Revista Nacional de Agricultura
Edición 1019 – Octubre 2021

Hay que reformar el Estatuto Tributario

Médico de profesión, este caleño ha sido representante a la Cámara, senador de la República, miembro de las comisiones Constitucionales y Económicas, presidente del Congreso de Colombia y negociador de los Acuerdos de La Habana.

Es una obligación entrar a modificar el Estatuto Tributario. Cualquiera que sea el próximo gobierno, tiene la obligación de reformar el Estatuto Tributario, para evitar la evasión y la elusión, establecer rentas diferenciales, evitar que los impuestos ahorquen a los empresarios, estimular la inversión y facilitar un crédito de fomento, entre muchas otras cosas. La política del Pacto Histórico, que no es expropiadora ni populista, sino de centroizquierda, implica “tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”. El Estado es necesario, pero no para ahorcar a la gente, sino para garantizar que Colombia decida que su vocación es la producción de alimentos para el mundo, y que esa apuesta exportadora se refleje en la política pública, en las reformas del primer año y en el presupuesto. En este gobierno se ha reducido la inversión en el sector; aun con el leve repunte de este año, tenemos apenas 1% de inversión de todo el presupuesto de inversión. Así no hay apuesta al desarrollo agropecuario ni agroindustrial.

Compromiso: hacer realidad una ley de tierras. Una ley de tierras es una de las reformas fundamentales para que Colombia pueda aspirar a tener un sector agropecuario productivo y competitivo de talla mundial. El hecho de que la Ley de Tierras hubiera quedado en el tintero, es una de las pruebas de que este gobierno de derecha fracasó. Pero también se necesitan un impuesto a la renta y un salario diferenciales, un catastro multipropósito (que también quedó en el tintero), la formalización de la propiedad rural, un banco de tierras, una revolución en vías terciarias (con participación del sector privado), reducir la dependencia de las importaciones de materias primas, y la renegociación de los tratados de libre comercio.

El Estado tendrá que asumir la seguridad social del jornalero. Es inaplazable trabajar por la recuperación de la vida digna del campesino colombiano. El de los jornales ha sido un asunto subvalorado, por lo que hay que entrar a introducirle reformas. Pero no se trata de resolver solo lo del salario, sino de mejorar la calidad de vida en el campo –para evitar que siga su despoblamiento–, con esfuerzos para favorecer a la mujer y los jóvenes, a quienes hay que ofrecerles formación. Aquí, la educación pública debería estar volcada hacia la agronomía, la zootecnia, la ingeniería de alimentos, la agroindustria. Por eso, en el gobierno del Pacto Histórico, todo el Estado estará volcado a desarrollar el agro y la agroindustria. Y una de las grandes reformas será, por ejemplo, separar el salario de la seguridad social. En efecto, para poder formalizar el salario rural, el Estado tendrá que asumir la seguridad social de ese jornalero, y no cargársela al empresario.

Renegociemos elementos del TLC. Yo creo en el libre mercado. Soy un hombre liberal, respeto la propiedad privada. Pero les propongo a los demás aspirantes a la Presidencia de la República que acordemos, bajo el liderazgo de la SAC, que la vocación de Colombia para los próximos años sean agro y agroindustria, parte de lo cual implica, con inteligencia y sabiduría, renegociar elementos del TLC con Estados Unidos, para no liquidar 2 millones de empleos en el campo, para no liquidar los sectores lácteo y arrocero.

Los bloqueos de vías y el vandalismo también son violencia contra los demás y ponen en riesgo la cadena de suministro. Pero hay que saber cuál es el origen de esa violencia. Las sociedades solo pueden vivir en paz si hay un Estado de derecho. El Estado de derecho y los gobiernos que lo administran, tienen que ser legítimos para poder ejercer la autoridad. El gobierno Duque perdió legitimidad. Al inicio de la protesta social, que fue provocada por una propuesta de reforma tributaria torpemente presentada y más torpemente explicada, fue respondida de manera brutal; pero antes, en el 2019, la gente ya había salido a protestar. En su momento, denuncié que se habían cerrado las puertas del diálogo, y cuando no hay diálogo, aparece la violencia.

Acordamos hacer realidad el desarrollo rural integral. En el Pacto Histórico acordamos: implementación del Acuerdo de Paz, respeto a la solución dialogada de los conflictos, respeto a la vida y a la vida digna, cerrar la brecha social, cambiar el modelo económico (pero sin los fantasmas del castrochavismo, sino desde el más estricto liberalismo económico) y el desarrollo rural integral. De la izquierda, rescato su genuina vocación por la dignificación del campesinado.

Hay que dignificar a la mujer. Si Colombia quiere crecer, ser competitiva y exportar, necesita que el campesinado tenga una vida digna, lo cual se consigue invirtiendo en la dignificación de la mujer, en la educación universitaria de los jóvenes con vocación en el sector agropecuario, y en ciencia y tecnología. Entonces, como Colombia no va a producir microchips, sino alimentos para el mundo, todos los aparatos de salud pública, seguridad social y educación deben orientarse a los productores del campo.

Habría que invertir $2 billones al año en vías terciarias. Según un estudio que hicimos en el pasado gobierno, se necesitan $43 billones para las vías terciarias, esto es una inversión de $2 billones por año, lo que no está presupuestado. Pero eso tiene otra consecuencia: ningún gobierno, incluido el nuestro, podrá terminar la tarea de recuperar la infraestructura (solo la infraestructura) en cuatro años. Nosotros decimos en el Pacto Histórico que se necesitan doce años de políticas públicas estables.         

Reforma política en el primer año. Muchos tienen miedo de que el gobierno del Pacto Histórico vaya a ser populista, expropiador, incapaz, etc. Pero la verdad es que en este gobierno de derecha y en muchos otros, las instituciones, precarias de por sí, han estado en manos del Partido Conservador. Cuando hablo de politización y de desgreño, pues ahí hay unos responsables, que lo son también del fracaso del gobierno Duque. Lo primero que hay que hacer es renovar el Congreso, porque el sistema clientelista es el que lleva a que las entidades sean cotos de caza. Este sistema hace que cada uno de los candidatos a cualquier corporación sean microempresas electorales que se autofinancian, y para hacerlo, compiten contra los compañeros de la lista, destruyéndose así cualquier coherencia ideológica y protegiendo al partido político de cualquier responsabilidad. La lista abierta hace que gane el que más dinero invierta. La reforma política es indispensable, y esto lo vamos a hacer en el primer año de gobierno.