Revista Nacional de Agricultura
Edición 1031 – Noviembre 2022
La “tormenta perfecta” para la producción de alimentos en el país podría mantenerse
hasta el primer trimestre del año 2023. Dólar alto, tasas de interés al alza y un invierno que, como lo ha dicho el Ideam, puede extenderse hasta febrero del próximo año en lo que sería el primer fenómeno de La Niña de triple inmersión en el siglo XXI, es decir, tres inviernos consecutivos.
Estos tres factores deben llevar al Gobierno nacional a fortalecer de manera inmediata y sustancial con recursos los mecanismos que tiene a la mano para mitigar su impacto en la producción de alimentos del año 2023: el subsidio a las tasas de interés a través de las Líneas Especiales de Crédito (LEC), el seguro agropecuario, y el Fondo Agropecuario de Garantías.
Es importante recordar que para producir las más de 70 millones de toneladas de alimentos que salen de nuestros campos cada año, se necesita importar más de dos millones de toneladas de fertilizantes, que nutren los suelos, y más de ocho millones de toneladas de materias primas agrícolas, que se convierten en el alimento de gallinas, pollos, peces, cerdos y vacas.
Los costos de estos insumos han subido por la crisis de las cadenas de logística de finales de 2021 y por la reprochable invasión de Rusia a Ucrania, que completa nueve meses, y que prácticamente desbarató el mercado internacional de estos productos durante lo corrido de 2022.
En las últimas semanas hemos visto variaciones en sus precios, pero no podemos confiarnos. Mientras se mantenga la invasión y el clima afecte la producción de estos insumos, particularmente de maíz y soya en países como EE.UU., Brasil y Argentina, podemos enfrentarnos a una volatilidad de los precios internacionales.
Damos la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de apoyar la mitigación del sobrecosto de algunos insumos, pero como lo dijimos desde la administración anterior, nuestra recomendación es que se concentre en un solo producto de ciclo corto y que sea uno de los que más impacte la inflación de los alimentos de los colombianos más vulnerables pues, mirando hacia adelante, mitigar el impacto del incremento de los costos de los más de dos millones de toneladas de fertilizantes y ocho millones de insumos agrícolas, requeriría muchísimos recursos que pueden desbordar la capacidad del Estado.
Más allá del comportamiento de los precios en dólares de los insumos, en el caso de Colombia hay que sumarle el comportamiento de la tasa de cambio, pues en lo corrido del año, tomando datos de la TRM del Banco de la República, el peso se ha devaluado 20,8 %, pasando de $3.981 el 1 de enero, a $4.809 el 30 de noviembre, cuando se escribió esta columna.
Las coberturas cambiarias y la información pública en tiempo real del observatorio de insumos, creado bajo el mecanismo de libertad vigilada, son herramientas que deben tener un impacto particularmente en los pequeños y medianos productores.
El Banco de la República, en el marco de la independencia que le brinda la Constitución, y en respuesta al comportamiento de la inflación, ha incrementado este año siete veces las tasas de interés, pasando del 4 % el 31 de enero, al 11 %, el nivel máximo, el 31 de octubre, lo cual se traduce en el encarecimiento del costo del crédito para la economía.
El agro no es ajeno a este encarecimiento, razón por la cual reiteramos la invitación al Gobierno nacional a que destine cuantiosos recurso al subsidio a las tasas de interés, a través de las LEC que tiene Finagro. Se necesita también crédito barato para enfrentar esta “tormenta perfecta”.
Cuando hay exceso de lluvias aparecen enfermedades, se reduce la productividad por hectárea, hay inundaciones que pueden acabar con cultivos, animales y vías terciarias. En este último caso, eso significa un incremento en el tiempo y en los costos de transporte.
Y como si todo esto fuera poco, las lluvias dificultan o pueden imposibilitar en algunos casos que se realicen las labores de preparación de las tierras cultivables del país para las siguientes siembras. En función de la magnitud y duración del fenómeno invernal que expone el Ideam, se podría complicar aún más la expectativa de producción para el primer semestre de 2023.
Es necesario que el Gobierno fortalezca sustancialmente los recursos del programa de Incentivo al Seguro Agropecuario para el que este año se destinaron $73.280 millones que, según Finagro, han alcanzado a cubrir solamente 164.462 hectáreas y 48.585 animales. Desde 2017 la SAC ha insistido en fortalecer año a año presupuestalmente este mecanismo.
A esto hay que sumarle la necesidad de implementar el seguro paramétrico y una mayor competencia en el mercado de seguros para el agro.
Con la complejidad que representan las variables anteriores, hay que estar preparados para que se presenten problemas de siniestralidad de créditos agropecuarios, para lo cual el Fondo Agropecuario de Garantías y el cuidado en la originación de créditos por parte del Banco Agrario, deben ser una constante de la estrategia de Gobierno nacional.
La “tormenta perfecta” responde a factores casi incontrolables. Por fortuna, el Gobierno cuenta con mecanismos para enfrentarla. Ahora, se requiere decisión política y chequera.
