Revista Nacional de Agricultura
Edición 1014 – Mayo 2021

La Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, dice que se requieren acciones de política pública en promoción y fomento de la asociatividad rural.

Según un trabajo que apareció en la Revista Estudios Agrarios, de México, en Dinamarca, 90% de las unidades o agrupaciones de productores son de tipo cooperativo. En Holanda, las cooperativas son responsables de 86% de la producción láctea, 63% de la azucarera, 40% de la porcina, 20% de la avícola, 70% de la hortícola y de 95% de las flores. En Japón, 90% de los productores del campo pertenecen a cooperativas que, en conjunto, facturan más de US$90.000 millones anuales. En Kenia, las cooperativas producen 70% del café, 76% de los lácteos y 95% del algodón. En Brasil, las cooperativas aportan 72% del trigo, 43% de la soya, 39% de la leche, 38% del algodón y 21% del café. En Argentina, estas comercializan 90% de la producción de leche y sus derivados, y 70% del algodón. En Uruguay, el sector cooperativo responde por 90% de la leche y sus derivados, 34% de la miel y 60% del trigo.

¿Y en Colombia? Para conocer la situación de las cooperativas del sector agropecuario, dialogamos con Carlos Acero Sánchez, presidente de la  Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop. 

Revista Nacional de Agricultura: Antes de hablar sobre cooperativismo agrario, háganos un breve diagnóstico del sector cooperativo en Colombia.

Carlos Acero Sánchez: En líneas generales, el sector cooperativo se mantiene dentro de unos parámetros que le han permitido su estabilidad y sostenibilidad por muchos años. El número de asociados a las cooperativas que reportan información al Estado, se mantiene: 6.3 millones de asociados a las 3.200 cooperativas existentes, de las cuales 186 son agropecuarias, con 106 mil asociados.

Hay un dato interesante en el movimiento cooperativo, y es que en los últimos veinte años, a pesar de las dificultades, sus principales indicadores económicos y financieros han crecido por encima de la inflación en cada vigencia, lo que muestra que hay un vigor en el sector.

En el sector agropecuario, y me refiero solo a las organizaciones que reportan información a la Superintendencia de Economía Solidaria, vemos que el número de estas ha venido disminuyendo, lo que es atribuible a una combinación de factores. Uno, que muchas de estas cooperativas, por ser nuevas o pequeñas no reportan información mientras se consolidan; dos, que luego de haber sido creadas, quedaron en stand-by por diferentes razones, como mercado, acceso a bienes públicos, etc.

Entonces, tenemos que si bien el número de cooperativas no crece, el fortalecimiento económico y financiero de las existentes aumenta cada año.     

R.N.A.: ¿Esas 3.200 cooperativas que hay en Colombia, cómo se distribuyen por actividad?

C.A.S.: Las 3.200 cooperativas que reportan información se distribuyen así, por tipo de actividad: 185 del sector financiero (178 de ahorro y crédito, 5 financieras, un banco de naturaleza cooperativa, 2 empresas cooperativas de seguros; además, hay un banco, una compañía de financiamiento y una fiduciaria de propiedad cooperativa), 1.049  de aporte y crédito, 544 de transporte, 537 de servicios empresariales/sociales y personales, 186 agropecuarias, 163 de comercialización y consumo, 106 de servicios sociales y salud, 57 de servicios educativos y 374 clasificadas como otro tipo de cooperativas (servicios públicos, vigilancia y seguridad privada, servicios públicos, entre otras).

R.N.A.: ¿El hecho de que 85% de las cooperativas colombianas pertenezcan al sector financiero, que está indicando? ¿Eso es bueno o malo?

C.A.S.: Es bueno porque esas organizaciones promueven el ahorro popular, a escalas local y regional, y sirven para dinamizar el consumo y proyectos productivos. Pero –y ese es uno de los propósitos de Confecoop–, hay que promover la creación de un mayor número de cooperativas en el sector real de la economía, de la mano del Estado y de actores privados, como la SAC.

En el buen sentido de la palabra, hablamos de “cooperativizar” el campo, para crear ecosistemas locales, circuitos económicos, con participación en compras comunes, acceso a bienes y servicios públicos, y, claro, con el apoyo del sistema cooperativo financiero

R.N.A.: ¿En un país que se supone es agropecuario, 186 cooperativas del sector parecería un número insignificante? ¿Cuáles son las talanqueras que impiden el desarrollo del cooperativismo en el campo?

C.A.S.: Primero, pienso que el modelo de desarrollo rural ha tenido muchas dificultades para su implementación: no hay los suficientes incentivos; en muchos casos, los pequeños y medianos productores carecen de bienes públicos, como carreteras, crédito oportuno, etc. Una segunda explicación se encuentra en el conflicto armado y la inseguridad derivada del narcotráfico, que impidieron y siguen obstaculizando la organización de comunidades. En tercer lugar, aparecen las dificultades del mercado. Y finalmente, está la normatividad, que hace difícil la operación de la empresa cooperativa, por las asimetrías existentes. (Ver recuadro).

Así por ejemplo, a una cooperativa productora y transformadora de yuca, por regulación y supervisión, se le exigen una serie de trámites y requisitos a los que no está obligada la empresa de al lado, que puede ser una SAS o una persona natural. Entonces, puede que sea fácil crear una cooperativa, pero ya en la práctica esta va a tener una carga administrativa y de reportes al Estado, que le quitan atractivo al modelo, razón por la cual la gente prefiere crear una asociación, que es interesante pero no construye capital social.

