Revista Nacional de Agricultura
Edición 1023 – Marzo 2022
El país necesita la consolidación de una bancada del sector agropecuario. Presentamos la agenda que el legislativo puede desarrollar en favor del campo colombiano a partir del próximo 20 de julio.
El pasado 13 de este mes, 18.4 millones de colombianos cumplieron con el deber ciudadano de votar y elegir el nuevo Congreso de la República para los próximos cuatro años, y 12.2 millones votaron en las consultas interpartidistas.
En cuanto al resultado de las consultas, Gustavo Petro fue elegido como el candidato presidencial del Pacto Historico, con una votación de 4.495.831 sufragios; el ganador por el Equipo Colombia fue Federico Gutierrez, con 2.161.686, y en la Coalición de la Esperanza la victoria se la llevó Sergio Fajardo, con 723.475 votos.
Si se comparan los resultados de estas consultas con los de hace cuatro años, se puede hablar de una especie de giro de 180 grados en las fuerzas políticas del país. En el 2018, la Gran Consulta por Colombia, que eligió al entonces candidato Iván Duque Márquez, obtuvo la mayoría de votos: más de 4 millones, mientras que el candidato de la consulta de la izquierda, denominada Inclusión Social para la Paz, Gustavo Petro, obtuvo 2.8 millones, número que aumentó a 4.4 millones este 13 de marzo.
El efecto de las consultas también se vio reflejado en la elección del Congreso, y como veremos más adelante, también dibujó un nuevo tablero político, que supone un reto para la gobernabilidad del próximo gobierno.
La conformación del Congreso de la República es fundamental para determinar las coaliciones que harán mayorías y las bancadas que se unirán en oposición. Desde el 2018 entró en vigor el Estatuto de la Oposición (Ley 1909), según el cual todos los partidos y movimientos políticos están en la obligación de hacer su declaración política frente a los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal en ejercicio. En ella, deben manifestar si quieren hacer parte del gobierno, ser independientes o pertenecer a la oposición.
Recordemos que el Congreso de la República está integrado por el Senado (108 curules) y la Cámara de Representantes (187), y que en estas elecciones se incorporaron las 16 curules de paz.
Veámos cómo les fue a los partidos y cómo se lograrán las mayorías. El gran ganador de la contienda fue, sin lugar a dudas, el Pacto Histórico, que pasó de 3 curules a 20 en el Senado, y de 4 a 29 en la Cámara de Representantes. Le sigue el Partido Liberal, logró 14 asientos, y redujó 2 en Cámara, para quedar con 33. La tercera fuerza en el Congreso la conforma el Partido Conservador, con 15 curules en Senado, y 6 más en Cámara, para un total de 27.
La Coalición de la Esperanza aumentó su participación conjunta, tanto en Senado como en Cámara, logrando 13 senadores y 16 representantes.
Por su parte, el Centro Democrático, Cambio Radical y la U, redujeron significativamente su participación en el Legislativo. El Centro Democrático pasó de 19 a 13 senadores, y de 32 a 16 representantes; Cambio Radical, de 16 a 11 en el Senado, y de 30 a 18 en la Cámara, y la U quedó con 10 senadores y 16 representantes*.
Con este panorama, ninguna colectividad política tiene la mayoría per sé, por lo que se requerirá la conformación de coaliciones para sacar adelante la agenda política del próximo gobierno.
En el Senado, si sumamos los votos del Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, la U y Mira-Colombia Justa Libres, se obtendrían 53 de los 55 votos, en contraste con los partidos de izquierda, que sin contar la Coalición de la Esperanza sumarían 25 votos, mientras que en el escenario en el que los liberales y la Coalición Centro Esperanza se declararan independientes al gobierno, tendrían 29 votos, lo que les daría un mayor margen de incidencia en los debates y votaciones.
En la Cámara de Representantes el panorama cambia bastante con la entrada de las 16 curules de las circunscripciones especiales de paz y los nuevos movimientos políticos. Sin embargo, siguiendo la lógica de la coalición de fuerzas del Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, la U y Mira-Colombia Justa Libres, sumarían 78 de los 94 votos requeridos, lo que refleja la necesidad de concertar la agenda legislativa con el Partido Liberal o demás partidos políticos, muy similar al panorama que vimos en el cuatrenio 2018-2022, cuando el Partido Liberal definió las mayorías en la Cámara.
Adentrándonos en los perfiles de los congresistas electos, celebramos el incremento de la la participación femenina en el Congreso: 33 senadoras y 52 representantes. Queda clara la importancia de las listas alternadas o “cremallera” y la Ley de Cuotas. Esperamos que este nuevo bloque femenino fortalezca las políticas en pro de las mujeres, en especial que la mujer rural esté en el centro de la agenda legislativa.
En cuanto a la renovación del Congreso, 43% de los senadores repite, con lo cual la renovación aparente es de 57%. Ahora bien, si se incluyen los que pasan de Cámara a Senado, la renovación sería de 42%, y si se incluyen los familiares elegidos, la renovación sería menor.
