Revista Nacional de Agricultura
Edición 1043 – Diciembre 2023

Héctor Riveros, Profesor de la universidad Externado y panelista de Blu Radio y Juan José Rodríguez Espitia, Profesor emérito de la universidad Externado, experto en derecho civil y de propiedad

40 CONGRESO AGROPECUARIO NACIONAL
MUJER RURAL, REFORMAS, EXCELENCIA SANITARIA E INSTITUCIONALIDAD:
APUESTAS Y COMPROMISOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

“Hoy el derecho de propiedad no puede ser visto por fuera de la Constitución. La democracia colombiana podrá estar enfrentando una prueba de resistencia ante un Gobierno que desafía las tradiciones políticas, generando tensiones y dudas generalizadas”, Héctor Riveros. 

DESTACADOS DE LOS PANELISTAS

  • Una circunstancia política particular de tener un Gobierno de un color político al que no estábamos acostumbrados nos desafía y pone a prueba nuestro talante democrático, la calidad de nuestras instituciones, nuestra capacidad de generar acciones colectivas y de cooperación.
  • Colombia tiene un sistema institucional muy poderoso, tiene un sistema de separación de poderes y un sistema de controles que hemos ido construyendo.
  • Qué tanto nosotros estamos dispuestos a reconocer, por ejemplo, que hay visiones y pensamientos distintos al nuestro y que si a lo que estamos invocando es al consenso, pues les tocará ceder a las otras personas y a nosotros mismos en algo para llegar a alguna posibilidad de acuerdo.
  • No hay países que puedan enorgullecerse tanto de la independencia del poder Judicial como Colombia.
  • El derecho de propiedad junto con la libertad de empresa son los dos pilares del sistema económico político.
  • Hoy el derecho de propiedad no puede ser visto por fuera de la Constitución del 91, junto con la acción de tutela, que es el mecanismo judicial de mayor importancia y defensa de derechos en Colombia.
  • La propiedad tiene importancia en la Constitución, tiene reserva legal en cuanto a su regulación y los jueces son garantes de los derechos que la Constitución reconoce a la propiedad privada.

Conocer y entender el marco jurídico de las reformas que propone el Gobierno del presidente Gustavo Peto, así como el régimen jurídico de la propiedad rural, fue tema central en el Congreso de la SAC para el que fueron invitados los profesores Héctor Riveros y Juan José Rodríguez, de la universidad Externado de Colombia, ambos expertos en derecho Constitucional y derecho civil y de propiedad.

Para el profesor Riveros, el momento crucial que vive el país, que es “muy interesante”, y que puso a Colombia ante un gobierno con un color político distinto al que estábamos “acostumbrados”, nos pone a prueba; sobre todo pone a prueba “el talante democrático, la calidad de nuestras instituciones, nuestras capacidades de generar acciones colectivas y de cooperar”, y que antes no estaban a prueba por haber tenido gobiernos que en el fondo mantenían ciertos acuerdos respecto a los modelos de desarrollo, económicos o concepciones e interpretaciones jurídicas.

Y es que este Gobierno, como lo describe Héctor Riveros, “realmente lo que hace es cuestionar las reglas de la economía, y tiene todo su derecho, pues representa un sector social y político que tiene todo el derecho a cuestionarlo” y que debe impulsar a que todos los sectores prevean lo que puede pasar y cómo deben actuar ante lo que él llama “el experimento”.

Con eso en mente, su mensaje en el 40 Congreso Agropecuario Nacional apuntó a reconocer que “Colombia tiene un sistema institucional muy poderoso de separación de poderes y de controles” que funciona “como código de sismo resistencia” ante el actuar de los gobernantes que, siempre, según filósofos, tienen dos tendencias: abusar de poder o quedarse en el poder. Sin embargo, el sistema institucional no es para evitar turbulencias sino mantener las reglas de convivencia en medio de ellas.

Pero ¿qué determina que ese sistema institucional está funcionando adecuadamente? Héctor considera que el termómetro es que haya independencia de poderes que garanticen a su vez que no haya concentración de poder.

Ahora la cuestión es saber si la independencia de poderes en Colombia, que se está evidenciando en trabas que está enfrentando el Gobierno para sacar adelante sus planes, y que se puede ver como bloqueo institucional, es positiva o negativa.

Ahí ya hay unas preguntas sobre el deber ser y sobre la realidad, dice Riveros. “El deber ser es que la sociedad debe crear, construir una acción colectiva, cooperativa, que haga que el sistema de controles funcione, pero que no derive en un bloqueo institucional”. En la realidad, explicó, todos quiere consensos frente a sus propias posiciones sin diálogo, con egos y determinaciones radicales.

Por eso hay que ceder: “Me parece que la sociedad colombiana en este momento está en ese pantano. La responsabilidad es justamente tratar de que rompamos esa dinámica. Esa dinámica les sirve a sectores políticos, pero no le sirve a la sociedad en general”.

