mundo.
Para la SAC resulta incomprensible que desde el Congreso de la República se promuevan este tipo de iniciativas que se suman al impacto negativo que la pandemia ha tenido sobre el campo colombiano y sobre la rentabilidad de los productores del sector. Por eso, hacemos un respetuoso llamado a que se promuevan proyectos que contribuyan y sumen a la reactivación económica de Colombia, y no a desestimular la actividad agropecuaria, que en esta coyuntura le ha cumplido a carta cabal al país.
Reiteramos que la aprobación de este proyecto sería un retroceso enorme para los productores del campo, para la competitividad, para la ciencia y para la economía del país, y por eso solicitamos archivar esta iniciativa que atenta contra la autonomía de los productores agropecuarios y, en general, contra la seguridad alimentaria de Colombia.