Los pequeños en las cadenas de valor agroindustriales

Revista Nacional de Agricultura
Edición 1034 – Marzo 2023

En la edición pasada de esta revista, recogimos apartes de un reciente libro del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, titulado Competir en la agroindustria. Estrategias empresariales y políticas públicas para los desafíos del siglo XXI, en el cual se concluye que América Latina tiene en la agroindustria y el sector de los servicios las mayores posibilidades para impulsar su desarrollo. En esta oportunidad, tomamos apartes de otro capítulo en el que se plantea el importante papel que los pequeños productores pueden desempeñar en el fortalecimiento de las cadenas de valor agroindustriales. Veamos:

En ausencia de políticas deliberadas, es muy probable que las cadenas de valor agroindustriales estén conformadas principalmente por empresas modernas –típicamente grandes y medianas–, de alta productividad e incluso verticalmente integradas. Pero es necesario lograr que el mayor número posible de pequeños productores participen en ellas, que sean inclusivas y que estén articuladas.

La participación de un número mayor de pequeños productores fortalece la articulación de la cadena, porque, por ejemplo, aumenta la oferta exportable, tanto en cantidad como en los meses del año en las que la producción local está disponible y da mayor uso a plantas de procesamiento y empaque. Ayuda también a diversificar a las partes interesadas (stakeholders), lo que aumenta la probabilidad de que las buenas políticas públicas que favorecen al sector se mantengan más allá de los gobiernos que las establecen y que se mejoren con el tiempo.

Las necesidades diferenciadas, según el tamaño del productor

Los objetivos de articular la cadena de valor y lograr la inserción de pequeños productores no requieren la misma combinación de bienes públicos o el mismo tipo de interacción con el sector privado. Por ejemplo, las grandes (o incluso medianas) empresas pueden insertarse con éxito en los mercados agroindustriales internacionales si existe un “Senasa” (servicio nacional de sanidad agraria), que funcione razonablemente bien, con mercados de exportación abiertos por las autoridades fitosanitarias y de comercio exterior, una infraestructura vial y portuaria adecuada, y cierta seguridad jurídica.

Pueden compensar la falta de investigación pública en términos de variedades óptimas para las condiciones locales, comprando variedades extranjeras (o incluso desarrollando el conocimiento in house). También pueden desarrollar internamente el manejo biológico de plagas. Además, no requieren extensionismo y con frecuencia tampoco financiación o garantías públicas, entre otros. Insertar a pequeños productores en cadenas de valor dinámicas requiere un esfuerzo de política pública deliberado y más enfocado, adicional al que necesitan las empresas más grandes. Los pequeños productores agroindustriales enfrentan problemas más agudos que el de las empresas modernas grandes o medianas para participar exitosamente en cadenas de valor dinámicas.

Los costos son particularmente altos cuando se requiere reconversión de cultivos, una decisión que conlleva riesgos, y que precisa una inversión considerable, ya que, aun si el proceso es exitoso, requiere atravesar periodos de menores ingresos antes de cosechar los frutos de la inversión. En ausencia de políticas de apoyo, la decisión ex ante óptima por parte de los pequeños productores en muchos casos es ni siquiera intentar una transición hacia cadenas dinámicas. Pero ello no siempre es consecuencia de la inhabilidad de los productores de adquirir los niveles de conocimientos y capacidades requeridos para participar en estas cadenas, sino de barreras estructurales que no han sido contrarrestadas de manera efectiva por las políticas públicas.

Los pequeños productores pueden superar este problema a través de la asociatividad (vertical u horizontal). Pero, en ausencia de políticas públicas complementarias de apoyo, esto solo involucra a un subgrupo limitado de ellos con potencial de participar en cadenas agroindustriales.

El caso Westfalia

Por ejemplo, Westfalia Fruit Perú, WFP, trabaja con pequeños productores a los que les ofrece asistencia técnica y financiamiento parcial de plantines, y les ayuda a obtener certificaciones GlobalGap. Pero trabaja solo con productores que cumplen una serie de características, pues requiere, por ejemplo, que los pequeños estén aglomerados, de manera que haya 200 toneladas anuales de aguacate disponibles en una localidad, la escala mínima para que WFP cubra los costos fijos de establecer una logística de comercialización confiable y servicios de apoyo a nivel local. Los esfuerzos de WFP se podrían potenciar con la provisión de bienes públicos tales como infraestructura de caminos rurales y de riego, programas de financiamiento público o con extensionismo o subsidios que reduzcan el costo de los servicios de asistencia técnica que brinda la empresa a sus proveedores. Esto permitiría ampliar de manera importante la red de proveedores de WFP, aumentando la inclusión de la cadena de valor.

Los pequeños necesitan apoyo para facilitar la asociatividad

Insertar a pequeños productores requiere proveer simultáneamente una serie de bienes públicos, tales como caminos, puentes, riego, acompañamiento continuo de asistencia técnica, apoyo para la obtención de certificaciones y acceso a financiamiento. También requiere apoyo para facilitar la asociatividad entre pequeños productores e incentivar la participación de empresas tractoras y comercializadoras. Si las entidades públicas no intervienen de manera simultánea, la articulación e inserción de pequeños productores será insuficiente e imperfecta.