Quince meses después de la llegada de este Gobierno, no hay cooperación entre las partes opuestas; algo que debe primar ante las ganas de oposición. Con ese diagnóstico de Héctor Riveros, “si no asumimos una actitud cooperativa, para provocar las transformaciones que la sociedad requiere, y no para impedirlas, vamos a tener dificultades en las próximas décadas”.

Sin embargo, al cierre de su charla, hizo un llamado a la tranquilidad pues, insistió, realmente hay un sistema institucional que sigue funcionando. “La independencia del poder judicial es el gran patrimonio del sistema institucional colombiano y en eso tenemos que confiar”.

El régimen jurídico de la propiedad rural

Con el panorama y los llamados de Héctor Riveros respecto a la coyuntura política colombiana, en este mismo espacio de la agenda, se puso la lupa  sobre una preocupación más específica que ha surgido sobre la propiedad de la tierra en el Gobierno Petro.

El profesor Juan José Rodríguez, abogado especialista en derecho comercial y doctor en derecho de la universidad Externado de Colombia, dio su visión al respecto y complementado el análisis de Riveros.

Empezó también dando un parte de tranquilidad y llamando al orden justificado en que hoy existe una Corte Constitucional y una Constitución para la que es extremadamente importante el derecho de propiedad privada.

“El derecho de propiedad, junto con la libertad de empresa, son los dos pilares del sistema económico-político”; en ese sentido, si un gobierno quiere actuar sobre esos derechos, debe cambiar el sistema, pues debe tener claro que “la Constitución tiene como parámetro fundamental el derecho de propiedad privada”.

En esa misma línea el profesor Rodríguez recordó que “tanto le importa a la Constitución el derecho de propiedad, que está llena de reglas sobre esto y sobre los bienes. Casi que el constituyente elevó a rango constitucional reglas que eran de rango legal”. En últimas esto indica que “hoy el derecho de propiedad no puede ser visto por fuera de la Constitución”.

Se hace entonces necesario hablar de otro concepto: la función social, de gran importancia para el sector agropecuario.

Explicó el profesor que en la Constitución de 1936 el Gobierno liberal de la época incluyó la discusión sobre si la propiedad es o cumple una función social, lo que ha llevado a interpretaciones que han impulsado a prescindir de los derechos del propietario. “Quien piense así está totalmente equivocado porque la propiedad está al servicio del titular; pero está al servicio del titular de acuerdo con la naturaleza del bien”.

Para el 2017, como resultado de los Acuerdo de Paz, surgió el Acto Legislativo que ordena el acceso a la tierra para reforma agraria. Sobre esto, y partiendo del preámbulo sobre la función social, el profesor Rodríguez recordó que la Constitución sigue teniendo reglas frente al acceso a la propiedad individual, colectiva, los campesinos y acceso a la tierra.

“Esto significa que la propiedad privada rural hay que explotarla y eso no es nuevo. Lo tenemos desde el año 36 con la conocida Ley de Tierras, la Ley 200 (…) Pero ojo: es la ley la que define el alcance de esa función social y es por ese concepto de función social que a mí no me puede decir una entidad de Gobierno, que siembre papa en lugar de yuca o plátano en vez de flores”.

Para el experto, la evolución o desarrollo del concepto de función social, así como el concepto de función ecológica, le corresponden es entonces al Legislador.

Pero Juan José Rodríguez puso también sobre la mesa, como tercer elemento de su charla, el concepto de reserva legal.

“Toda afectación, modificación, alteración del derecho de propiedad privada, requiere la intervención del Congreso de la República. Eso, en el discurso que maneja el doctor Héctor Riveros, es una garantía para todos porque es el Congreso quien nos representa a todos y es en el Congreso donde se hacen los controles sobre eso”.

En cuarto lugar, el doctor en derecho consideró problemático en este asunto de propiedad de la tierra, la falta de continuidad en políticas públicas que hace que cada gobierno llegue con propuestas para sumar, como sucede con todos los Planes Nacionales de Desarrollo y las discusiones sobre baldíos.

“Desde el año 36 está definido qué es y qué no es un baldío, y había dos tesis, la objetiva y la subjetiva. ¿y a dónde tuvimos que llegar? A que 80 años después se expidiera una sentencia de la Corte Constitucional para unificar los conceptos”.

Para todo esto, el profesor recuerda que hay varios controles como el social, el político, el judicial, y sobre este último dice: “la garantía del sistema político está en los jueces por la autonomía y la independencia”.

Cerró reiterando sus tres mensajes: “La propiedad tiene importancia en la Constitución, tiene reserva legal en cuanto a su regulación y los jueces son garantes de los derechos que la Constitución reconoce a la propiedad privada”.