Proyecto minagricultura: Gobierno busca darles la mano a 140 mil productores

El gobierno nacional busca aliviar las obligaciones financieras a cerca de 140 mil pequeños y medianos productores del agro, la acuicultura, la pesca, la industria forestal y la agroindustria. Con tal fin, el pasado 20 de julio fue radicado un proyecto de ley por parte del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro.

Dos son los objetivos de esta iniciativa: de un lado, que quienes resulten beneficiados puedan normalizar su situación financiera ante el Banco Agrario o su banco intermediario, cuando se trate de obligaciones amparadas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y de otro, crear un alivio especial para ciertos deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa). En este punto es importante aclarar que un mismo productor no puede ser beneficiario de estos dos alivios.

Con la iniciativa, que se enmarca en la política de reactivación económica de la administración Duque, se busca favorecer a quienes, como consecuencia de los distintos eventos que han afectado al sector agropecuario desde el 2013, tengan sus obligaciones financieras vencidas, castigadas o siniestradas.

Entre dichas circunstancias se mencionan la caída de precios internacionales de algunos commodities(azúcar, aceite de palma, aceite de soya, maíz, café); el encarecimiento de insumos agrícolas (especialmente los agroquímicos); las afectaciones de tipo fitozoosanitario (la pudrición del cogollo, en la palma de aceite; el Huanglongbing, en los cítricos); la fiebre aftosa (en el 2018, Colombia perdió el estatus de país libre de esta enfermedad); los factores climáticos y el contrabando.

Según explicó Zea Navarro, “Se podrán hacer acuerdos de pago que incluyan descuentos a capital y condonación de intereses corriente y de mora. Además, quienes accedan a este beneficio tendrán la posibilidad de seguir con su vida crediticia”.

En cuanto al alivio especial para deudores del Fonsa, el proyecto de ley se refiere a aquellos con obligaciones al 30 de junio del 2020, las cuales podrán ser extinguidas hasta el 30 de junio del 2021, de acuerdo con las condiciones que establezca la junta directiva del citado ente. “Con este beneficio se pretende generar incentivos de pago a la cartera, para que los productores puedan terminar los procesos y acceder de nuevo al crédito”, se lee en el Artículo 3 de la iniciativa.

Se estima que el número de los deudores beneficiados con esta medida puede llegar a llegar a 56.546, cuyas obligaciones suman $210.681 millones.

Se establece que “el Fonsa asume las costas judiciales, honorarios y valores por concepto de seguro, causadas hasta el 30 de junio del 2021, respecto a los deudores que se acojan al alivio especial”.

Igualmente, el citado proyecto de ley (Artículo 5, que modifica el Artículo 36 de la Ley 16 de 1990) dice que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá una nueva clasificación de cinco categorías de productores por tamaño, la cual se basará en diversas variables que permitan una mayor ecuanimidad entre zonas y actividades productivas, y facilitar así la atención a la población más vulnerable.

Según la iniciativa, la actual clasificación hace que dos segmentos de productores no estén siendo atendidos de forma idónea: los pequeños y medianos. Si bien la mayoría de la población rural se encuentra en el rango de 284 SMMLV (valor del patrimonio que hoy define al pequeño productor), “los costos de originación y los costos fijos de las operaciones de bajo monto son unas de las principales barreras de acceso al financiamiento, pues la banca busca atender a la población menos riesgosa dentro del rango de pequeño, lo cual lleva a que la mayoría de la población rural dispersa no acceda a este servicio”.

De otra parte, esta población, que ofrece un alto potencial en el campo del emprendimiento y cuya fuente de ingreso no deriva necesariamente de la actividad agropecuaria, necesita un mayor apoyo a través de instrumentos financieros, para lo cual es necesario crear una nueva clasificación para ella.

En lo que respecta a los medianos productores –explica el proyecto–, son notorias las diferencias “entre un productor que recién acaba de superar el umbral de pequeño y los que están próximos a ser grandes, y tratarlos de la misma forma puede llevar a que los medianos más pequeños vuelvan a ser pequeños, en lugar de progresar, o a dar más estímulos de los necesarios a los que están próximos a transformarse en grandes”. Con el fin de evitar esto, se propone que “los medianos vulnerables continúen con un acompañamiento y se les evidencie las virtudes de su crecimiento, para lo cual se requiere crear un escalonamiento que suavice los impactos del cambio en las condiciones financieras de los instrumentos que reciben”. 

Exposición de motivos

Según la exposición de motivos del proyecto de ley que nos ocupa, hay, de acuerdo con el Banco Agrario, un número importante de productores (140 mil), que no han podido cumplir con sus obligaciones financieras, muchos de los cuales presentan altos niveles de morosidad, y son trece departamentos en donde se concentran 78% de los clientes con cartera vencida. Por departamentos, dichos productores se distribuyen de la siguiente manera: Antioquia, Nariño y Cundinamarca (27%), Tolima, Huila, Santander y Boyacá (30%), y el restante 43% se distribuye en los demás departamentos.

Sobre la distribución de la cartera siniestrada por actividad, tenemos que la ganadería registra el mayor nivel de morosidad (26% de los clientes), seguida por la caficultura (13%), la fruticultura (10%) y el subsector del plátano (7%).

También según el Banco Agrario, casi todos los productores potencialmente beneficiarios del alivio de obligaciones financieras son pequeños: 95.3% (de 138.046 clientes), mientras 2.4% son medianos (3.440 clientes), y 0.05% son asociaciones o agremiaciones (71 clientes).