Todo esto lo hemos estado evaluando y ha sido parte del diagnóstico que se ha recogido por parte del gobierno en la Comisión Intersectorial de Economía Solidaria, que creó la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y que busca avanzar hacia la construcción de un documento Conpes que promueva y estimule el emprendimiento cooperativo, la creación de empresas cooperativas.

R.N.A.: ¿A su juicio, entonces, cuáles son los incentivos que necesita el sector cooperativo colombiano?

C.A.S.: Se requieren acciones de política pública en promoción y fomento de la asociatividad rural, a través de formas cooperativas, porque aquí lo que se ha venido promoviendo es la creación de asociaciones, lo cual está bien, pero cuando vamos a los mercados, cuando vamos al concepto de empresa sostenible de mediano y largo plazos, vemos que estas no son el modelo adecuado por su naturaleza. Entonces, necesitamos promoción y fomento de la economía solidaria, que el Estado le mande señales claras a la gente, en el sentido de que las cooperativas van a recibir todo el respaldo, como acceso al crédito, al mercado, a las compras públicas, a tierras, a la administración de centros de acopio locales, etc.

También hay que combatir muchos imaginarios que existen en torno a las cooperativas, cuando la verdad es que somos empresas que podemos ser productivas y sostenibles, que operamos en los mercados, que generamos economía y empleo y que creamos riqueza. No olvidemos, por ejemplo, que 52% de la producción agroindustrial de la Unión Europea, U.E., proviene del sector cooperativo. No olvidemos que aquí tenemos a la Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta, digna de mostrar en cualquier parte del mundo, y que demuestra que una organización de esta naturaleza puede convertir a sus propietarios asociados en unos auténticos empresarios del campo, y hacer, no solo desarrollo económico, sino desarrollo social (capacitación, educación, aseguramiento, recreación, etc.), el cual no se consigue con ningún otro modelo asociativo. En el cooperativismo está una manera expedita para saldar la deuda histórica que el país tiene con el campo.

R.N.A.: ¿Cuál es el papel que están cumpliendo las mujeres en las cooperativas del sector agropecuario?

C.A.S.: En Colombia, 51% de los asociados a las cooperativas agropecuarias son mujeres. Sin embargo, la participación de estas en las gerencias de las mismas llega a 30%, y en los consejos de administración puede ser de 28%, gracias en buena parte al trabajo con la cooperación internacional, específicamente con movimientos de Canadá, Italia y España, cuyo foco central ha sido el desarrollo integral, que comprende, precisamente, género, medio ambiente y juventud.    

R.N.A.: ¿Y el de los jóvenes?

C.A.S.: La participación de los jóvenes en el sector cooperativo es baja, aunque este segmento de asociados aún no está perfilado por la Supersolidaria. Sin embargo, nosotros estimamos que del universo de esos 106 mil asociados, menos de 20% corresponde a jóvenes, lo cual puede explicarse por la migración de este segmento de la población hacia las ciudades.

Precisamente, con el gobierno estamos trabajando para hacer atractivo el modelo cooperativo para los jóvenes que aún permanecen en las zonas rurales dispersas, y para aquellos que, viviendo en los cascos urbanos de los municipios, estén interesados en adelantar distintos emprendimientos.

TALANQUERAS AL DESARROLLO COOPERATIVO

Según la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, algunos de los problemas que afrontan las cooperativas agropecuarias en el país, pueden tener origen en el marco normativo general que aplica para todo tipo de empresa. Por ejemplo:

  1. El acceso a crédito para este tipo de entidades es más complejo, en virtud de la estructura de riesgos o de su carácter asociativo. El sistema financiero tradicional y la banca de “segundo piso” aún no cuentan con instrumentos para el otorgamiento de crédito asociativo en el cual las garantías estén en cabeza de la organización cooperativa o solidaria, y no en cada productor asociado, una práctica que desestimula la asociatividad.
  2. Para las pequeñas y medianas cooperativas agropecuarias, el cumplimiento de la normativa relacionada con el Sarlaft (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, mecanismo creado por el Banco de la República para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia), y de reportes a la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero), se torna en una carga administrativa compleja, mientras que para empresas de otra naturaleza jurídica y similar tamaño, no se hacen exigibles dichos reportes. Esto porque las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria adquirieron una obligación de reporte general que no contempló tamaños o exposición real al riesgo de lavado de activos.
  3. En términos generales, han faltado esfuerzos por parte de los organismos de supervisión y control para segmentar la normativa en función del tamaño y grado de desarrollo de las organizaciones, lo cual se convierte en un filtro restrictivo para nuevas entidades que, por su tamaño, no pueden cumplir adecuadamente con la carga normativa.
  4. En algunos casos, cuando las cooperativas agropecuarias son de trabajo asociado, encuentran además que por el desconocimiento de esta figura, no son reconocidas como generadoras de trabajo formal y, por ejemplo, no han podido acceder al subsidio a la nómina, dentro del Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, en relación con sus trabajadores asociados.
  5. En muchos casos, el desconocimiento del carácter jurídico de empresa cooperativa por parte de entidades y funcionarios públicos, deriva en un tratamiento inequitativo o un no reconocimiento como actor económico o empresarial. Además, en algunos casos, se desestimula la adopción de esta figura, en favor de otras formas jurídicas (SAS o asociaciones civiles).