Revista Nacional de Agricultura
Edición 1016 – Julio 2021

Con el inicio de una nueva legislatura también inicia el último “respiro” del Gobierno del Presidente Duque para llevar al Congreso de la República iniciativas que contribuyan a fortalecer la recuperación de la economía y el empleo, luego de la aparición del coronavirus, y también para dejar nuevas herramientas que generen claros beneficios para los colombianos, independientemente de quién llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022.

En el caso del sector agropecuario, tanto el Gobierno como el Congreso, todavía tienen la oportunidad de contribuir a la atención de temas estructurales de nuestra ruralidad, en los cuales le hemos insistido al Gobierno desde el mismo momento en que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales para el periodo 2018-2022.

La indiscutible necesidad de que el campo cuente con un régimen laboral propio debería tener una gestión clara en esta legislatura. Es una vergüenza que Colombia tenga una tasa de informalidad laboral en la ruralidad de 86%. Desde que inició el Gobierno les suministramos a los ministros de Trabajo que ha tenido esta administración, el texto de lo que consideramos puede ser una herramienta para atender esta gravísima situación, y nada ha pasado. Y como lo dijimos cuando se lanzó la famosa misión de empleo, el país rural no puede esperar a las recomendaciones de “expertos”, sobre todo frente a un problema tan evidente y que cuenta, al menos de nuestra parte, con una propuesta clara para ser tramitada en el Congreso de la República.

La seguridad jurídica sigue siendo un asunto sin resolver. El Gobierno anterior dejó radicada en el Congreso de la República la ley de tierras, y una vez posesionado el nuevo Gobierno, el entonces Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, buscó sacarla adelante en el Congreso, pero desafortunadamente pasó el tiempo y se hundió por falta de debate. Y por el contrario, vemos con preocupación la insistencia del Gobierno en iniciativas como el acuerdo de Escazú y algunos artículos de la Ley de Especialidad Agraria, entre otros, que contribuyen a fomentar la inseguridad jurídica para las inversiones que se pueden dar en el campo, y que sin duda impulsarían el desarrollo social y económico de la ruralidad que tanto necesita Colombia.

En buena hora, el Gobierno radicó en el Congreso una nueva versión de la reforma tributaria. En su texto, tal como fuera el compromiso del Presidente de la República luego del retiro de su primera iniciativa, y tal como lo insistimos desde el año 2018, no se toca el IVA y tampoco se incorporan, como se lo planteamos tanto al exministro Carrasquilla como al Ministro Restrepo, impuestos al consumo de agroinsumos fundamentales para la competitividad y cuidado de los cultivos de los productores agropecuarios. Confiamos que en el Congreso saquen adelante esta reforma, manteniendo inalterado el texto radicado por el Ministro José Manuel Restrepo.

El Gobierno ha presentado también su apuesta presupuestal para el 2022. Y en lo agropecuario francamente el panorama es preocupante. Claro, indiscutiblemente, el Gobierno debe hacer un apretón presupuestal por las razones por todos conocidas, pero también es claro que las instituciones públicas del sector agropecuario requieren recursos para llevar sus programas, soluciones e inversiones y los bienes públicos para atender a un sector que sí le ha cumplido a Colombia durante esta pandemia y sobre el cual existen deudas históricas que están muy lejanas de saldar, y que lo estarán más si los recursos se recortan año a año.

No es coherente, por ejemplo, que los recursos de inversión del ICA, entidad clave para nuestra sanidad animal y vegetal y para la admisibilidad de nuestros productos en los mercados internacionales, sufran un recorte ¡de 18.9%!, o como en el caso de la Unap, cuya la inversión para el 2022 tendría un recorte de 32.7%, o en el caso de la Agencia Nacional de Tierras, que cae 10%. Y por el contrario… ¡los gastos de funcionamiento del Ministerio se incrementarían en 18.4%!  Esto no solo requiere una explicación, sino también un verdadero ajuste para que haya más inversión.

Y como si fuera poco, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno en darles recursos a las vías terciarias en estos tres años, además de esperar con ansias que se ejecuten esos recursos y se vean más vías construidas o mejoradas en el 2022, preocupa ver una reducción de 27% en los recursos de inversión del Invias para la infraestructura de la red vial regional.

Está demostrado que las inversiones en vías terciarias no solo le aportan a la generación de empleo que tanto necesita el país, sino también al bienestar de la población rural, por la posibilidad de una presencia más eficiente del Estado en las comunidades rurales, así como a generar condiciones que atraigan la inversión y el desarrollo del campo, y, por supuesto, contribuyen a ahuyentar las actividades ilícitas y la violencia, que tanto daño le hacen al campo y a Colombia en general.

Desde la SAC esperamos que estas reflexiones tengan resonancia en el Gobierno y en el Congreso de la República. Es la última legislatura de la administración Duque y del actual Congreso.

En el 2021, el campo le sigue cumpliendo a Colombia. En el 2022, es momento de que el Estado colombiano le cumpla al campo.

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente
Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC
@jebedoya