La renovación de la Cámara de Representantes fue abrumadora: 76% de esta colectividad son congresistas nuevos, entre los que se encuentran influenciadores, activistas, exconcejales y personajes de la farándula, para solo citar algunos.
Entre las caras nuevas del Congreso resaltamos al senador más votado de la Coalición de la Esperanza, el “influencer” Jonathan Ferney Pulido, un joven de Bucaramanga que cuenta con más de 60 mil seguidores en sus redes sociales, y que se hizo famoso en medio del paro nacional por sus fuertes críticas al gobierno de Iván Duque.
En la Cámara de Representantes se resaltan las activistas Caterine Juvinao y María Fernanda Carrascal, el presentador Agmeth Escaf, la líder estudiantil Jenifer Pedraza, la exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia Julia Miranda, el exconcejal de Medellín Daniel Carvhalo, y el exconcejal de Bogotá Andrés Forero.
Esta renovación implica un reto adicional para la conformación de mayorías, por lo que se auguran debates profundos en torno a las reformas estructurales que deberá impulsar el próximo gobierno, como la tributaria, la pensional, los resultados de la Misión de Empleo, el regimen laboral y las medidas tendientes a contener la inflación y reactivar la economía.
En cuanto a la agenda del sector agropecuario, el país enfrenta un desafío mayúsculo. El impacto en el mercado internacional de insumos y materias primas, causado por la invasión de Rusia a Ucrania, sumado a la inflación, la crisis de los contenedores y las multimillonarias pérdidas por los bloqueos, amenazan la seguridad alimentaria de nuestro país.
Se requiere la pronta consolidación de una bancada del sector agropecuario, en la que trabajen de la mano congresistas y gobierno, y en la que primen el interés nacional y la busqueda de soluciones conjuntas que protejan a los productores del campo y garanticen la seguridad alimentaria de los colombianos.
En la SAC hemos identificado una serie de medidas preliminares para hacer frente a la crisis:
- Fortalecimiento adicional de transferencias económicas para la compra de alimentos a los consumidores más vulnerables.
- Apoyo económico a productores, para amortiguar el costo de sus insumos; líneas de crédito diseñadas específicamente para atender esta situación, con enfoque en tasa de interés y periodos de gracia.
- Mecanismos de priorización de beneficiarios, en función de la contribución sectorial a la nutrición de los colombianos, del peso de los alimentos en el gasto de los hogares, particularmente de los de menores ingresos, y de la generación de empleo.
- Seguimiento a los canales de comercialización para evitar fenómenos especulativos. Gestión diplomática y comercial para asegurar suministro de volúmenes de insumos y materias primas.
- Fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de insumos y productos agropecuarios y de las compras públicas de alimentos e insumos.
- Generación de incentivos para impulsar la inversión en producción nacional de materias primas y fertilizantes, según la viabilidad técnica y económica, el potencial de mercado y las características de sus cadenas de valor y relación con otros sectores de la economía nacional.
Lo anterior requerirá el compromiso de todos los sectores para incrementar el presupuesto del sector agropecuario, así como para garantizar la inversión en vías terciarías, bienes públicos para el campo, fortalecer las entidades del sector e impulsar la productividad.
Por otra parte, siguen los grandes pendientes del Legislativo con el campo colombiano. La indiscutible necesidad de que el sector la rural cuente con un régimen laboral propio: no se le puede seguir dando la espalda a 86% de los trabajadores rurales que hoy no cuentan con ningún esquema de protección social. Tal como lo señala la Misión de Empleo, el régimen laboral en Colombia funciona mal; pero, debemos decir que el regimen laboral en el campo funciona peor.
La seguridad jurídica sigue sin resolverse. En los cuatro años de legislatura del Congreso actual no se le dio trámite al proyecto de Ley de Tierras que dejó el gobierno anterior, el cual ya cuenta con consulta previa. Esperamos que el nuevo Congreso lo saque adelante.
Reiteramos nuestro llamado a la bancada femenina para que lidere la agenda de la mujer rural, garantice el presupuesto para los programas que fortalezcan la empresarización de las mujeres y cierren las abismales brechas de género que tiene el campo.
Por la conformación del nuevo Congreso se vislumbra una agenda ambiental, que incluye la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de tribunales ambientales y la especialidad agraria. Reiteramos nuestra preocupación sobre este tipo de iniciativas que contribuyen a fomentar la inseguridad jurídica para las inversiones que se pueden dar en el campo, y que sin duda impulsarían el desarrollo social y económico del sector rural.
Sin duda, el sector agropecuario tiene un rol protagonista en la reducción de emisiones, captura de CO2 y uso sostenible de los recursos hídricos, por lo que esperamos que en las discusiones en el Congreso se construyan soluciones de la mano del sector productivo y se creen los incentivos necesarios para acelerar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible, sin menoscabar el sustento de los productores agropecuarios.
Sin más preámbulos damos la bienvenida al nuevo Congreso y reiteramos nuestro compromismo con el fomento de políticas públicas en pro del sector agropecuario.