Revista Nacional de Agricultura
Edición 1028 – Agosto 2022
El campo colombiano es sinónimo de resiliencia, tenacidad y oportunidad.
La resiliencia y tenacidad quedaron en evidencia en los últimos 26 meses, periodo en el que nuestro sector, tal vez como ningún otro, se enfrentó a los efectos devastadores de la pandemia en la economía y particularmente en la capacidad de compra de los consumidores, a los más de 3 mil bloqueos en las vías de nuestro país en mayo de 2021 que en un solo mes fueron responsables de una inflación de alimentos superior al 5% que afectó tanto a consumidores como productores, a la crisis en las cadenas globales de suministro que derivó en impactos nunca antes vistos en los costos de insumos, y a partir del 24 de febrero de este año la invasión de Rusia a Ucrania que ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria del planeta por cuenta de su impacto en los precios de insumos agrícolas y de una clara incertidumbre en materia de costos y disponibilidad de fertilizantes.
En los últimos dos años, a pesar de estas dificultades y gracias al trabajo coordinado con el Estado, el sector agropecuario ha garantizado la seguridad alimentaria de nuestro país con una producción anual de alimentos que se ha mantenido alrededor de 73 millones de toneladas.
Lo ocurrido en este complejo periodo invita a reflexionar sobre la importancia estratégica que tiene el campo para la estrategia de seguridad nacional.
El desarrollo del campo no solo contribuye a la seguridad alimentaria, sino también a la generación de más de 3,5 millones de empleos que son fundamentales para fortalecer la tranquilidad y estabilidad en las zonas rurales. Así mismo su desempeño exportador que además de generar recursos para el país (USD 9,400 millones en 2021) trae consigo la generación de oportunidades laborales y el impulso en diversificación de nuevos productos en el portafolio de ventas internacionales de nuestro país. Nuestra biodiversidad y la extensión de 39 millones de hectáreas de nuestra frontera agropecuaria son activos que bien aprovechados también podrán hacer una enorme contribución en materia empleo, reducción de pobreza y desigualdad, y por supuesto al cuidado de los recursos naturales para las generaciones futuras de colombianos.
Es por esto y por muchas otras razones que el campo además de ser sinónimo de resiliencia y tenacidad también es sinónimo de oportunidad.
Convertir esa oportunidad en realidad requiere por parte del Estado decisión política y serios compromisos presupuestales y por parte de los agentes económicos la necesidad de seguir adaptándose a las nuevas realidades del mercado nacional e internacional.
Es indiscutible que el nuevo escenario internacional y la realidad de nuestro mercado doméstico obligan a los productores a mirar de manera diferente la relación con los consumidores. A nivel internacional a pesar de la turbulencia económica con asomos de recesión, la mentalidad exportadora debe conducir a la consolidación de volúmenes, desarrollo de canales de distribución, generación de valor agregado y compromisos reales en materia de sostenibilidad, entre otros. A nivel local, la realidad de un mercado de ingresos bajos y limitaciones en el acceso a la alimentación por parte de millones de consumidores obliga a los productores a buscar una mayor competitividad por la vía de economías de escala, integraciones verticales, mayor productividad, tecnificación y desarrollo de canales, entre otros. Cada productor deberá analizar y decidir si necesita adaptar su mentalidad del negocio a una realidad que exige ser muy competitivo para que la oportunidad de desarrollar el campo sea una realidad.
El estado, representado principalmente en el nuevo Gobierno y Congreso, jugarán un papel definitivo en la materialización de esta agro-oportunidad. La solución al olvido histórico que la ruralidad colombiana ha tenido por parte del Estado, independiente de los esfuerzos de cada gobierno, no da espera. Es inconcebible que en pleno 2022 algunas de las deudas históricas del Estado con el campo sigan siendo la limitada atención a las necesidades de las más de 5.8 millones de mujeres rurales, la falta de una solución a la tasa de informalidad laboral que supera el 86%, la inexistencia o mal estado de la mayoría de las vías terciarias, la falta de una verdadera conectividad digital en todas las zonas rurales de nuestro país y claro, la imperiosa necesidad de avanzar masivamente en la titulación de tierras.
El compromiso político y presupuestal del nuevo Gobierno, del nuevo Congreso y claro de gobernadores y alcaldes deberá ser real.
Si queremos una mejor Colombia, sin duda necesitamos un mejor campo. Tenemos la resiliencia, la tenacidad y la oportunidad.
Por una mejor Colombia, ¡Es el momento campo!
