Revista Nacional de Agricultura
Edición 1019 – Octubre 2021
Nacida en Popayán, esta abogada y política es senadora de la República desde el 2014. Fue precandidata a la Presidencia de la República en el 2018. Ha sido columnista de varios periódicos del país. Es fundadora y directora del portal La Otra Esquina.
Hay que insistir en sacar adelante el Piso Mínimo de Protección Social. Esta iniciativa, que se frustró, no era perfecta, pero sí constituía una gran ayuda. El país no puede seguir con los ojos vendados frente a nuestra realidad cruda. No es solamente la informalidad en el campo: 80% de la mipymes también son informales, porque no somos capaces de entender la realidad de los negocios ni la realidad de las personas que trabajan. Colombia necesita políticas públicas para atender esas realidades. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo en materia pensional y en la creación de un microseguro de riesgos profesionales para que el empleador no se vea en dificultades porque un trabajador tuvo un accidente laboral.
Se necesitan políticas para suavizar las labores domésticas de la mujer del campo.
A la mujer rural h ay que ayudarla mucho, a partir de entender sus responsabilidades con relación al cuidado de los hijos, a su trabajo en la finca, a la a las labores domésticas, todo lo cual debe ser correspondido por el Estado. Un estudio de Jimena Peña, de la Universidad de los Andes, revela, por ejemplo, que la mujer campesina gasta ocho horas a la semana en el lavado de la ropa, lo que se puede solucionar con una lavadora. En cuanto a los hijos, vemos que la mujer sufre un problema muy grave: si su jornada laboral es larga, no tiene con quien dejarlos. Entonces, tenemos que profundizar las políticas para suavizar las labores domésticas, tanto en el campo como en la ciudad.
Pero, además, necesitamos que la mujer rural sea protagonista de la transformación del campo, en momentos en que las nuevas generaciones quieren abandonarlo. Pero hay que brindarle acompañamiento para sus emprendimientos, darle crédito y engranarla a un sistema productivo más grande.
Bajo ninguna circunstancia gravaré los alimentos. Desde la primera reforma tributaria me he opuesto al IVA a los alimentos. Es que el problema tributario es otro: los que deberían pagar impuestos no lo hacen, y no estoy diciendo que los ricos no cumplen con esta obligación. Hoy, los que pagan impuestos en el país, pagan un montón, pero la mayoría que debiera pagar, no lo hace. Si uno mira la tasa impositiva colombiana, encuentra que puede estar por encima de 50-60%, e incluso de 70%, en algunos casos. Pero cuando se mira el PIB, frente al recaudo colombiano, los colombianos tributamos 19.2% de este. Entonces, la gente no paga. ¿Qué hacer? Volver obligatoria la declaración de renta, con tarifa cero para los que no tienen que pagar impuesto; esto, para que podamos hacer trazabilidad y saber quiénes no están pagando. Aquí hay muy grandes que no pagan impuestos.
¿Qué haría ante el bloqueo de carreteras? Pues, allá estaría, desbloqueándolas, ojalá por las buenas; pero también por las malas, si fuere preciso. El derecho a la protesta no justifica la destrucción del derecho al trabajo, a la propiedad y a la movilidad de los colombianos. Estaré siempre dispuesta a escuchar nuevas visiones, para entender nuevas cosas, pero por las buenas. No me gusta la extorsión. No me gusta que me digan lo que debo hacer, a cambio de que no secuestren el sistema productivo nacional.
Petro dice que los legítimos propietarios de la tierra son invasores porque esta es del Estado. Al Cauca le hicieron una reforma agraria de más de 150 mil hectáreas productivas, sobre la base de que había campesinos e indígenas desposeídos. Los caucanos accedieron a eso, les pagaron las tierras con bonos del Incora, a precios irrisorios y con inflación de 20% en cinco años. Todo esto se hizo para llevarle tranquilidad social al departamento, pero no fue así. La realidad es que hoy el Cauca está dominado por cultivos ilícitos, detrás de los cuales hay estructuras criminales que secuestran a la población. En esto, el más afectado es el campesino y el indígena, porque son a sus hijos a quienes reclutan, son a sus hijas a las que violan. Los indígenas tienen tierra, pero está dedicada a los cultivos ilícitos o está improductiva, en otros casos. A ellos hay que sacarlos adelante, con mejoramiento productivo de la tierra, porque un simple título de propiedad no sirve para tener ingresos.
Y en cuanto a títulos de propiedad, me sorprendieron las declaraciones del senador Petro, según las cuales los legítimos propietarios de la tierra en Cartagena son invasores porque la tierra es del Estado y del pueblo. Y cuando va al Cauca, asegura lo mismo. Esto lo deben oír los empresarios colombianos, especialmente los del sector agropecuario. Defenderé el derecho a la propiedad.
Las CAR deben ser acompañantes de los productores. Tenemos que poder reformar las corporaciones autónomas regionales, CAR. No puedo creer que haya unas entidades secuestradas por la clase política para tener una nómina paralela. El sector ambiental debe ser serio, y las CAR no lo son. Si las vamos mantener, tienen que pasar a ser acompañantes efectivos del sector productivo, en un trabajo para amortiguar el impacto ambiental.
La alimentación escolar debe ser una oportunidad para el agro. Este tipo de contratación hay que acercarla a quien más le duela: a los padres de familia, porque cuando uno tiene a unos grandes contratistas de Bogotá para que lleven la comida a La Guajira, la profesora que la recibe no tiene a quien reclamarle si esta llegó en malas condiciones. Creo que los contratistas deben ser locales, para que todos sepan de quienes se trata, y puedan reclamarles cuando sea del caso. Por eso, con el presidente Uribe, sacamos una propuesta mía, según la cual la veeduría del PAE debe ser ejercida por los padres de familia, pues son ellos los primeros afectados, en caso de irregularidades. Pero ahora iría más allá: que los proveedores fueran los propios padres de familia, a través de compras locales. Para mí, la gran revolución educativa sería educación pública, con niños correctamente alimentados.
Nadie va invertir en el agro si hay posibilidad de que le quiten o expropien la tierra. El problema de la seguridad jurídica de las tierras en Colombia es serio, y pasa por las invasiones, las unidades familiares agropecuarias (UAF), los baldíos y la restitución. Esto hay que resolverlo porque nadie va invertir en el agro si hay posibilidad de que le quiten, le expropien la tierra o desaparezcan sus derechos de un día para otro. Pero también debe haber seguridad frente a los ordenamientos jurídico y territorial. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de ordenamiento total del territorio, porque Colombia necesita preservar lo que hay que preservar, producir donde tiene que producir y explotar donde tiene que explotar. Y todo esto debe tener unos mecanismos de compensación para que ningún municipio se sienta rico por ser turístico, ni pobre por ser minero.
No a la soberanía alimentaria, sí a la seguridad alimentaria. Yo estoy muy preocupada con este asunto, en el que he venido librando una batalla. No se puede confundir soberanía alimentaria con seguridad alimentaria. Todos estamos de acuerdo con que haya seguridad alimentaria, es decir, que los colombianos tengamos una alimentación y una nutrición adecuadas. Pero es que “soberanía alimentaria” es un término que ha acuñado la izquierda internacional para oponerse a los tratados de libre comercio, a la Organización Mundial de Comercio, OMC (en cuanto a la conveniencia del intercambio internacional), y a la gran agricultura, para que se privilegie la producción campesina. Eso plantea unos elementos muy peligrosos para el futuro de Colombia, básicamente porque si se adoptara en la Constitución Nacional el concepto de “soberanía alimentaria”, se restringirían las posibilidades de comercio internacional para el sector agropecuario.