Hacer las cadenas más inclusivas también implica apoyar a empresas tractoras, ya sea fortaleciendo o subsidiando a las existentes o proveyendo incentivos para atraer a más organizaciones de este tipo, de las cuales hay escasez. Para que este modelo escale y se integre a muchas más mypes, se requerirán políticas públicas que incentiven a que más empresas se vuelvan tractoras de cadenas de valor (por ejemplo, cubriendo parcialmente los costos del extensionismo y la transferencia tecnológica). El modelo no debería estar limitado a empresas con un énfasis especial en el capital compartido. Debe ser un negocio

En las cadenas productivas se reducen los riesgos para los pequeños

Una vez articulada la cadena de valor, el financiamiento privado se hace más viable.  Uno de los problemas de la actividad agraria tradicional es que es costosa y conlleva riesgos. La tasa de interés técnica, la que compensa a la entidad financiera los costos y riesgos del financiamiento agropecuario, es muy alta e inasequible para el pequeño productor (lo que a su vez aumenta la probabilidad de que no se repague el crédito). No hay una tasa de interés de equilibrio. Por ello, muchos productores no tienen acceso al crédito y ni siquiera lo solicitan. Por el contrario, cuando están insertados en cadenas productivas, los riesgos (productivos, tecnológicos y comerciales) decrecen. Además, los problemas de asimetrías en la información se reducen sustancialmente al trabajar con una empresa tractora que los conoce.

No solo se reducen los problemas de información asimétrica, sino también los riesgos efectivos de repago. Por ejemplo, la tractora, el pequeño productor y una entidad financiera pueden firmar un contrato por el cual la primera descuenta el monto que corresponde al repago del préstamo de la entidad financiera en el momento de liquidar al pequeño productor.

Ello no implica que no haya espacio para el financiamiento y las garantías públicas. Por ejemplo, en el caso de Kekén, firma líder en exportación de cerdo en México, los campesinos en tierras ejidales que hacen el engorde consiguen financiamiento de la banca comercial para la construcción de las granjas (que cuestan un millón de dólares). Pero Fira, un banco de desarrollo agrícola de segundo piso, provee parte de los fondos para dichos préstamos.

El éxito de las cadenas de valor depende de que se ejecuten las soluciones identificadas.

El Estado no puede hacer la tarea solo, porque no tiene la información necesaria para identificar los obstáculos que deben ser atendidos. Una estrecha colaboración público-privada es fundamental para identificar los problemas que limitan el desarrollo de un sector y sus posibles soluciones. Pero desencadenar o fortalecer la competitividad de un sector no se logra simplemente mediante diagnósticos e identificando problemas y soluciones. El éxito de las cadenas de valor depende de que se ejecuten las soluciones identificadas. Por ello, tan importante como identificar problemas y potenciales soluciones es enfocarse en la ejecución.

¿Para qué cadenas específicas se debe buscar proveer bienes públicos y resolver problemas de coordinación? ¿Quiénes deben participar en estos espacios de coordinación público-privado? Autores sugieren no predeterminar cuáles deben ser los sectores y actividades de antemano, ya que en un mundo tan cambiante aparecen oportunidades que no necesariamente se pueden prever.

Proponen lo que llaman una “arquitectura abierta”, en donde las áreas de atención de los hacedores de política vayan evolucionando a medida que aparecen nuevas oportunidades, y actores que se organicen para aprovecharlas. El mismo concepto se puede utilizar en la definición de los actores participantes en estos espacios de coordinación. Es deseable que participen empresarios con visión, representantes de gremios empresariales y pequeños productores. Esto es particularmente importante, dado el objetivo de la inclusión productiva. Por el lado público, es deseable que se incluya a representantes de todas las agencias públicas con alguna responsabilidad (directa o indirecta) en el sector o cadena de valor. Pero se deberían poder incorporar nuevos actores relevantes a los problemas cambiantes que se van enfrentando a medida que se avanza.

Una vez identificados los problemas y sus (probables) soluciones, se puede elaborar un plan de acción y asignar roles de ejecución a los distintos actores (públicos y privados) del sistema agroalimentario. Luego debe empezarse a implementar. Normalmente, se requerirá un articulador (típicamente público) que tenga el tablero de control y que lidere el día a día y monitoree la ejecución.

Los procesos de articulación e inclusión productiva son particularmente relevantes cuando se llevan a cabo por cadena de valor y requieren de un esfuerzo sostenido, así como de la acumulación de conocimiento, capacidades para resolver problemas y de confianza entre los actores en el tiempo. Sin embargo, es fundamental que con el aprendizaje de estos procesos de colaboración público-privados se vayan generando herramientas e instrumentos públicos transversales al sector agroindustrial en su con junto que permitan apalancar los esfuerzos por cadena de valor.

Estas herramientas incluyen  el  fortalecimiento  de  entidades  fitosanitarias,  fondeo  y  garantías  públicas para  el  financiamiento,  financiamiento  público  no  reembolsable  (por  ejemplo,  subsidiar parcialmente la instalación de inversión en riego tecnificado o reducir los costos del  extensionismo),  incentivos  para  fortalecer  empresas tractoras, incentivos para la asociatividad horizontal efectiva, y construcción de infraestructura pública (de riego, para mejorar conectividad, etcétera).