Revista Nacional de Agricultura
Edición 1027 – Julio 2022

Una mirada a la conformación del nuevo Legislativo y las comisiones constitucionales del Senado.

El pasado 20 de julio, se instaló el nuevo Congreso de la República para el periodo 2022-2026. Desde la SAC, les deseamos a todos sus integrantes, muchos éxitos y les reiteramos nuestro compromiso de contribuir, con conocimiento, experiencia, capacidad propositiva e independencia, a la construcción de iniciativas legislativas, así como a participar en los debates que aporten soluciones y busquen mejorar la calidad de vida de la Colombia rural. Valga la pena resaltar los altos niveles de renovación de los integrantes del Congreso, en especial en la Cámara de Representantes, donde 139 de las 187 curules son hoy ocupadas por nuevos actores políticos. Por su parte, en el Senado, 43 de sus miembros son nuevos, y 19 exrepresentantes dieron el salto a esta corporación.

En cuanto a la conformación de mesas directivas para el primer año, el Senado dio ejemplo de celeridad. La plenaria la presidirá el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, médico de profesión, con una larga trayectoria política; fue representante a la Cámara en 1995, y ocupa la curul de senador desde el 2006. Como primer vicepresidente fue elegido Miguel Pinto, del Partido Liberal, también con una larga trayectoria política. La segunda Vicepresidencia quedó en cabeza de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, único partido que se ha declarado en oposición.

En lo que respecta a las comisiones constitucionales del Senado, se resalta el liderazgo del partido del presidente electo, que se quedó con la Presidencia de tres de las siete comisiones y tres vicepresidencias, así:

Comisión Primera, compuesta por 22 senadores, es la encargada de las reformas a la Constitución y derechos fundamentales; está bajo el liderazgo del senador Fabio Amín, del Partido Liberal, y la Vicepresidencia correspondió a Aída Quilcué, lideresa de la comunidad indígena Nasa, por el Pacto Histórico.

Comisión Segunda, compuesta por 13 senadores, trata los temas de política internacional y defensa nacional. Es presidida por Gloria Flórez, activista por la paz, elegida por el Pacto Histórico; la acompaña en la Vicepresidencia el senador Antonio Correa, del Partido de la U.

Comisión Tercera, compuesta por 15 senadores, encargada los temas económicos, como el Presupuesto General de la Nación, impuestos y banca. Liderada por el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, y la Vicepresidencia de Liliana Bitar, del Partido Conservador.

Comisión Cuarta, compuesta por 15 senadores, participa en los debates de Presupuesto General de la Nación. La preside Paulino Riascos, del Pacto Histórico, y en la Vicepresidencia se desempeña Laura Fortich, del Partido Liberal.

Comisión Quinta, integrada por 13 senadores, asume los asuntos agropecuarios, ambientales y minero-energéticos. El primer año estará en cabeza de los ambientalistas Inti Asprilla, del Partido Verde, e Isabel Zuleta, del Pacto Histórico.

Comisión Sexta, con 13 senadores, se encarga de los temas de educación, servicios públicos, tecnologías de la información y comunicaciones. La presiden el senador conservador Carlos Trujillo y Sandra Jaimes, líder sindical del Pacto Histórico.

Comisión Séptima, compuesta por 14 senadores, responsable de los temas laborales, seguridad social, vivienda y economía solidaria. La preside la senadora Norma Hurtado, la tercera mujer más votada del país por el Partido de la U, y en la Vicepresidencia está el líder ambiental, Fabián Díaz, del Partido Verde.

En lo que respecta a las Comisiones Constitucionales de la Cámara de Representantes, al cierre de esta edición aún no se había definido la conformación de las mesas directivas. Es importante señalar que se vinculan los 16 nuevos representantes de las circunscripciones de paz, que sumarán 3 curules a las comisiones Primera y Quinta, y 2 a las demás.

Con relación a la agenda legislativa para el sector rural, resaltamos que es trasversal a todas las comisiones constitucionales, por lo que reiteramos el llamado que hemos hecho desde la SAC para crear consensos en torno a aquellas iniciativas que no dan espera.

La indiscutible necesidad de que el campo cuente con un régimen laboral propio y un esquema de protección social que dignifique tanto a trabajadores como empleadores. Es lamentable que nos acostumbremos a la escandalosa tasa de informalidad laboral en el campo, que llega a 86%. De la mano de nuestros afiliados, trabajamos en una propuesta legislativa que pondremos a consideración del nuevo Congreso.

Mucho se ha hablado de la necesidad de una reforma agraria, así como de la seguridad jurídica para el campo. El gobierno electo cuenta con un proyecto de Ley de Tierras, que fue acordado en los términos del Punto 1 del Acuerdo de Paz, pero que lastimosamente se ha quedado en los anaqueles del Congreso, aunque ya cuenta con consulta previa. Lo mismo ocurre con el proyecto de especialidad agraria, que fue liderado por la representante Juanita Goebertus en la legislatura pasada y que contó con la participación de todos los sectores del agro, pero lamentablemente se archivó por falta de trámite.

En lo que respecta a los asuntos económicos, para el sector agropecuario, es fundamental que en la tan anunciada reforma tributaria se mantenga el compromiso, tanto del presidente como de los congresistas, de no gravar la canasta básica de los colombianos ni la producción de alimentos.

El gobierno saliente, como es costumbre, deja radicada su propuesta presupuestal para el 2023. En lo agropecuario, francamente el panorama es preocupante. Claro, indiscutiblemente, el gobierno debe recurrir a un apretón presupuestal, por las razones por todos conocidas; pero también es claro que la prioridad de la administración Petro es la seguridad alimentaria, por lo que se requerirá un esfuerzo presupuestal excepcional para impulsar la producción rentable de alimentos, así como para saldar las deudas históricas con el campo.

Finalmente, preocupan las iniciativas encaminadas a prohibir el uso de semillas genéticamente modificadas, sin las cuales será imposible garantizar la suficiente producción alimentos para los colombianos.