Legislativas: Van dos y quedan dos

Durante el año legislativo que termina, fueron cinco los proyectos de interés para el sector agropecuario aprobados por el Congreso y que esperan ahora sanción presidencial para convertirse en leyes de la República:

Está el proyecto de autoría del senador Silvio Carrasquilla, que establece mecanismos que favorecen la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos.

La Ley del Empleo del Adulto Mayor, de los representantes José Daniel López, Ángela Sánchez, Carlos Acosta  y Mauricio Toro, y el senador Rodrigo Lara, que busca que las empresas contraten a personas de esta población que no cuentan con pensión. Según la iniciativa, las empresas que integren al menos 2.5% del personal con mujeres mayores de cincuenta y siete años y hombres mayores de sesenta y dos, deducirán 120% de sus costos laborales.

Más de nueve representantes a la Cámara, entre quienes se encuentran César Lordy, Erwin Arias, Jaime Rodríguez Contreras y Jorge Méndez, radicaron una iniciativa que dicta normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales, entre otras disposiciones. El proyecto espera ahora la firma del presidente Iván Duque para ser ley de la República.

La bancada del Centro Democrático impulsó una iniciativa que busca promover la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables. Este proyecto, que espera la firma del presidente Duque para ser ley, surgió con el fin de crear una gran oportunidad para que las entidades territoriales, por tener participación en este tipo de proyectos, obtengan rentas frescas, modernas y crecientes en el futuro. Así mismo, para fomentar la generación de energías limpias y ampliar su participación en la matriz de generación del país, ya que hoy solo tienen una contribución de 0.97%. También para fortalecer la seguridad energética del país, reduciendo costos operacionales y teniendo responsabilidad ambiental y social.

Los senadores Lidio García, Luis Fernando Velasco, David Barguil y Mario Castaño, y el representante Juan Carlos Lozada, radicaron un proyecto que modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 del 2008 y dicta disposiciones generales de habeas data, con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países.

La Ley de Habeas Datacontempla incentivos para que los deudores se pongan al día en sus obligaciones, estableciendo un régimen de transición por doce meses, que inician a partir de la entrada en vigencia de la misma. Así, las personas podrán extinguir sus obligaciones, y el reporte negativo en bases de datos en maximo seis meses, término a partir del cual será retirado automáticamente.

Esta Ley beneficiará a las personas que tengan clasificación mipyme, del sector turismo, pequeños productores del sector agropecuario o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes, a quienes el dato negativo les será retirado inmediatamente de los bancos de datos.

Así fue el segundo año de legislatura en la Comisión V, tanto de Cámara como de Senado.

En Cámara

Rubén Darío Molano, presidente de la Comisión V de la Cámara de Representantes

Según el balance que entrega el representante Rubén Darío Molano, presidente de la Comisión V de la Cámara de Representantes, durante este segundo año de legislatura en la Comisión que trata los asuntos agropecuarios, mineros y medioambientales del país, fueron presentados veintiocho proyectos de ley, de los cuales doce fueron aprobados, once archivados y cinco retirados.

Molano asegura que la pandemia de la covid-19 no fue un impedimento para que la Comisión que preside continuara con su trabajo; por el contrario, destacó las ventajas de esta“reinvención obligatoria”:

“Quiero destacar el uso de la tecnología y la virtualidad para no detener nuestro trabajo legislativo en medio de la pandemia que actualmente padece el país y el mundo. Se llevaron a cabo veinticinco sesiones virtuales certificadas, y aunque se presentaron los percances técnicos, debo reconocer aspectos positivos de esta medida como: la puntualidad de los integrantes de la Comisión, la participación activa de todos los sectores políticos, las garantías en el debate, la pluralidad en el discernimiento, y el compromiso de los principales funcionarios del gobierno nacional para asistir a los debates”, dijo el representante del Centro Democrático.            

