En la transformación del país. El papel del agro es gigantesco

Emilio Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en entrevista con María Isabel Díaz, presenta una mirada a los desafíos y el trabajo que viene haciendo esta instancia, responsable de ejecutar la política de Paz con Legalidad, concebida para que la paz, las obras, la infraestructura y todo aquello que ayude a mejorar condiciones de vida, lleguen a los puntos más lejanos del territorio nacional. La implementación del Acuerdo Final con las Farc es una de sus funciones esenciales.

Revista Nacional de Agricultura: ¿Cuál ha sido el papel de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación?

Emilio Archila Peñalosa: El presidente Iván Duque vio que en los acuerdos que se habían firmado con las Farc había un montón de oportunidades, y la razón por la que existen esas oportunidades es porque hay muchos asuntos que el país debió haber abocado, con o sin acuerdos, desde hace muchos años. Pero una cosa es ocuparse de la paz en general, y otra la implementación de un acuerdo, así como una cosa es negociar los acuerdos, y otra su implementación.

Tenemos al Alto Comisionado para la Paz ocupándose de la convivencia, de posibles diálogos o no diálogos que se den con otras instancias, al Ministerio del Interior ocupándose de asuntos amplios, y se focalizan en la Consejería para la Estabilización y la Consolidación las acciones de cumplimiento de los casi quinientos indicadores que hay en el Conpes, en el Plan Marco de Implementación. Eso quiere decir un trabajo en el interior del gobierno, en el cual hay dos agencias que dependen directamente de la Consejería: la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Reincorporación; después una coordinación con muchas de las agencias del Ministerio de Agricultura y con un número muy plural de compromisos con los otros ministerios y sectores.

R.N.A.: Este mes, la Consejería cumplió sus primeros dos años. ¿Cuáles son sus logros más destacados?

E.A.P.: Los logros son del gobierno completo, son logros de la administración del presidente Iván Duque. Nuestra función es impulsar, aprovechar, ver dónde hay cuellos de botella, asegurarnos de que todo el mundo tenga las planeaciones que se necesitan.

Hace dos años, cuando el presidente Duque concibió esta política de Paz con Legalidad, llegó a la conclusión de que era muy importante lograr estas transformaciones. Hemos tenido avances muy significativos en materia de víctimas; con la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, tenemos casi 9 millones de personas que todavía están en esta condición. Durante esta administración, 185 mil víctimas recibieron ya indemnizaciones individuales por cerca de $1.5 billones, y hemos pagado más de 640 mil giros de atención humanitaria a más de 390 mil lugares.

También entendemos que la restitución de tierras es parte sustancial de la reconciliación del país, y por eso hemos avanzado en más de 1.6 millones de hectáreas, superficie para unas 15 mil familias, que en dos años es fácilmente 40% de lo que se había hecho en nueve años de vigencia de esa Ley.

Trabajamos en el proceso de reincorporación de los excombatientes: hemos dispuesto para esas casi 13 mil personas que siguen comprometidas con el proceso de paz, mantenerles el apoyo financiero por todo el tiempo que sea necesario. Hoy en día, 56% de esos excombatientes ya tienen una sostenibilidad económica, un proyecto productivo o un empleo fijo. Ya tenemos más de 98% de ellos en el sistema financiero colombiano, y más de 85% en los sistemas de pensiones y de salud.

En  Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET), tenemos dieciséis de ellos en ciento setenta municipios, de los cuales solamente había dos formulados. Nosotros formulamos los catorce restantes y focalizamos recursos, con el fin de cumplirles a las comunidades, y hoy en día, entre Obras por Impuestos y el Ocad Paz, tenemos casi $3 billones en ejecutorias.

Si miráramos el ritmo al cual estamos trabajando con la Agencia de Renovación del Territorio, en adición a esto que acabo de mencionar, se han entregado casi novecientas obras, es decir, una y media cada día. Yo resaltaría el nivel de planeación y de coordinación: en cada una de esas dieciséis zonas ya tenemos una mesa para cada uno de los ocho pilares, planeaciones detalladas de lo que se va a alcanzar al final de la implementación de quince años, y lo que vamos a hacer al 2021. Además, en reforma rural integral tenemos unos avances impresionantes; tenemos el catastro multipropósito andando (con una inversión de US$150 millones); tenemos que en solo este tiempo, de los 3 millones de hectáreas que debíamos incorporar al Banco de Tierras en toda la duración del acuerdo, ya llegamos a un millón, hemos distribuido más de 600 mil hectáreas; tenemos los planes de campo rural, de vías terciarias del Ministerio de Transporte; tenemos el Programa de Electricidad Rural andando; tenemos el de Agua al Campo, el programa de Coseche y Venda a la Fija, y el Programa de Mujer Rural. 

