Revista Nacional de Agricultura
Edición 1020 – Noviembre 2021
El pasado 24 de noviembre, en la SAC, se llevó a cabo nuestra Asamblea General, la cual deja como resultado nuevas caras que se suman a nuestra Junta Directiva, lo que celebramos porque lo entendemos como una evidencia de la pujanza de nuestro sector y de la importancia de la asociatividad para trabajar e impulsar causas comunes en pro del sector agropecuario.
A la Asamblea de la SAC asistió el Presidente de la República, Iván Duque, a quien tuvimos la oportunidad de reconocerle importantes avances en nuestro sector, entre los que se destacan la normativa que permitió que aún en el aislamiento obligatorio causado por la pandemia, el sector agropecuario pudiera seguir operando y garantizando el abastecimiento en todo el país; la implementación de diferentes programas enfocados a ayudar a los más vulnerables; el Plan Nacional de Vacunación, que ha demostrado ser un éxito aun si se compara con países desarrollados, que cuentan con mayores facilidades para el acceso a las vacunas; el trabajo por la mujer rural, y la despolitización de entidades públicas, como es el caso especial del ICA, que ha permitido la admisibilidad sanitaria, la cual se refleja en mayores exportaciones de diferentes productos a varios países del mundo.
Destacamos también la radicación del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo trámite en el Congreso resulta de la mayor importancia, a propósito de lo que está ocurriendo en materia de invasión de tierras en el sur occidente del país. Colombia no puede permitir que se vuelvan a presentar hechos como los más de 3 mil bloqueos, que pusieron en jaque la seguridad alimentaria de los colombianos. La prioridad en este sentido deber ser salvaguardar el orden público, evitar la violencia contra servidores públicos, como nuestros soldados y policías, y dejar a buen recaudo de la justicia a quienes incumplan las normas.
Pero este encuentro también nos permitió plantearle al Presidente algunos retos y aspectos que todavía no se han ejecutado y que preocupan a nuestro sector, especialmente cuando el tiempo está en contra, pues al Gobierno le restan ocho meses.
Si bien hemos destacado que como nunca en la historia del país, este Gobierno aprobó para un cuatrienio un sólido presupuesto para la construcción de vías terciarias, es de la mayor importancia que la ejecución y construcción de las mismas avance, y reiteramos que el 2022 debe ser el año de la maquinaria en las vías rurales. Así se podrá contribuir a mejorar la conectividad del campo colombiano y su competitividad.
En materia de comercio exterior reiteramos la necesidad de que se cumpla el compromiso de revisar la anticuada Comunidad Andina de Naciones, CAN, para el campo colombiano. El Gobierno dejó pasar una oportunidad de oro tras haber tenido la Presidencia Pro Tempore de la CAN, y no cumplió su compromiso con nuestro sector en ese año, pero todavía tienen tiempo para que se logren cambios que puedan beneficiar al campo colombiano y dejar “la cancha” en igualdad de condiciones con Perú, Ecuador y Bolivia.
La seguridad jurídica con la tan anhelada Ley de Tierras, que además de no haber sido tramitada en el Congreso, enfrenta retos como el que plantearía el Acuerdo de Escazú, y que el mismo Gobierno, a pesar de haber escuchado las preocupaciones no solo del agro, sino de gran parte del aparato productivo del país, mantiene su intención en el Congreso de la República.
La preocupación por el costo de los insumos, que sabemos es un fenómeno internacional y que es incierto el tiempo que tomará para su estabilización, les pasa cuenta de cobro a nuestros productores y consumidores. Si bien el Gobierno adelanta una iniciativa en el Congreso de la República para mitigar el impacto de este desorden global, y busca establecer un observatorio que permita hacer seguimiento detallado al mercado de insumos y así evitar conductas que perjudiquen a nuestros productores, llamamos la atención sobre el riesgo que implicaría para los productores y el abastecimiento de consumidores, si esta ley llega a determinar la fijación de precios para insumos y productos del agro.
La falta de un régimen laboral para el campo colombiano no deja de ser una preocupación por la inaceptable tasa de informalidad que genera en nuestro sector. Todavía tiene tiempo el Gobierno, si tiene voluntad política y decisión, de radicar y avanzar en el Congreso de la República con un proyecto de ley que permita dignificar al trabajador rural.
En un país en el que el campo demostró ser fundamental, en un momento tan crucial como el que vivimos, en el que el campo le cumplió a Colombia, es momento de que se le cumpla al campo colombiano, incluso, si tiene que hacerse contrarreloj.