Rubén Darío Molano destacó el Proyecto de Ley que reforma a las corporaciones autónomas regionales, del que dijo que es una “iniciativa transcendental en materia de trasparencia y lucha contra la corrupción”, así mismo, la Ley de Incentivo al uso de la Guadua y el Bambú, la ley por el cual se protege la producción agropecuaria, y la iniciativa que adjudica terrenos baldíos a pobladores rurales de escasos recursos.

Para el congresista, uno de los aspectos más relevantes del año que termina es la sanción por parte del presidente Iván Duque de la ley de Incentivo a la Producción Panelera, que otorga beneficios a los trapiches paneleros de economía campesina, que son aquellos con capacidad productiva igual o menor a 3 toneladas de caña por hora y que cumplan con el pago de la Cuota de Fomento Panelero, ya sean de extracción campesina o étnica. Se estima que esta ley beneficiará a 350 mil familias.

Adicionalmente, la Comisión V de la Cámara adelantó cuarenta y cuatro actividades legislativas, entre las que se destacan, tres audiencias públicas, veintidós debates de Control Político, once sesiones exclusivas de votación de proyectos y ocho sesiones informales. Solo en cuanto a funcionarios públicos se refiere, la Comisión, que preside el representante Molano, contó con la participación de cuarenta y cinco integrantes del gobierno nacional, entidades adscritas y organismos de control.

En Senado

Carlos Felipe Mejía presidente de la Comisión V del Senado.

El senador Carlos Felipe Mejía preside la Comisión V del Senado. Durante este año que termina en la célula legislativa de la Cámara Alta se radicaron treinta y tres proyectos de ley, de los cuales ocho fueron aprobados, uno retirado y veinticuatro devueltos por tránsito de legislatura, es decir, que serán presentados nuevamente porque por tiempos no lograron ser discutidos. Así mismo, la Comisión V de Senado adelantó dieciséis debates de control político, entre los que se destacan, de importancia para el sector agropecuario: la crisis de la caficultura nacional, la política agraria del gobierno nacional y los impactos del covid-19 en los distintos sectores de la economía del país.

Para Mejía esta pandemia no fue un impedimento para que los congresistas pudieran cumplir con su deber constitucional.  “En la Comisión V del Senado de la República, durante esta emergencia, hemos tenido múltiples debates en la virtualidad, no solo con la presencia de los ministros de Medio Ambiente, Agricultura y Minas y Energía, sino que la virtualidad ha permitido sesiones mucho más amplias, con los directos afectados como invitados: empresarios de los sectores petrolero y minero, y todos los gremios de la producción agrícola, para conocer cómo se han visto afectados por esta emergencia”, explicó el congresista.

Para el senador del Centro Democrático, la Comisión que preside “se ha vuelto un vehículo, un correo social para llevar a lo largo y ancho del país a todos los representantes de los diferentes estamentos de la sociedad que en estos aspectos de la Comisión V se han visto afectados”.

Según Carlos Felipe Mejía, la Comisión V “seguirá siendo el escenario para que todos los colombianos tengan un espacio de interlocución con el gobierno, para solucionar los grandes problemas por los que atraviesa el país a raíz de esta emergencia”. 

El legado

La SAC, a través de su presidente, Jorge Enrique Bedoya Vizcaya , ha insistido en las deudas históricas que tiene el Estado para con el campo colombiano, y en las necesidades de la ruralidad: vías terciarias, conectividad, dignificación y formalización del trabajador, fortalecimiento técnico de las entidades del sector, seguridad jurídica para la propiedad rural, actualización del sistema de crédito, financiamiento y riesgo, y políticas de Estado que eviten que el campo quede al vaivén del gobierno de turno, entre otras.

Para Bedoya Vizcaya,“El campo depende de la voluntad política del Congreso y del gobierno y es el momento de pensar cuál será el legado que Cámara y Senado le dejarán a la ruralidad de nuestro país”.