R.N.A.: ¿En qué se van a concentrar los esfuerzos en estos dos años que le quedan al gobierno del presidente Duque?

E.A.P.: Un asunto que heredamos, particularmente difícil, es el programa de sustitución voluntaria de cultivos, que tenía la promesa para 100 mil familias, 400 mil colombianos, de favorecerlas con inversiones cercanas a $3.5 billones. Pero solo recibimos la promesa.

No había la plata, no había planes, no había contratos, no había asesoría, no había nada. Ahí hemos tenido que hacer unos esfuerzos gigantescos: restructuramos el programa y lo pasamos de la Presidencia a la Agencia de Renovación del Territorio, que sí tiene capacidad de ejecución. Así, el año pasado invertimos casi un billón de pesos en esas familias, pero necesitamos seguir con el impulso que se requiere.

Obviamente, tenemos algunos asuntos sustanciales para los siguientes dos años: presentamos la Ley de Tierras, que hay que desarrollar y reglamentar; presentamos la Ley de Justicia Rural, que va a permitir que en los casos agrarios nuestros campesinos no tengan que venir a las capitales, sino que podamos ir a donde ellos. Ya logramos en el Congreso el adelanto de las regalías por la explotación de hidrocarburos: aproximadamente $4.5 billones. Es un acto de justicia histórica con las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza. Vamos tener un reto muy lindo: poder implementar en los siguientes dos años lo que sería 7% de las regalías de los próximos doce.

R.N.A.: A propósito de uno de los retos que menciona, háblenos del programa Formalizar para Sustituir. ¿Qué es y cuáles son sus resultados?

E.A.P.: La directriz del presidente Duque es que en contra del narcotráfico, y en particular en contra de los cultivos ilícitos, debemos utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición, lo que comprende, obviamente, la erradicación forzada, cuando se cumplan las condiciones que la Corte ha señalado, y la sustitución voluntaria. El haber recibido con tantas dificultades el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), no impide que estemos convencidos de que este es un instrumento poderoso. Entre dichas herramientas aparece una licencia que estaba olvidada y que permite que a cambio de que la familia o el campesino no vuelva a cultivar coca o no se involucre de nuevo en alguna actividad delictiva, se le titule la tierra.

Tener el título de la tierra le permite a ese campesino entrar al círculo virtuoso de poder obtener financiación para proyectos productivos. En este proceso, que lo lidera la Consejería pero lo ejecuta la Agencia Nacional de Tierras, tenemos un resultado muy especial en el Cauca, y vamos a tener una réplica muy bonita en el Catatumbo, en donde atrajimos la atención del tercer hombre más rico del mundo, gracias a lo cual la Fundación Warren Buffett nos va a financiar, en la zona de Tibú, un programa con el que vamos a sacar de la coca unas 1.200 familias, que ya están en el proceso de identificación, y que comprende la formalización de los predios, el proyecto productivo (cacao, principalmente) y las vías. Entonces, entre la formalización y los proyectos productivos vamos a invertir alrededor de US$4.5 millones; pero para las vías se necesitan US$45 millones, que vamos a invertir en los siguientes dos años.

R.N.A.: ¿Cómo blindar este programa para que los beneficiarios no regresen a los cultivos ilícitos?

E.A.P.: De muchas maneras. Empiezo por la que a mí más me convence y más me gusta, y es que no podemos ver a nuestros campesinos desprovistos o desconociendo la realidad de Colombia. Nadie quiere estar en ese maldito cultivo. La gente lo que quiere es una oportunidad para salir de la coca o de la marihuana, porque viven muertos del susto, porque los pueden atacar los hampones para los que trabajan, porque están haciendo algo ilegal. Las personas que trabajan el campo son profundamente religiosas y no quieren hacer cosas que están mal. Las personas que viven en el campo, que son profundamente morales, necesitan una oportunidad, y una vez la tengan, no van a dejarse tentar por los criminales.

La segunda respuesta es menos conmovedora: hay una cláusula que implica que si hay un incumplimiento de las obligaciones que les corresponden a los beneficiarios, pierden la titularidad del terreno.

R.N.A.: Háblenos de los PDET. Dicen desde su Consejería que solo se llega a la estabilización de los territorios, transformándolos con acciones que mejoren la calidad de vida cotidiana de miles de colombianos.

E.A.P.: Los PDET son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que partieron de identificar los ciento setenta municipios más afectados por la violencia y la pobreza, y que fueron seleccionados teniendo en cuenta los de mayor pobreza multidimensional, mayor pobreza absoluta, menos educación, menos salud, menos vías, menos desarrollo económico, menos capacidades institucionales, mayores áreas de cultivos de coca y más víctimas.

Los PDET están agrupados en dieciséis regiones que no corresponden a la delimitación política, sino a la dinámica de cada una de ellas. Cuando se identificaron las zonas, fuimos a los territorios y les preguntamos a las comunidades cuáles eran sus necesidades, cómo veían su propio territorio en el futuro que logremos construir juntos. Participaron 220 mil personas, uno de cada siete hogares estuvo involucrado directamente en la identificación de las necesidades y en la priorización de cómo debemos atenderlas.

Salieron, más o menos, 32 mil iniciativas divididas en ocho capítulos que cubren todos los aspectos de la vida en una región: reconciliación, educación, vías, salud, reactivación económica, vivienda, ordenamiento social de la propiedad. Una vez teníamos claras esas prioridades, nos pusimos a trabajar en coordinación con las entidades de la Nación, de los departamentos, los municipios, la cooperación internacional y organismos privados. En la última reunión institucional, en la que tienen asiento todos los agentes que mencioné, participaron cuatrocientos servidores públicos, que identificaron su aporte para cumplir con las iniciativas priorizadas y los objetivos que vamos a lograr a diciembre del 2021. Ese es el nivel de planeación, de articulación.

Estamos trabajando en conseguir los recursos para cumplirles a las comunidades. Hicimos un cambio en el instrumento Obras por Impuestos, que permite que los privados se vinculen al cumplimiento de las iniciativas. Así que hasta 50% de su impuesto a la renta pueden no entregárselo a la Dian, sino invertirlo en la construcción de esas intervenciones, frente en el cual tenemos actualmente en ejecución $500.000 millones.

Hicimos un cambio en las reglas para administrar las regalías, de las cuales 7% se destinan a una instancia que denominamos el Ocad Paz, cuyos recursos van directamente al cumplimiento de las expectativas de las comunidades. En este frente ya tenemos alrededor de $2.3 billones en ejecutorias, más unos $200.000 millones en ejecutorias por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, que se han materializado en casi novecientas obras entregadas.

Esto va a cambiar la faz del país, va a permitir que las condiciones que han hecho y que hacen que se reproduzcan las violencias, generación tras generación, dejen de existir.

R.N.A.: ¿Cuál es el papel del sector agropecuario en este proceso de transformación que viene adelantando la Consejería para la Estabilización?

E.A.P.: Gigantesco, en todos los frentes. La absoluta mayoría de las víctimas vive en el sector rural. Solo en los ciento setenta municipios PDET está la tercera parte de las víctimas, una de cada tres personas que viven en esos puntos se considera víctima.

Casi la totalidad de los excombatientes, por lo menos dos terceras partes, tienen vocación agraria y están trabajando en el sector. Los municipios PDET son claramente agropecuarios, salvo dos o tres capitales, que podría decirse tienen vocación urbana. El pilar de reactivación económica de dichas zonas tiene que ver con desarrollo agropecuario. En la medida en que nos vaya bien con el programa de sustitución voluntaria de cultivos, vamos a incorporar a la producción agrícola a familias y zonas gigantescas del país, que hoy están dedicadas al narcotráfico, y en esto vamos necesitar el apoyo de todos los gremios del sector.

Y está el capítulo gigantesco correspondiente a la Reforma Rural Integral.

R.N.A.: ¿Cuál es el papel de la empresa privada en todo esto?

E.A.P.: Tenemos un trabajo absolutamente coordinado y hemos recibido un apoyo indescriptible en cada una de las áreas de trabajo. Tenemos al sector privado apoyándonos con las víctimas y con los excombatientes, absolutamente convencido de la necesidad de trabajar en los PDET, no solo a través de Obras por Impuestos. Nos han manifestado que es un gusto que tengamos estos planes de desarrollo, que permiten que los esfuerzos de todos, finalmente, tengan un norte común.

Tenemos un apoyo grande en muchos de los componentes de la Reforma Rural Integral, están participando en el Catastro Multipropósito, en ayudarnos a garantizar las compras a los campesinos, en identificar las oportunidades de inversión que se derivan de la mejoría de las condiciones.

Al sector privado lo tenemos muy activo en lo que hace la Agencia de Desarrollo Rural, promoviendo la planeación de largo plazo de los territorios y, la verdad, para que esto nos salga bien, necesitamos más a los particulares que al sector público, ¿Por qué? Porque las cosas que estamos haciendo necesitan de doce a quince  años, cuando las posibilidades de que los funcionarios públicos permanezcamos en el mismo cargo una vez se vaya el presidente, son cero. Así es la política. Entonces, cuando nosotros ya no estemos, vamos a necesitar que el sector privado se haya convencido de que estas cosas hay que hacerlas, aunque no necesariamente de la manera como lo estamos haciendo. Pero sí vamos a necesitar que el sector privado le diga al siguiente gobierno, cualquiera que sea su filiación, que esto es importante, que si lo van a cambiar que sea para mejorarlo. Pero que no lo acaben.